El ex ministro Felipe Bulnes fue contratado por Corfo para negociar, en paralelo al juicio arbitral que tienen con SQM por el Salar de Atacama, la pérdida de control de Ponce. Sin embargo, la venta de Potash lo complicó todo.
Es como un trompo que tiene tres cuerdas, y si uno suelta una, deja de girar. Así describen lo que por estos días ocurre en las negociaciones entre Corfo y SQM por la operación en el Salar de Atacama. Aunque hasta ahora solo se conocía del conflicto llevado en un juicio arbitral, hace un mes y medio se inició una negociación paralela, liderada por el ex ministro de Justicia y Educación Felipe Bulnes, que representa a la estatal en conversaciones directas con Sebastián Oddó, abogado de las sociedades cascadas de Julio Ponce. La meta de Bulnes es una sola: despejar el camino para que se cumpla la exigencia de Eduardo Bitran: que Ponce pierda el control para llegar a acuerdo.
Se trata de dos procesos paralelos individuales, con dos equipos legales separados, pero con resultados absolutamente vinculantes. Y es en la conversación a través de emisarios de Bitran y Ponce donde se centran las fichas para lograr humo blanco, ya que si Ponce no cede en dejar el control de la compañía, Corfo no mejorará el contrato con SQM, lo que podría obligar a la minera a producir hasta 2022, y quedarse hasta 2030 sin sacar litio del Salar de Atacama, negocio que representa el 60% de los ingresos brutos de la firma.
Aunque en las diversas declaraciones a la prensa Bitran ha pedido que Ponce salga del control, ahora, tras un mes y medio de negociaciones entre Bulnes y Oddó, el escenario parece más allanado y vender no es la única opción. Hay otras alternativas y piezas más fáciles de mover para llegar a buen puerto.
Altas fuentes conocedoras de las tratativas dicen que la postura que representa Bulnes incluye una decena de opciones para que Ponce pierda el control. Por ejemplo, una de las formas es que el presidente del directorio de SQM pierda el voto dirimente. Esto actualmente está en aplicación, luego del acuerdo al que llegaron las cascadas y Potash Corp., el otro accionista de SQM para coadministrar la firma y evitar los constantes e históricos roces en el directorio. El problema -para Corfo- es que el acuerdo que firmaron las cascadas y Potash -que implica la renuncia al poder dirimente del presidente- dura solo tres años. La petición de Corfo es que quede escrito para siempre.
Otra de las alternativas que estaría dispuesta Corfo a aceptar es que se termine el acuerdo entre Ponce y la japonesa Kowa, suscrito en 2006, con el que, virtualmente, las cascadas controlan la compañía. En diversas entrevistas, Bitran ha dicho que lo considera ilegal.
Hacer un swap de acciones SQM clase A por clase B también podría ser una opción para que Ponce deje el control. Incluso, podría aplicarse la figura norteamericana del sunset close, que obliga a un accionista a perder parte del poder político, pero no el económico en su compañía. En estas opciones, Bitran ha sido asesorado gratuitamente por un centro de gobierno corporativo de una prestigiosa universidad de Estados Unidos, y Bulnes se ha encargado de darles forma a las alternativas y tender los puentes con Ponce.
La confianza depositada por la Corfo en Bulnes no viene de la nada ni es nueva. El ex ministro fue el asesor de la estatal en la firma del último contrato con Albemarle (ex Rockwood) en el Salar de Atacama. Su capacidad para entender el valor estratégico de los activos del Estado y ser un hombre cercano a Sebastián Piñera y a la derecha le dio las garantías que Bitran necesitaba para poder demostrar que estaba haciendo estas negociaciones por el bien del país y no por una rencilla personal con Ponce.
Cercanos a Bitran señalan que está dispuesto a pagar el costo político de firmar la paz con SQM, pero que no lo hará gratis. Ponce debe ceder el control absoluto y total que ostentó, en la práctica, hasta inicios de este año.
Ese objetivo no es fácil, pero los suculentos beneficios que significan para SQM y para sus accionistas podrían hacerlo dar un paso en esa dirección.
Sin embargo, la reciente noticia de que la autoridad india obligaría a Potash a vender el 32% sus acciones en SQM complicó las cosas. El plan original de Ponce y Rafael Guilisasti -presidente de las cascadas- de que se vendieran acciones para disminuir la deuda de las sociedades y hacer expedito un acuerdo con la Corfo, se complicó, ya que se abrió un nuevo poder vendedor. Si a Potash no le queda otra opción que vender su 32%, complica la venta de un paquete de Ponce, con lo cual un eventual acuerdo con Corfo se cae.
La otra vía de negociaciones, la directa entre Corfo y SQM en el juicio arbitral, avanza de manera más expedita, sobre todo porque la etapa de conciliación y los plazos apuran y porque SQM ha mostrado la mejor disposición.
Las conversaciones se han centrado, literalmente, en la esquina de Apoquindo con Gertrudis Echeñique. Es en esa intersección de Las Condes, en edificios enfrentados, donde tienen las oficinas los estudios ‘Vargas Orchard Reyes del Valle & Asociados’ y ‘Claro y Compañía’. En este último, Nicolás Luco y José María Eyzaguirre García de la Huerta representan los intereses de SQM. Este mismo estudio ha sido el bufete de cabecera de los canadienses Potash, por lo que daría las garantías de su desvinculación con la figura siempre presente de Ponce.
