Los vacíos legales canadienses favorecen la violación de los derechos humanos en países extranjeros pues las prácticas que sus empresas mineras tienen en el extranjero carecen de responsabilidad social y ambiental, propician el desplazo de las poblaciones marginadas, corrompen a los gobiernos locales y contaminan el medio ambiente
El gobierno de Canadá apoya al sector extractivo a pesar de las constantes violaciones a los derechos humanos de las poblaciones en cuyos territorios operan los proyectos. A diferencia de otros países desarrollados, éste no cuenta con una sola ley que sancione las prácticas comerciales de sus compañías, aunque éstas ocasionan desastres ecológicos.
Las prácticas que sus mineras tienen en el extranjero carecen de responsabilidad social y ambiental, por lo que no sólo propician el desplazo de las poblaciones marginadas, sino que, además, corrompen a los gobiernos locales y contaminan el medio ambiente.
Los datos duros son alarmantes si se considera que el 74 por ciento de las concesiones para exploración minera en México son canadienses. Según datos del informe denominado “Instituto Fraser” —que retoma el portal Sin Embargo—, estas empresas mineras cuentan con privilegios políticos, económicos y jurídicos que favorecen la violación de los derechos humanos en países extranjeros.
Las víctimas señalan a sus gobiernos locales por la falta de protección y lo permisivos que han sido con las empresas canadienses; por ello, más de 180 organizaciones de América Latina y otros países han solicitado desde abril de 2016 al primer ministro, Justin Trudeau, regular el comportamiento voraz y represivo de las compañías mineras canadienses en el extranjero.
Sorprende que de ser el impulsor de la Reforma c300 que buscaba sancionar legalmente a las compañías que incurrieran en actos ilícitos en otros países, el también maestro en Geografía Medioambiental no haya sido capaz de sacarla de “la congeladora”, luego que los conservadores durante el gobierno de Stephen Harper la rechazaran.
En su reciente visita a México su silencio sobre el tema fue criticado. No habló del despojo y las violaciones cometidas por mineras canadienses en territorio mexicano, ni de las peticiones que organizaciones internacionales le han hecho para regular los abusos en África y América Latina.
El carisma, los valores progresistas y humanitarios del primer ministro contrastan con la falta de responsabilidad social y ambiental que se le adjudica en México por las más de 17 mineras canadienses que, según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, han sido registradas por daño a comunidades mexicanas.
The New York Times señala que entre el 3 y 3.5 por ciento del PIB en Canadá es aportado por la industria minera y que el 65 por ciento de estos activos, se localizan fuera del territorio.
Según datos de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, las empresas canadienses operan 65 por ciento o más de 850 proyectos que se encuentran en fase de exploración, desarrollo y explotación en México; y de acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, al menos 17 mineras canadienses han dañado a comunidades mexicanas en 37 casos que incluyen tres asesinatos y amenazas contra ejidatarios.
Organizaciones civiles nacionales y extranjeras coinciden en que, el fortalecimiento de los lazos comerciales entre México y Canadá, significa una derrota para los pueblos y comunidades indígenas cuyos derechos son violentados por la extracción de oro, plata, titanio, bario, hierro y antimonio.
De acuerdo con el informe “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá” (elaborado por 30 organizaciones civiles y que se presentó en 2014 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), las actividades mineras propician el despojo y desplazamiento forzado de los legítimos propietarios mexicanos y cuando estos intentan defender sus derechos, las propias empresas los niegan de manera directa o a través de sus estructuras de fuerza ilegales.
El Observatorio de Conflictos Mineros detectó 37 disputas en territorio nacional con mineras, de las cuales 17 empresas de Canadá destacan en 19 de ellos y de esas dos, corresponden a Chiapas.
Sin embargo, la página de la Secretaría de Economía, con información del Servicio Geológico Nacional (SGN), señala que de los siete proyectos mineros en Chiapas ninguno ha sido cancelado.
Dos están en fase de exploración; y los cinco restantes, en postergación aunque su concesionaria, Blackfire, aparece como “salió del país”.
La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad-Nodo Chiapas denunció que el porcentaje de territorio concesionado a la minería dentro del estado aumentó del 2.85 al 15.96 por ciento entre el 2009 y 2013. Los datos de Geoinfomex revelaron que en ese periodo de cuatro años, se pasó de tener concesionada una extensión de 200 mil 400 hectáreas, a un millón 460 mil 740 hectáreas en 2015 destinadas para tal fin.
Para Canadá, México es el segundo país más importante —después de Estados Unidos— para las empresas mineras que operan en el mundo, toda vez que el 11.3 por ciento de éstas se encuentran adscritas aquí; la actividad minera en la República mexicana ha registrado una caída a raíz de la baja demanda por parte de China.
En la actualidad, según el portal Sin Embargo, representa el 3 por ciento del PIB nacional, emplea de forma directa a 345 mil trabajadores, siendo Sonora el estado líder en producción y sus principales destinos de exportación son Estados Unidos y China.
Dichas operaciones se realizan sin supervisión de los organismos encargados de medir el impacto ambiental de los megaproyectos mineros en la zona, lo cual ya ha generado graves consecuencias para la salud de los habitantes de la región.
Impunidad Cero destaca que en Chiapas, las mujeres embarazadas parían bebés que nacían ya con heridas en la piel; mientras que en el municipio de Escuintla se reportan índices más altos de cáncer y destaca que al momento, no existen estudios toxicológicos ni un reconocimiento de las afectaciones por la extracción de titanio, lo que imposibilita que exista un tratamiento adecuado para el tratamiento de dichas enfermedades.
Con la intención de frenar los abusos y el contagio de enfermedades en las zonas mineras, las organizaciones civiles internacionales han propuesto al primer ministro de Canadá crear una legislación que exija a las empresas responder por las afectaciones causadas extraterritorialmente con sus actuaciones, así como una política de prevención que busque evitar que esas afectaciones se reproduzcan.
Además, proponen el rediseño de los mecanismos de responsabilidad nacional e internacional de empresas y del propio Estado de Canadá, con el fin de respetar y garantizar los derechos humanos por parte de los Estados de origen de las empresas transnacionales.
Los discursos ambientalistas, a favor del aborto, el matrimonio igualitario y los derechos de pueblos indígenas de Justin Trudeau se quedan huecos ante la inoperancia durante sus dos años de gestión por acatar las peticiones de organizaciones para regular el despojo y las violaciones cometidas por mineras canadienses a los países latinoamericanos y, desde luego, a México.
