Ninguna de las partes cedió en sus posiciones. La Corporación se mantuvo firme en su petición de que Julio Ponce ceda el control de la compañía, cuestión sobre la cual la minera estableció formalmente no estar disponible. Al no haber conciliación, ahora es el árbitro Héctor Humeres quien debe definir si se pone término anticipado a los contratos que tiene SQM con Corfo para explotar el litio en el Salar de Atacama. Igualmente en la estatal hay confianza de que sus operaciones no podrán extenderse más allá de 2023.
Pasadas las 17 horas de ayer terminó la audiencia de conciliación convocada por el árbitro Héctor Humeres, sin acuerdo entre Corfo y SQM, tal como se preveía.
La Corfo se mantuvo firme en cuanto a las condiciones exigidas a la minera para resolver este largo conflicto, sin embargo, SQM le comunicó no estar disponible para cumplirlas.
Así lo detalló ayer Eduardo Bitran, vicepresidente ejecutivo de la Corporación, quien tras acudir a la audiencia en la Cámara de Comercio de Santiago abordó el tema en el edificio de la estatal: “Quiero informar que no hay conciliación entre Corfo y Soquimich, y por tanto mantenemos nuestra exigencia inicial de devolución anticipada del Salar de Atacama por parte de la empresa. Esperamos que el Tribunal acoja nuestras pretensiones poniendo término anticipado a los contratos. En caso contrario, la cuota de litio autorizada originalmente para SQM se extinguirá completamente a más tardar el año 2023, según la extracción proyectada”, dijo.
Es que ahora el asunto descansa en el fallo que debe resolver Humeres, quien ya con los distintos antecedentes que han entregado ambas partes, debe resolver si los incumplimientos en que habría incurrido la minera respecto de sus operaciones en el Salar de Atacama son infracciones que ameritan un término anticipado de los contratos con Corfo.
Este fallo debería conocerse dentro de los próximos 30 días, según fuentes informadas. Sin embargo, más allá de lo que resuelva Humeres, en la Corfo tienen la visión de que un eventual fallo desfavorable dejaría a la minera operando en el salar igualmente por un corto período, hasta 2023, considerando que no se le renovarían los permisos de extracción, no solo por los incumplimientos medioambientales que habría cometido en sus operaciones, tampoco por los derechos mineros que se habría apropiado y que la Corfo enfatiza son suyos, sino por su manchado historial en la arena política.
“El restablecimiento de la confianza de la ciudadanía en las instituciones de la República, las empresas y la política, requiere que el interés legítimo de desarrollo económico, sea acompañado de un estándar ético que le dé sentido a la acción pública y legitimidad a la actividad empresarial”, fueron las palabras con que Bitran finalizó ayer su comunicado.
Es que, a juicio del vicepresidente ejecutivo de Corfo, lo anterior es fundamental para restablecer confianzas con la empresa, pues entre las varias condiciones que puso Bitran estaba la pérdida de control de Julio Ponce, el principal accionista de SQM.
“Corfo ha insistido en producir una mejora significativa en el gobierno corporativo de Soquimich, ya que se produjeron infracciones muy graves al contrato. En este contexto, no es sostenible transar el juicio sin generar las garantías y protecciones básicas que se están exigiendo en este ámbito. Corfo exigió un cambio real para poder establecer una relación societaria de largo plazo basada en principios de buena fe, transparencia y apego a las disposiciones legales y normas mínimas de ética en los negocios.
Estos cambios son imprescindibles para dar garantías de cumplimiento a lo acordado y el desarrollo de prácticas alineadas con los estándares de empresas globales y de la OCDE. En particular, se exigió la pérdida del voto dirimente del presidente, con lo cual se modificaría la estructura de control de la sociedad. Esta propuesta no fue aceptada (…). En la reunión que recién concluyó, Soquimich nos informó que no está disponible para cumplir con las condiciones exigidas por Corfo”, detalló la autoridad.
Trascendidos de prensa apuntaron a que Ponce habría estado dispuesto a perder el voto dirimente del directorio y así ceder el control que históricamente ha ejercido sobre la minera, pero a cambio de que el contrato vigente con Corfo se extienda hasta 2043, en circunstancias de que este vence en 2030.
En rigor, vencería en 2023, pero solo porque, sobre la base del ritmo de extracción de minerales de SQM, agotaría antes de tiempo las cuotas pactadas.
Pues bien, sobre este asunto, Bitran sostuvo: “Según trascendidos de prensa, el controlador de SQM ha exigido la extensión del contrato, sin licitación, más allá del 2030. Queremos señalar, sin ambigüedades, que esto es inaceptable, ya que no existe fundamento jurídico, económico ni de interés público que pueda justificar un trato directo entre Corfo y SQM, obviando la licitación establecida para el 2030 en el contrato vigente. Muy diferente de la situación de Albemarle, cuyo contrato no tenía fecha de término y ahora sí”.
Además de la pérdida del voto dirimente, la Corfo había exigido que SQM pague el total de comisiones adeudadas al fisco; la modificación de los contratos para aumentar las renta de arrendamiento al mismo nivel del contrato de Albemarle; la reserva del 25% de la producción para vender en Chile a eventuales interesados en agregar valor al litio; el cumplimiento irrestricto de las normas ambientales, y la restitución de derechos de agua y mineros al Estado de Chile.
Todos, asuntos que son parte de las infracciones que, según Corfo, ha cometido SQM.
Los ejecutivos de la minera no hablaron a la salida de la Cámara, sí lo hicieron a través de la web de la empresa, donde se comunicó lo siguiente: “Hoy ha concluido la etapa de conciliación de los procesos arbitrales que SQM tiene con Corfo relacionados con el Salar de Atacama. Esta etapa ha concluido sin que se haya llegado a acuerdo entre las partes, por lo que estos procesos continuarán su tramitación normal. SQM reitera su convicción de haber cumplido con sus obligaciones en su relación contractual con Corfo y mantiene su disposición a llegar a un acuerdo con Corfo, que permita generar valor para ambas partes y el país”.
Cabe recordar que esta no es la única contingencia que enfrenta SQM con las autoridades, puesto que la Superintendencia de Medio Ambiente le formuló cargos por infracciones en el Salar de Llamara, donde la empresa opera la planta Pampa Hermosa.
