BERNARDO DE MIGUEL
El conflicto de Cataluña ya había fracturado antes del 1 de octubre la convivencia dentro de la comunidad autónoma y en el conjunto de España. Tras la bronca jornada del domingo pasado, amenaza con dividir también a la Unión Europea, cada vez más forzada a tomar posición sobre un problema del que se había desentendido calificándolo como “asunto interno” de España.
El asunto interno ha cruzado ya las fronteras y resquebraja la aparente unidad de las capitales y de las instituciones comunitarias, que hasta ahora se limitaban a expresar su apoyo al orden constitucional vigente.
El agravamiento de la crisis obliga a concretar más la posición y con el detalle emergen las diferentes sensibilidades políticas que laten en cada capital y los intereses no siempre coincidentes de los Estados miembros.
Cataluña se ha convertido en arma arrojadizaentre centralistas y federalistas, entre partidarios de avanzar en la integración europea y quienes abogan por frenarla, y entre euroentusiastas y eurófobos.
La división cristalizará este miércoles en Estrasburgo, durante el debate convocado por el Parlamento Europeo con carácter de urgencia para abordar la situación en Cataluña. Pero las diferencias vienen de mucho antes, aunque empezaron a hacerse patentes tras las imágenes de la intervención policial para abortar el referéndum convocado por la Generalitat y suspendido por el Tribunal Constitucional.
El debate de Estrasburgo obliga a la Comisión Europea, presidida por Jean-Claude Juncker, a pronunciarse en el plenario sobre un tema que había esquivado con esmero para no interferir en asuntos españoles pero también para no sufrir una división interna.
Prueba de lo espinoso del asunto es que el organismo comunitario tuvo que deliberar el martes a puerta cerradas para consensuar una posición de cara al plenario, que será defendida por el vicepresidente de la Comisión, el socialista holandés Frans Timmermans.
Las negociaciones previas eran imprescindibles porque en el seno de la Comisión (28 comisarios, uno por país) conviven sensibilidades muy distintas en relación con las reivindicaciones nacionalistas, en general, y sobre el conflicto catalán, en particular.
Al igual que las principales capitales (Berlín, París o Roma), la mayoría de los comisarios se alinea con las tesis de Madrid, representadas en Bruselas por el comisario español Miguel Arias Cañete.
Pero la Comisión cuenta con miembros como el vicepresidente de Asuntos Económicos y ex primer ministro de Letonia, Valdis Dombrovskis, temido por la diplomacia española por sus simpatías hacia el nacionalismo catalán. Un nacionalismo que suele evocar la independencia de los países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) como un precedente ejemplar para sus aspiraciones de secesión.
Las cargas policiales del domingo también han enfriado el apoyo hacia el gobierno español entre los comisarios de origen nórdico o de sesgo liberal. Ninguno de ellos parece cuestionar el derecho del Estado español a impedir una ilegalidad, pero se preguntan sobre la proporcionalidad de las medidas adoptadas.
“Está claro que el gobierno español tiene razón legalmente, pero la actuación desproporcionada puede restarle legitimidad”, tuiteaba el domingo el jefe de gabinete del Jyrki Katainen, vicepresidente finlandés de la Comisión Europea.
En la reunión del martes, los comisarios europeos acordaron mantenerse al margen del conflicto y rechazar las peticiones de mediación cursadas por el govern de Carles Puigdemont. Y se aferraron a una línea de consenso que, por ahora, complace a todas la Comisión. La posición pactada señala que “esperamos que las dos partes se sienten a hablar, que se relaje la situación y que encuentren una solución”, según resumió el vicepresidente Katainen al término de la reunión.
El equilibrio de la Comisión no calmará el debate del Parlamento, previsiblemente tan acalorado como casi todos los que provoca la crisis de Cataluña. Estrasburgo ya tuvo un aperitivo el martes con una intervención del eurodiputado británico, Nigel Farage (Ukip).
“Nunca hubiera pensado que veía a la policía de un Estado miembro hiriendo a 900 personas para intentar impedir que votaran”, señaló Farage, uno de los líderes que impulsó el brexiten Reino Unido.
