El diputado kirchnerista Julio De Vido pasó ayer por los tribunales para intentar desligarse de las operaciones de importación de gas licuado con sobreprecios de 7000 millones de dólares. No se fue con las manos vacías, pues se llevó un pedido del fiscal Germán Moldes para que pierda los fueros que lo protegen y sea detenido en otra causa donde se investiga un fraude por 280 millones de pesos en la mina de Río Turbio.
De Vido no agotó sus visitas a Comodoro Py 2002. Hoy deberá regresar para asistir al juicio que se le sigue por la tragedia del Once.
El ex ministro de Planificación compareció con su nuevo abogado, Maximiliano Rusconi, ante el juez federal Claudio Bonadio , que investiga las compras de gas importado por unos 15.000 millones de dólares entre 2008 y 2015.
Fueron en total casi 500 barcos cargados de gas licuado los que llegaron a Bahía Blanca y a Escobar, y un peritaje cuestionado por las defensas dice que hubo un sobreprecio de casi 7000 millones de dólares en esas operaciones. De Vido llegó ayer a media mañana y subió directo al tercer piso. Allí, se negó a declarar y sólo dejó un escrito.
En su presentación explicó cuál fue su actuación como máximo responsable del área de la que dependía Enarsa, la empresa estatal que se encargó de adquirir los cargamentos de gas a Rusia, entre otros países. Dijo que fue ajeno a los hechos que se investigan.
De Vido había pedido postergar su indagatoria de ayer. Argumentó que frente a la renuncia de sus antiguos abogados y la designación de Rusconi era necesario más tiempo para conocer el expediente. Sin embargo, Bonadio rechazó esa pretensión y ratificó la audiencia de ayer.
Dijo el ex ministro que se vio obligado a importar gas desde el frío invierno de 2007, que las importaciones no tuvieron consecuencias para el Estado y que el informe pericial se realizó mediante una "búsqueda casi escolar de información que no ha sido certificada científicamente".
Sostuvo que hubo mecanismos de control de Enarsa, la Sigen, la AGN, de PriceWaterhouse, y que hubo un seguimiento de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA; que la operación fue de Enarsa y que ésta no es una investigación seria. "Se trata de una serie de construcciones ilusorias", aseguró, y pidió ser sobreseído.
Mientras esto sucedía en el tercer piso de Comodoro Py, un nivel más abajo, el fiscal Moldes firmaba un dictamen donde señalaba que De Vido debía ser desaforado como diputado nacional para ser detenido en la causa en que se investiga el desvío de 280 millones de pesos, con el que debían realizarse obras en la mina de carbón de Río Turbio.
En esa causa, el fiscal Carlos Stornelli pidió detener a De Vido, el juez Luis Rodríguez lo negó, el fiscal apeló y el fiscal de Cámara Moldes sostuvo esa apelación. Al argumentar ayer por escrito, dijo que para ser justo con los 22 acusados en esta causa se debía extender a todos la obligación de depositar $ 100.000 como garantía de que no se iban a escapar. La excepción fue De Vido, para quien dijo que había que fijarle un monto de dinero adecuado al grado de responsabilidad que le cupo en la maniobra.
Además solicitó a la Cámara Federal que instruya al juez Rodríguez para que requiera al Congreso la quita de los fueros de De Vido. La Cámara Federal, con la intervención de los camaristas Irurzun, Bruglia y Farah, comenzó ayer a analizar si corresponde que De Vido siga en libertad.
LA NACIÓN
El fiscal Germán Moldes insistió este mediodía con detener al ex ministro de Planificación Julio De Vido en la causa en que se lo investiga por un supuesto fraude de unos 280 millones de pesos en obras que no se realizaron en el yacimiento de carbón de Río Turbio.
Moldes pidió a la Cámara Federal que instruya al juez federal Luis Rodríguez a que le pida al Congreso el desafuero de De Vido como diputado nacional, pues sólo sus fueros parlamentarios, dijo, le evitan la prisión.
Además Moldes pidió que todos los acusados en esta causa, unos 23, tengan que depositar una suma de dinero efectiva para seguir en libertad, y no sólo los cinco imputados a los que les fue concedida la exención de prisión bajo una caución de unos 100.000 pesos.
La Cámara Federal, con la intervención de los camaristas Martín Irurzun, Leopoldo Bruglia y Eduardo Farah comenzaron ayer a analizar si corresponde que De Vido siga en libertad.
El juez Rodríguez ya citó a De Vido a declarar por esta causa para el mes de noviembre.
