LUCIA SALINAS
Stornelli dijo que el ex ministro tiene que estar tras las rejas por el monto del dinero robado al Estado, el poder de los imputados y el ocultamiento de datos.
El pedido de detención de Julio De Vido en la causa por malversación de fondos por $ 26.000 millones respecto a la mina de Río Turbio, vuelve a discutirse en la Justicia. El fiscal Carlos Stornelli insistió con que la Cámara Federal porteña analice la negativa del juez Luis Rodríguez de no ordenar la prisión preventiva del ex ministro, que se extiende a una veintena de imputados.
Stornelli sostuvo en su nuevo pedido la necesidad de considerar: "la envergadura de la causa, el monto del perjuicio ocasionado, los vínculos entre los acusados" y la “baja caución real fijada”.
Al igual que a comienzos de julio, el fiscal Carlos Stornelli volvió a pedir que se evalúe su pedido sobre la detención de Julio De Vido. El primer dictamen se basó en la denuncia de la actual gestión de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), que acusó al ex ministro de Planificación de malversación de fondos por 26.000 millones de pesos que el extinto ministerio destinó desde 2004 a 2015, a la mina santacruceña.
Se calcula que el perjuicio generado al erario público fue, por lo menos, de 265 millones de pesos. Los fondos incluían los planes de modernización de la mina de Río Turbio, la construcción de la Usina Térmica que según la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) tuvo once modificaciones de costo, incrementando su valor en un 98%.
También se agregó, la puesta en valor de un tren por 344 millones de pesos, obra que nunca se terminó y se pagó parcialmente.
Entonces, el fiscal federal había pedido el llamado a indagatoria, el desafuero y la detención de De Vido y de una extensa lista de ex funcionarios de Planificación Federal y del YCRT.
La solicitud fue rechazada por el juez Luis Rodríguez, quien había planteado que se debía continuar con la pesquisa y definir "el nivel de responsabilidad" de cada uno de los acusados, antes de citarlos a declarar.
En ese transcurso, concedió la eximición de prisión a cuatro imputados -entre ellos a Roberto Baratta mano derecha del ex titular de Planificación, haciendo extensivo a todos los acusados -entre ellos De Vido-, el criterio, aplicando sólo una caución juratoria.
El escenario se modificó cuando hace dos semanas, la Sala II con voto mayoritario, ordenó al juez Rodríguez que revise su negativa a citar a indagatorias y le pidieron que vuelva a expedirse respecto a los pedidos de detención sobre los acusados.
El 11 de septiembre Rodríguez, finalmente llamó a indagatoria a De Vido y a 36 personas más investigadas en la causa por el desvío de fondos en la mina de Río Turbio. La citación fue sin prisión preventiva, ordenando la prohibición de salida del país para todos y en el caso del ex Ministro de Planificación, se fijó una caución de 100 mil pesos.
Cuando la discusión parecía zanjada, el fiscal Stornelli volvió a apelar la negativa del juez de no detener al diputado nacional del FpV.
El reclamo central no difiere de los argumentos utilizados cuando hace dos meses pidió que Julio De Vido "sea detenido con el objetivo de que quede sujeto al proceso de una declaración indagatoria".
El fiscal Stornelli planteó una vez más, que no debe desconocerse que “las relaciones de poder de los imputados son un riesgo concreto que atenta contra el avance de la investigación”, y advirtió sobre “las posibilidades del armado de entramados de complicidades que fomente el ocultamiento de evidencias”.
Remarcando la "envergadura de la causa que se investiga", el fiscal indicó en su apelación que se está frente a una investigación muy compleja, "de gran envergadura" donde se investigan “hechos de corrupción”, y que se debe analizar la “posibilidad de entorpecimiento” de la investigación relacionado al “mantenimiento del poder público o de sus influencias”.
En el marco de los fondos millonarios bajo investigación, Stornelli también remarcó que debe tenerse en cuenta "el perjuicio ocasionado". En su apelación, también rechazó "la baja caución real" de 100 mil pesos que se aplicó.
La Cámara fijó audiencia para el tres de octubre para que el fiscal mantenga o amplíe sus argumentos, y una vez más, deberá expedirse la Sala II sobre el pedido de detención de De Vido.
