El Gobierno de Mendoza oficializó, a través de la Resolución 1027, el rechazo al informe de impacto ambiental presentado por los accionistas del proyecto minero San Jorge.
De esa forma el plan de explotación de oro y cobre en Uspallata volvió a foja cero y solo podrá realizarse si los inversionistas vuelven a hacer todos los trámites legales desde el principio. Es decir que deberán presentar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental y esperar a que sea aprobado por el Gobierno poder comenzar con las obras.
Ese proceso impediría que la inversión minera, que se estima que alcanzaría U$S 200 millones y generaría 5.000 puestos de trabajo, no se concrete antes del 2019.
La Resolución 1.027 fue firmada en forma conjunta por la Dirección de Protección Ambiental y la Dirección de Minería. En el artículo 2, la normativa dice textualmente “Rechácese la presentación de Actualización del Informe de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Planta de Concentración de Cobre Minera San Jorge S.A.”.
Para entender la normativa, se deben repasar las claves del conflicto. El proyecto San Jorge fue formalmente presentado en 2008, pero nunca logró la aprobación de la Legislatura.
Tras varias idas y vueltas, en 2016 los accionistas presentaron un plan de trabajo alternativo que implicaba extraer cobre y oro en Mendoza, para luego trasladarlo a San Juan y procesarlo en la provincia vecina.
Sin embargo, el Estudio de Impacto Ambiental presentado en esa oportunidad fue el mismo que se utilizó en el plan de trabajo original, que concentraba todas las actividades de la empresa dentro de Mendoza.
Humberto Mingorance, Secretario de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, explicó que “San Jorge debe realizar un nuevo procedimiento desde cero y presentarlo al Gobierno con el Estudio de Impacto Ambiental realizado en función del nuevo proyecto. En caso de ser aprobado, podrá presentarlo en la Legislatura”.
Claro está, que San Jorge deberá determinar si avanza o no con el nuevo proceso desde cero y si interpone alguna acción legal contra el Gobierno.
Taras Nechiporenko, CEO de Minera San Jorge, señaló que “la empresa aun no fue notificada por parte del Gobierno” y advirtió que “no se tomará ninguna determinación hasta que eso suceda”.
