La policía de Neuquén realizó  un amplio operativo de desalojo del grupo mapuche Futa Trayen que había ocupado tres campos de casi 3.000 hectáreas situadas en Loma Campana, un paraje que le provee agua al yacimiento de Vaca Muerta donde operan YPF y Chevron.

En el operativo policial se detuvo a tres personas que portaban armas de fuego y bombas molotov a la vez que se despejó completamente los campos pertenecientes a las familias Galván, Paredes y Formar, que en abril pasado habían sido usurpados por un grupo mapuche de unas 20 personas.

Según expresó a Infobae el fiscal jefe Pablo Vignaroli, "el operativo se realizó con total tranquilidad y no hubo heridos ni personas dañadas". Durante el operativo se encontraron armas de fuego y bombas molotov que poseían tres de las personas que estaban usurpando los campos.

El desalojo de esta comunidad mapuche –que en sintonía con el accionar violento del grupo RAM ya había realizado actos vandálicos en el lugar- implica para la comunidad de Neuquén y el gobierno nacional un dato político significativo: no habrá flexibilidad de las autoridades en el avance de grupos mapuches violentos en lugares clave para la economía como es el yacimiento petrolífero de Vaca Muerta. 

Los campos que habían sido usurpados son cruciales para el desarrollo productivo de Vaca Muerta ya que allí se encuentra la toma de agua Loma Campana que provee el insumo esencial para el yacimiento.

En las tierras lindantes a estos campos actualmente están operando las compañías YPF y Chevron que por la toma del campo veían complicadas sus tareas en los últimos meses. En esos campos actualmente también hay desarrollo de actividad agropecuaria como la cría de ganado y el cultivo de frutos.

Pablo Servi, el titular del consorcio de riego Tratayen, expresó a Infobae que "detrás de esta organización seudo mapuche se busca avanzar sobre las obras de Vaca Muerta para amenazar la economía del lugar".

Durante el operativo de desalojo intervinieron 90 efectivos de la policía de Neuquén. Antes de ello, la fiscalía le había tomado indagatoria a unas 20 personas con la anuencia del juez de garantías y hubo otro intento de desalojo que fracasó.