“Señor Farage, mi país no acepta lecciones de democracia de alguien a quien no considero demócrata”, replicó el eurodiputado español, Esteban González Pons (PP). “Gracias al brexitse marchará de esta cámara la extrema derecha. Lo único bueno que tiene el brexit es que no tendremos que escuchar jamás al señor Farage”.
Las acusaciones y reproches de Farage y Pons ilustran la dimensión europea que ha alcanzado el conflicto catalán y la trascendencia de su resolución o enquistamiento para el resto del continente. El desgarro al sur de los Pirineos puede agravar otras heridas europeas. Y viceversa.
“Para los partidarios del brexit en Reino Unido, por ejemplo, es una bendición que surjan fisuras en cualquier socio de la UE y más, si es del tamaño de España”, señala una fuente comunitaria. Como consecuencia del conflicto, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya se ha perdido una cumbre europea (en Tallin, el 29 de septiembre) y ha tenido que centrar gran parte de su agenda internacional en la defensa de la integridad de España en detrimento de otros intereses económicos o geoestratégicos.
Las visitas de Rajoy al Elíseo y a la Casa Blanca se destinaron principalmente a recabar el apoyo público de Emmanuel Macron y Donald Trump a la unidad de España.
El conflicto catalán no solo impone el ensimismamiento de España. También puede cruzarse en los esfuerzos del renovado eje franco-alemán para reforzar la zona euro con nuevos instrumentos presupuestarios y nuevas cesiones de soberanía.
Los países reacios a esa evolución ya empiezan a achacar en parte la crisis catalana a la incomodidad de algunas administraciones regionales con una Unión Europea que apenas les concede representatividad. Esas voces abogan por recuperar el apoyo popular mediante la devolución de competencias Bruselas hacia las capitales y de éstas hacia las regiones. Un movimiento centrífugo europeoque el Gobierno español asegura haber frenado en Cataluña.
El diario estadounidense The Washington Post ha publicado un editorial en el que afirma que "los únicos apoyos de los nacionalistas catalanes son los separatistas escoceses, el gobierno de Venezuela y el aparato de inteligencia y propaganda de Rusia, que movilizó a sus medios de comunicación y bots en redes sociales en apoyo de los separatistas. Evidentemente, Moscú percibe el movimiento catalán como otro vehículo para dividir y debilitar al Occidente democrático".
El artículo, escrito por el equipo de editorialistas, se titula Cataluña celebró un referéndum. Rusia ganó. En él, el diario asegura que los rusos se han movilizado por las redes sociales y sus medios afines para favorecer a los independentistas.
"La fría respuesta de los dirigentes de la Unión Europea al llamamiento de apoyo del Sr. Puigdemont debería haber atenuado sus ambiciones. La Comisión Europea respaldó a Madrid al calificar el voto de ilegal y dijo que una Cataluña independiente no sería país miembro. El presidente Trump también rechazó el movimiento independentista", señala el diario estadounidense.
Las sospechas sobre la injerencia de Rusia y su aparato en el referéndum ilegal de Cataluña del pasado domingo iban tomando fuerza a medida que la fecha de la consulta se acercaba, tal y como adelantó EL PAÍS. Por un lado, las cuentas en redes sociales asociadas al Kremlin han empleado noticias tanto reales como falsas para ahondar divisiones y agravar la tensión en Cataluña. Por otro, los medios financiados por el Gobierno ruso han dado una cobertura tan intensa como sesgada a los acontecimientos previos y posteriores al referéndum suspendido del domingo.
El Post se suma, pues, a Le Monde y el FT en sus opiniones tituladas Cataluña: salir de la política de lo peor y Los separatistas catalanes deben dar un paso atrás del precipicio respectivamente donde piden al Gobierno de la Generalitat de Carles Puigdemont y al de España de Mariano Rajoy dar el paso hacia la negociación. "El camino correcto es lo que prácticamente toda autoridad responsable fuera de España pide: negociaciones entre Barcelona y Madrid", dice el rotativo estadounidense.
