Luis Marchese Montenegro. Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) mencionó que es importante la regulación en el sector minero con el objetivo de que sea más adecuado para que las inversiones no se atrasen en el país. Dijo que los negocios son a largo plazo.

¿La recuperación en el precio de los metales base es suficiente para atraer la inversión minera al Perú?

No. Lo que hace la recuperación de precios es abrir el apetito por la inversión además de generar un excedente de caja que permite inversión. Lo que permite atraer la inversión es la competitividad del país y la sostenibilidad de las inversiones, por eso es el tema de la convención.

Autoridades políticas del gobierno reiteraron en Perumin la necesidad de atacar la tramitología, ¿considera que es el punto central a destrabar para atraer mayor inversión?

Sí, es uno de los ejes principales. El estudio del BCR ha contado las normas y hemos pasado de 28 a 265 en 10 años, de las cuales 180 son del gobierno anterior y eso ha generado un exceso de regulación. Lo que debemos hacer ahora y es lo que está diciendo el gobierno es que va a trabajar muy fuerte en racionalizar las normas, ver que haya un flujo dentro de la regulación que sea más adecuado para que las inversiones no se atrasen. No quiere decir que no haya regulación, es importante e imprescindible, lo que hay que hacer es racionalizar la regulación.

¿Le parece a usted que el Fondo de Adelanto Social (FAS) es un buen mecanismo para cerrar brechas sociales para que luego llegue la inversión minera?

El FAS es una buena idea que es aplicable en ciertos contextos y en ciertos momentos. De lo que se trata es de adelantar el beneficio en las comunidades donde habrá una inversión minera y donde habrá beneficios más adelante vía canon, o vía trabajo o compras locales. Lo que quiere hacer el gobierno es adelantar estos beneficios y que estén alineados con los planes de desarrollo de las comunidades, por eso es que la ministra –Cooper– se refería a temas de conectividad, infraestructura, salud y educación, eso tiene mucho sentido. No existe una bala de plata para el manejo de la relación con las comunidades, lo que sí existe es un gran concepto: que la población y los emprendimientos mineros sean uno solo, un solo proyecto de desarrollo que la población incorpore en su sueño colectivo, el avance traerá la minería.

¿Considera que el gobierno es muy optimista respecto a los posibles proyectos mineros que saldrían en los próximos años?

Los proyectos chicos ya no son tan chicos, son de US$ 1.000 millones a US$ 2.000 millones y que además ayudan a diversificar el beneficio de la minería por todo el país. Los proyectos grandes se demoran en salir. Pensar en invertir de US$ 4 mil millones a US$ 6 mil millones en un proyecto minero toma tiempo. Si uno ve la tubería de proyectos en este momento, salvo Quellaveco, no hay muchos que estén en una etapa tardía dentro de la factibilidad. Lo que tenemos que hacer es pensar uno en las expansiones de las operaciones actuales, las operaciones grandes y pensar dentro de 5, 10 a 15 años y para eso revisar los temas de competitividad.

¿Podría revisarse la estabilidad jurídica?

La estabilidad jurídica es imprescindible. La minería así como los hidrocarburos, el negocio forestal son negocios de muy largo plazo, entonces ahí tienes que tener reglas de juego estable, que el inversionista tenga una cierta capacidad de predicción de lo que va a venir, que sea predecible, estable. Tocar la estabilidad jurídica es muy peligroso.

¿Hay espacio para regresar al esquema tributario minero anterior ante la inminente caída de la contribución minera?

El aporte voluntario era una buena idea porque lo que hacía era establecer una relación más cercana entre las empresas y las áreas de influencia directa, entonces la diferencia es básicamente las formas de manejar el dinero. Ahora el Impuesto Especial a la Minería (IEM) y el Gravamen Especial a la Minería (GEM) se van a la caja central y desde allí se distribuye a otros lugares. Nosotros siempre hemos creído que el aporte voluntario fue una buena oportunidad para establecer una relación sinérgica entre las empresas y las comunidades en su entorno cercano usando las capacidades de empresas para el desarrollo de proyectos y sumándolo a los planes de desarrollo de las comunidades.