En su dictamen, Moldes, si bien insistió en la detención de De Vido, dijo que esa medida podría tomarse luego de la indagatoria y a la hora de resolver su procesamiento, momento en el cual, dijo, deberá volverse a revisar la situación de todos los acusados para decidir quiénes deben ser dete
CLARÍN
LUCÍA SALINAS
En la causa donde se investigan las irregularidades en las contrataciones de buques con gas natural licuado por los que se llegaron a pagar 15 mil millones de dólares, y un día antes de que sea indagado Julio De Vido, el ex funcionario y hombre de confianza del diputado del FpV, Roberto Baratta fue indagado por el juez Claudio Bonadio. Durante más de tres horas, el ex funcionario rechazó y pidió la nulidad del peritaje que indicó el pago de sobreprecios, y respondió las preguntas del juez.
Mientras Roberto Baratta estaba en plena indagatoria, Julio De Vido ingresó a los Tribunales de Comodoro Py para pedir que la suya -programada para mañana- sea postergada, ya que su nuevo abogado Maximiliano Rusconi asumió recientemente. "No hemos tenido tiempo de leer el expediente, y se pidieron no más de tres días para ejercer la defensa", sostuvo el defensor, según indicaron fuentes judiciales a Clarín. El juez Bonadio rechazó el pedido, y De Vido deberá declarar mañana a las 10.
Volvamos a Baratta. Bajo el patrocinio de Juan Pablo Alonso, el ex funcionario K y mano derecha del ex ministro de Planificación llegó a Comodoro Py a las 10 para declarar en la causa por la contratación de buques con gas natural licuado. Previo a su ingreso a la secretaría, indicó a Clarín que la pericia que está en la causa y que determinó el pago de sobreprecios "está mal realizada, con parámetros que no corresponden". En este punto centró sus declaraciones.
Ante Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ministerio de Planificación declaró durante más de tres horas. Presentó un escrito y respondió preguntas sobre la maniobra investigada.
Según pudo saber Clarín, Baratta planteó que la pericia que contó con seis profesionales, "se basó en información que no se ajusta a los parámetros del mercado de referencia", lo que "arroja valores que no son correctos", refutando así las acusaciones por sobreprecios.
Durante la investigación, el juez Bonadio determinó que durante el gobierno kirchnerista se pagaron casi 7.000 millones de dólares en sobreprecios, en una operación para comprar casi 500 barcos de GNL para abastecer las plantas radicadas en Bahía Blanca y Escobar.
Esta evaluación fue rechazada por el ex funcionario K, que solicitó la nulidad de la pericia que es una de las pruebas centrales en la causa. "Uno de los peritos intervinientes determinó que no hubo sobreprecios, y que para evaluar los costos había que recurrir a otros indicadores", explicó Baratta. También rechazó la pericia firmada por el ingeniero David Cohen, "que usó un precio de referencia de gas de gasoducto (de Estados Unidos) y estamos ante gas licuado que va por barco".
En la causa se utilizó como prueba importante un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que estimó sobreprecios del 20% en las operaciones. De esta forma, se habrían desviado3.000 millones de dólares.
Parte de los pagos se hacían -según consta en el expediente- a través de un banco privado que tenía una cuenta en un banco de Panamá, cuando debían de hacerse en "efectivo y antes de que se bajara la escalera de contacto con un puerto argentino".
El ex funcionario de De Vido fue contra la AGN también, y dijo que en el período 2008-2010 "respecto a mi subsecretaría no hubo ninguna observación ni planteo sobre órdenes mías para contratar a ningún proveedor en particular".
Roberto Baratta negó hoy las acusaciones en su contra. Foto Archivo.
La operación comenzó en el 2008 con la compra de 8 buques provistos por YPF-Repsol, y luego pasó a contratarse a Gas Natural Fenosa de España, British Petroleum, Vittol, Glencore y Morgan & Stanley.
Así, entre el 2003 y 2015 llegaron a la Argentina 530 barcos a un costo de 15.000 millones de dólares que pagó ENARSA, bajo la conducción de Ezequiel Espinosa, otro de los imputados. Espinosa es el mismo funcionario K que en el 2007 trajo en un avión alquilado por ENARSA al colombiano Antonini Wilson con una valija con 800 mil dólares que habrían ido a la campaña electoral de Cristina Kirchner.
Además de los sobreprecios en las contrataciones de buques regasificadores, en la causa también se investigan una serie de irregularidades en la realización de los contratos de los seguros ambientales y de las agencias marítimas, entre otros puntos.
Los buques entraban al puerto de Escobar o al de Bahía Blanca para inyectar el gas en la red nacional y evitar cortes por la crisis energética que provocó el kirchnerismo, en el marco de estrictas medidas de seguridad.
