"La guerra del carbón ha terminado", afirma el director de la Agencia de Protección Medioamiental.

La Administración de Donald Trump dará el martes la estocada final al plan de Barack Obama para reducir la emisión de gases de efecto invernadero en las centrales eléctricas, uno de los giros políticos radicales de la nueva Casa Blanca, que le aleja así de los objetivos del Pacto de París, del que se ha descolgado, y le acerca al votante estadounidense preocupado por el empleo en las minas de carbón. El jefe de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, en sus siglas en inglés), Scott Pruitt, avanzó este lunes que firmaría la propuesta para empezar la retirada de este programa impulsado por el Gobierno demócrata, que se consideró una hostilidad contra las regiones afectadas y se topó con muchos problemas legales.

“Este es el mensaje del presidente: la guerra del carbón ha terminado”, dijo Pruitt en un acto público celebrado precisamente en un punto caliente de esta industria, la ciudad de Hazard, en el estado de Kentucky. El objetivo de Obama consistía en una reducción de la contaminación del 32% en el horizonte de 2030, con respecto a los niveles de 2005, algo que afectaba a 1.600 plantas en todo el país. Las más contaminantes hubiesen tenido que cerrar.

La medida, presentada en 2015 y de envergadura histórica, le acarreó un duro castigo electoral en las presidenciales del pasado noviembre y todo un rosario de pleitos por parte estados republicanos que llevaron al Tribunal Supremo a suspender su aplicación mientras el asunto se resolvía en los tribunales.

Una debilidad legal del plan de Obama consiste en que daba por hecho que las plantas eléctricas afectadas debían sustituir el carbón por energías limpias como la eólica buscando suministros en otras instalaciones. El argumento que sus detractores usaron en los tribunales estriba en que la EPA solamente puede exigir a las centrales medidas de reducción de la contaminación que puedan adoptarse en las mismas centrales.

El equipo de Trump también apela a la legalidad para tumbar el plan, aunque su decisión va mucho más allá de los tecnicismos. Muy escéptico del calentamiento global, una seña de identidad de la Administración del republicano es la vocación de acabar con la política de Obama en la lucha contra el cambio climático, no solo con el adiós al Pacto de París , sino situando al frente a de la EPA a un hombre como Pruitt, que no cree en la contribución del hombre este fenómeno y que, como fiscal de Oklahoma, había bloqueado en los tribunales las regulaciones de Obama para luchar contra el calentamiento global.

"El anterior Gobierno utilizaba sin remordimientos cada parcela de poder para que la EPA creara a ganadores y perdedores y decidiera cómo se genera electricidad en este país. Eso está mal", dijo Pruitt este lunes.

La actividad de las centrales eléctricas que utilizan el gas o el carbón supone alrededor de un tercio de las emisiones de dióxido de carbono en Estados Unidos, aunque muchas ya han comenzado un proceso de abandono de energías fósiles. La regulación de Obama, según los datos facilitados en su día, acarrearía un coste de 9.600 millones de dólares, pero reportaría entre 37.000 y 90.000 millones de dólares en beneficios a largo plazo.

La nueva Administración debe ahora presentar su propia hoja de ruta, cómo quiere que sea su modelo energético para el siglo XXI.