ISABEL ALLENDE

.

Las recientes declaraciones del Contralor General de la República respecto de Codelco hacen necesario un llamado a tener en mente cuál es el contexto en el cual se desenvuelve el debate. La minería del cobre es de enorme importancia en la producción de ingresos fiscales. Además, genera alrededor de un millón de empleos directos e indirectos, lo que conlleva una significativa demanda de profesionales y técnicos de alta calificación académica. Difícilmente podríamos tener como país las capacidades técnicas y profesionales si no tuviéramos la minería del cobre.

Codelco es un lujo para la minería chilena en el mundo. Representa el holding chileno en el mercado global del cobre, que aporta a nuestra imagen, mostrándole al resto de las naciones que Chile es un país serio y capaz de relacionarse con inversionistas extranjeros, sin nepotismo como se da en otros Estados.

Las proyecciones futuras de reservas disponibles, indican que CODELCO puede seguir aportando recursos a la nación, al menos, por los siguientes 70 años. En consecuencia, ha sido y seguirá siendo una empresa estratégica y componente clave del principal sector de la economía chilena.

Pero el Estado chileno debe ser un mejor dueño para Codelco. No perdamos de vista la mala práctica del pasado, especialmente del gobierno anterior, de no invertir en la empresa. Afortunadamente, el actual gobierno fue estratégico al tomar la decisión de realizar una capitalización. Sin embargo, la capitalización no sanea financieramente del todo a le empresa ni es la solución definitiva al fortalecimiento que necesita.

Chile debe proponerse seguir siendo el principal productor de cobre del mundo y para ello necesitamos un Codelco fuerte, que pueda competir contra las empresas privadas de igual a igual, con libertad operativa.

Pero este modelo de desarrollo se deteriora si no resguardamos la libertad operativa que Codelco necesita. Se deteriora también la imagen internacional de Chile frente a los inversionistas si disminuimos a la institución con la manera en que se está dando el debate sobre las facultades de fiscalización de Contraloría sobre la minera estatal. Chile, de cara sus negocios e inversiones, necesita mayores grados de sobriedad, responsabilidad y rigor en este debate.

Es fundamental velar por un mejor control de gestión, probidad, transparencia y combate de la corrupción. Esto se ha logrado a través del nuevo gobierno corporativo de la minera estatal, el cual ha recibido reconocimiento internacional en temas de transparencia y estándares éticos. En ningún caso se han cuestionado las facultades de fiscalización de Contraloría. Sin embargo, si la fiscalización que ejerce Contraloría entra a cuestionar en el mérito técnico de las decisiones operativas de empresas estatales, la compañía pierde la competividad que necesita.

Codelco es un activo muy importante que pertenece a todas y todos los chilenos, por lo cual es de máxima importancia mantener el liderazgo que esta empresa tiene y asegurar su proyección futura en el mercado.

Es justamente dada su importancia y rol estratégico que el Estado de Chile ha invertido en la modernización de su estatuto orgánico, la reforma a sus normas de gobierno corporativo y su reciente capitalización extraordinaria.

 Jorge Rosales Salas*

Según ciertos especialistas, el crecimiento de 3,9% del gasto público no es prudente dado que, según el Banco Central, el crecimiento no debería superar el 3% si se quiere tener una economía con equilibrio macroeconómico.

El domingo 1 de octubre, la Presidenta Michelle Bachelet realizó el anuncio respecto del Presupuesto 2018. Esta propuesta estuvo influida, según dijo, por una economía en

recuperación, sostenida por el repunte del empleo asalariado y de las remuneraciones de los trabajadores, en el renovado interés de los inversionistas, en el alza sostenida de la confianza de consumidores y empresarios respecto al futuro del país, y en el fuerte incremento de la bolsa que se ha visto los últimos meses.

Esto se contrapone con la visión de algunos analistas, que señalan que este Presupuesto significa un déficit fiscal de más de US$7.000 millones, y un aumento en la deuda pública que llegará a casi US$8.000 millones. Además, esta propuesta de Presupuesto se ve afectada por la pérdida en la calificación crediticia de nuestro país, debido a ciertas medidas tomadas por el actual Gobierno. 