En tanto, Ignacio Vargas y Alejandro Reyes han sido los abogados externos de Corfo, equipo al que además se suma el fiscal del organismo público, Pablo Lagos. Es en esta oficina -piso 16 de Apoquindo 3669, justo en frente de Claro y Cía.-donde se han realizado cada una de las negociaciones para destrabar un acuerdo en las conciliaciones.
Hasta ahora, prácticamente todos los puntos que integran la negociación han sido aceptados por SQM. Así, por ejemplo, ya se estipuló que el “desde” es pagar las rentas adeudadas, que fueron las que gatillaron el conflicto entre Corfo y SQM, en 2013, cuando el organismo era dirigido por Hernán Cheyre, y una auditoría evidenció que la minera no había pagado de manera correcta las rentas por su operación. A través del proceso de conciliación, SQM ofreció pagar US$ 17 millones y sentarse a modificar el actual contrato, pero el consejo directivo de Corfo no aceptó la oferta, lo que gatilló el juicio arbitral actual. El monto, si es que se mantienen los US$ 17 millones o se aumenta, aún está por definir.
Otro punto que ya tiene el acuerdo de ambas partes es homogenizar las condiciones tributarias que tiene SQM en el salar con su competidor, Albemarle. Actualmente, Soqui paga una tasa de 6,8% de sus ventas, y el objetivo es aumentarla hasta 40%, lo que dependerá del precio de venta del litio.
Asimismo, Corfo quiere tener acceso a toda la información de manera transparente y eficaz, para saber en cuánto se está vendiendo el litio del salar y poder cobrar el royalty adecuado. De hecho, ya se acordó que habrá una auditoría externa que informe a la Corfo que el contrato se está cumpliendo. Asimismo, se concordó que habrá un monitoreo en línea y de un interventor, que certifique que el cumplimiento ambiental es el óptimo. Además, Corfo solicitó que las concesiones mineras y derechos de aguas pedidos por SQM sean desistidos.
Pero hay una condición en particular que podría ser inédita. Corfo exigió que SQM Salar, la filial de SQM y con la cual tienen el contrato de sociedad, arriendo y proyecto en el Salar de Atacama, incorpore a su directorio a por lo menos dos directores independientes. Actualmente, la mesa es presidida por Patricio de Solminihac, también gerente general de SQM, e integrada por Ricardo Ramos, Daniel Jiménez, Carlos Díaz y Juan Carlos Barrera, todos altos ejecutivos de SQM. Lo que busca Corfo es que al menos dos de esos integrantes den garantías de independencia e integren un comité que supervise el correcto funcionamiento del contrato y su relación con el Estado. Aunque Corfo no va a visar los nombres, sí habrá una conversación para la nominación, y los nombres deben cumplir un listado de requisitos de independencia descritos en el artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas.
A cambio de la exigencia de estos requisitos, Corfo dará las condiciones para que se aumente la cuota de explotación a SQM, y que alcance a operar en el salar hasta 2030, ya que con el actual escenario y con la demanda mundial a cuestas, el límite que la compañía puede extraer podría alcanzarse en 2022. Una de las definiciones que no están en discusión es que el 2030 sí o sí se acaba el contrato, porque Corfo no está dispuesto a aumentar la concesión. Será en esa fecha cuando las autoridades de la época determinen qué proceso se empleará para licitar la operación del Salar de Atacama.
El próximo viernes, los abogados de Corfo y SQM se reunirán con el árbitro Héctor Humeres en una nueva cita de conciliación. Ese día, ambas partes podrían llegar con un acuerdo bajo el brazo, y esa es la apuesta de los equipos. Sin embargo, para dar el veredicto final, todo dependerá de si la Corfo logra cerrar un acuerdo con la pérdida de control de Ponce, lo que no es tan fácil que ocurra esta semana.
Eso sí, la recta final no será fácil ni breve. Si se firmara un acuerdo, éste debe obtener la venia del consejo de la Corfo, un órgano político compuesto, además de Bitran, por el ministro de Economía Jorge Rodríguez Grossi, el canciller Heraldo Muñoz, el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, su par de Agricultura, Carlos Furche, y el consejero Gastón Lewin, quien reemplazó a Rafael Guilisasti tras emigrar a la presidencia, justamente, de las cascadas de SQM. El último integrante del consejo es el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza. Algunos dudan que este último esté dispuesto a aprobar un acuerdo por su militancia en el Partido Comunista, tienda que ha pedido que se estatice el litio y se deje de hacer negocios con SQM. En todo caso, el acuerdo necesita mayoría simple para ser aprobado.
Si pasa esa aprobación, el contrato luego debe ir a la Comisión Chilena de Energía Nuclear, para que se aumente la cuota de explotación de litio; pasar por la Contraloría General de la República y ser revisado por el Consejo de Defensa del Estado.
Y todo ocurrirá en medio de la campaña electoral, lo que, según algunos cercanos al gobierno, podría enredar las cosas. En todo caso, habría sido desde La Moneda que dieron la orden de llegar a un acuerdo beneficioso para el Fisco. Los cálculos indican que solo en impuestos, un nuevo contrato con SQM significaría hasta US$ 1.000 millones anuales.
