LUCÍA SALINAS
La imagen se repitió un par de oportunidades. A la oficina principal de Omar Zeidán interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) la empresa minera que denunció a Julio De Vido por malversación de fondos por 26.000 millones de pesos y un perjuicio de 265 millones de pesos, ingresó un trabajador con un expediente en la mano, “me dieron la orden de destruirlo pero no lo hice”.
La orden provino de la anterior gestión. YCRT estima que se destruyeron alrededor de 100 expedientes para “borrar rastros de los hechos de corrupción”, indicaron fuentes oficiales a Clarín.
“Julio De Vido tiene que estar preso porque el modus operandi de su gestión fueron los actos de corrupción y la destrucción de pruebas, y esto último aún puede continuar”, dijo Zeidán a este diario. YCRT ya realizó trece denuncias en los Tribunales de Comodoro Py contra el exministro de Planificación Federal.
La causa más importante es la que expone irregularidades en el manejo de los fondos que debían destinarse a la mina de Río Turbio entre 2005 y 2015. La acusación es por malversar fondos por 26.000 millones de pesos. Esto incluyó la construcción de la Usina de Río Turbio, que según la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) tuvo un sobrecosto del 90,28%.
También contempla la puesta en valor del Tren Turístico, por el que se firmaron 453 convenios y 90 adendas por 443 millones de pesos. La obra se pagó parcialmente, y no se concluyó.
Reconstruir los circuitos administrativos de estas obras llevó meses. En el transcurso del trabajo, las autoridades de YCRT detectaron que muchos expedientes estaban incompletos. “Faltaban órdenes de compra, fojas en los cuerpos, incluso en muchos faltaban cuerpos enteros”, explicaron a Clarín fuentes oficiales.
La primera sospecha en medio de las denuncias impulsadas contra el extinto ministerio de Planificación, encabezado por De Vido, fue “la destrucción de pruebas claves para las causas de corrupción”. Este argumento fue utilizado por el fiscal Carlos Stornelli para reiterar su pedido de detención del exministrodenunciado por el desvío de fondos.
El planteo no quedó sólo en una sospecha. Hace dos semanas, en la oficina se Zeidán se presentó un trabajador de YCRT de apellido Rodríguez. En sus manos tenía un expediente cuyo contenido tramitaba una indemnización para ampliar el objeto de adjudicación de obra a favor de Isolux Corsán, la firma española que tiene a su cargo la construcción de la Central Térmica.
El monto era por mil millones de pesos. “El dinero nunca se pagó y nunca hubo justificación para que se pagara”, explicaron a Clarín.
Ese expediente no estaba en YCRT, por lo que no puedo ser objeto de la auditoría que realizó la SIGEN. ¿La explicación? “Hubo una orden de destruirlo”, remarcaron desde la empresa minera.
Rodríguez relató que desde la gestión anterior “me dijeron ´llevátelo, destruilo, me dijeron que lo queme´”. Su relato ya está en la justicia, después de que el interventor de YCRT declaró ante el fiscal Carlos Stornelli, quien decidió enviar a sorteo dicho testimonio para que se investige el posible delito de “destrucción de pruebas”. La administración actual ya está analizando el expediente.
Pero no es el único caso. De otro expediente de 37 cuerpos, aún falta el cuerpo 33, “que puede tener información importante para las causas que denunciamos”.
En otra causa hubo una sustitución de facturaciones. Se adjudicó a la firma Chilicote SA la importación de bandas transportadoras por 1.180.000 dólares. Al analizar el expediente, se detectó un adelanto de 585.00 dólares y la firma pidió que YCRT (bajo la anterior gestión) realice los pagos a una Offshore Jerald Machineri.
La empresa solicitó que la transferencia se haga en dólares o libras esterlinas en pleno cepo cambiario. “Todo se hizo sin ninguna contraprestación”, indicaron fuentes oficiales.
Se descubrieron además, cinco órdenes de compra por 65.000 libras esterlinas, “que no cuenta con antecedentes documentales”. En esta caso, el expediente “está incompleto y con sustitución de facturas”, aclararon.