La Presidenta estipula que según las proyecciones económicas, en 2018 se podría crecer el doble de lo que se creció en 2017, considerando el hecho de que, a pesar del menor dinamismo económico, se logró en 2017 crecer a un ritmo similar al de otros países exportadores de materias primas. Además, se trabajó en distintos frentes: se aumentó responsablemente el nivel de endeudamiento; se generaron importantes niveles de inversión pública; se tomaron decisiones para que el desarrollo no fuese tan dependiente de las materias primas; y se ha resguardado el empleo de los trabajadores. Sin embargo, la evolución positiva de la economía se podría ver muy influida por las propuestas de cambio que el próximo Gobierno impulse.

Los pasos a seguir, según la mandataria, son mantener una conducta responsable mediante la disminución del nivel del endeudamiento de Chile. Se seguirá cumpliendo la regla de reducir en 0,25% el déficit estructural, cuidando así la credibilidad de Chile, y se contribuirá a que el sector privado tenga acceso al financiamiento en condiciones ventajosas, lo cual da más fuerza a la reactivación. Además, el Presupuesto contempla un aumento de 3,9 % en el gasto público. Con una importante inversión pública, especialmente en áreas estratégicas o que se complementan con la inversión privada y la impulsan, como por ejemplo grandes obras públicas, proyectos de concesiones u obras de vialidad. 

No obstante, según ciertos especialistas, el crecimiento de 3,9% del gasto público no es prudente dado que, según el Banco Central, el crecimiento no debería superar el 3% si se quiere tener una economía con equilibrio macroeconómico. La economía chilena está creciendo menos de 2%, y el gasto público va a crecer más del doble.

En términos de educación, el Presupuesto asegurará un avance en la senda de la gratuidad. En 2018 se garantizará a los

estudiantes del 60% de las familias más vulnerables la gratuidad en su educación superior (más de 380 mil estudiantes). Además, y respecto de la carrera docente, para 2018 se han dispuesto más de $480 mil millones para que los docentes continúen mejorando sus ingresos y sus perspectivas laborales. Respecto de la Ley de Inclusión, en 2018 serán 2 millones 800 mil los estudiantes que no tendrán que pagar, es decir, 85,5% de quienes asisten a establecimientos financiados por el Estado. Por último, se generarán 70 mil nuevos cupos en educación parvularia. Esto se contrapone con lo propuesto por otros candidatos, que incorporan sistemas de meritocracia para obtener becas y que critican la cifra de 60%, argumentando que no corresponde aprobar medidas en glosas presupuestarias que duran un año.

En salud, según la mandataria, se continuará con el ambicioso plan de infraestructura. En 2018 se tendrán 20 hospitales construidos, 29 en etapa de construcción o licitación y 18 en etapa de estudio y diseño. En cuanto a la atención primaria, en marzo existirán 95 centros comunitarios de salud familiar construidos. Otros cinco centros comunitarios de salud familiar terminarán su construcción durante el primer semestre de 2018. Quedarán construidos 89 centros de salud familiar y quedarán otros 26 en obras. También habrá 56 SAPU de Alta Resolutividad construidos y 44 en construcción para

finalizar durante 2018 con 100 SAPU de Alta Resolutividad. Asimismo, se están incorporando 1.480 nuevos profesionales médicos en el sistema, y se contará con 4 mil nuevos especialistas en el sistema público. Esto se contrasta con una visión negativa planteada por varios candidatos, respecto de que la salud está en una crisis extraordinariamente grave y que la prioridad está en terminar con las listas de espera, y que critican que el actual Gobierno “en vez de 2.600 camas, entregó 660”.

Finalmente, la mandataria aseguró que se deja una importante bolsa de recursos disponibles -más de $296 mil millones- para la nueva administración. Lo cual, según algunos especialistas, es muy poco. Según ellos, normalmente se dejan cifras más generosas, considerando que el aumento en el gasto público es del orden de US$2.500 millones y menos de la quinta parte queda de libre disposición para el siguiente Gobierno.

*El autor es doctor y académico Ingeniería Comercial Universidad Bernardo O’Higgins.