"No te aguanto más", como en la vieja canción de Horacio Fontova. A esta altura de su historia, la minería de Mendoza post Ley 7.722 ya tiene la colmada su paciencia y capacidad de asombro. Pero como la historia es dinámica, ahora podrá disfrutar de las diferentes versiones de la realidad, según cada funcionario del actual gobierno.
Ya no son los gritos y susurros de alcoba del matrimonio Cornejo traducidos en promesas tibias del gobernador y la foto de su señora con la camiseta anti minería que dio la vuelta al mundo. El picado ahora fue más fino: el declarado opositor a minas y canteras en la provincia, Humberto Mingorance, hoy secretario de Ambiente, dice haber enviado a la hoguera el proyecto cuprífero San Jorge, mientras qué Emilio Guiñazú, subsecretario de Energía y Minería ha salido a reiterar que la minería es vital para la economía mendocina.
No es la primera y tal vez no sea la última vez que Mendoza se enfrenta a estas pimpineleadas a propósito de la minería. "Mamá, yo quiero ser como el fracking" podrían decir los frustrados emprendedores mineros después de ver cómo en forma de exprés y sumarísima el gobierno y la Justicia local salieron a desbloquear las tareas de fractura hidraúlica en el yacimiento de la petrolera El Trébol, en Puesto Rojas, en Malargüe.
No hace mucho, en febrero pasado, el gobierno entregó las conclusiones sobre el "Diálogo Minero" en el cual participaron diversos sectores de la sociedad. Como suele ocurrir, a medida que progresaron en ese proceso los argumentos y fundamentos de la minería, los exponentes refractarios fueron desertando su pretexto de que subyacía una urdimbre de acuerdos entre mineras y autoridades para legitimar el desbloqueo a la actividad minera.
Según pasan los años, va creciendo la desazón de las exploradoras y los concesionarios de áreas mineras. Qué sentido tiene seguir pagando cánones en un territorio vedado sine díe. Lo más cerca que estuvo de abrirse este candado fue a fines de 2015 cuando el inoportuno derrame de cianuro en Veladero, en la vecina provincia de San Juan, sepultó las posibilidades de que la Ley Cobos fuera declarada inconstitucional. La Corte de Justicia provincial falló 0 a 7, cuando, en las vísperas el sector esperaba un 4 a 3, pero a favor del retorno.
Hablando de inoportunidades, el supuesto planchazo final a San Jorge, proyecto al cual tampoco los mendocinos le permiten una alternativa biprovincial (extraer el mineral en Uspallata, llevarlo en camiones y procesarlo en Calingasta, San Juan) cae justo en vísperas de que Argentina concurra a China Mining donde el gobierno nacional piensa mostrarlo como parte de su gran potencial cuprífero.
El baldazo de Mingorance aparece cuando los rusos de Aterra y Solway habían avanzado con la subsecretaría que conduce Guiñazú los trámites para adaptar el proyecto a la politica minera de la provincia, conversando mas que nada aspectos tecnicos. Y como presentar el proyecto en su formato bi-provincial con posibilidad de flotacion para poder enviarlo a la Legislatura entre mayo y julio de 2018.
La minería otra vez ha observado como en la provincia cuyana es presa de la agenda electoral: el funcionario ambiental ventiló e instaló su decisión por la prensa antes de notificar formalmente a la empresa. Según la minera, todo el expediente de San Jorge esta 100% conforme a los requerimientos de la restrictiva ley 7722..
Son los grandes desafíos del famoso Nuevo Acuerdo Federal Minero, que se propuso consensuar políticas para garantizar desarrollos. En esto días el secretario de Minería de la Nación, Daniel Meilán, aterrizará en El Plumerillo, para hablar de las bondades de la minería.
El problema es que en Mendoza desde los tiempos en que el peronista Guillermo Carmona guiñaba para un lado y doblaba para el otro, hay muchos que adoptaron la posición política de correcta o indolora de decir la minería es buena. Aunque nunca termiinan de aclarar cómo, cuándo y dónde.
