Cledis Candelaresi
En cuatro años, el Estado desembolsó más de US$7.500 millones para extraer más gas. Dudas por mantener el proyecto más allá de diciembre.
El 31 de diciembre expira el Plan Gas, esquema de subsidio a la producción en el que el Estado invirtió más de US$7.500 millones en los últimos cuatro años, sin que nadie en el Gobierno detalle cómo se prorrateó ese generoso estímulo entre las petroleras, que tendría a YPF y PAE entre las principales beneficiadas. Energía mantendrá esa subvención hasta el 2021 pero sólo para remunerar el gas no convencional, anzuelo para alentar el desarrollo de Vaca Muerta.
Subvencionar la oferta de hidrocarburos en un momento de estrechez fiscal y mientras se recortan los subsidios a los usuarios de gas y luz, es una decisión controvertida, que esta administración fundamenta con la misma lógica que anterior: sino se garantiza un precio atractivo, no habrá inversiones que aumenten la producción de los hidrocarburos.
Otro costado polémico del tema es la oscuridad respecto a cómo se repartieron los fondos de ese programa de subsidios, diseñado por Axel Kicillof y reformulado luego por Juan José Aranguren, cuyo ministerio hasta ahora no hace público esos datos. A fines del año pasado la Asociación Argentina de Presupuesto Público (ASAP) y el Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi presentaron una nota conjunta al ministerio para reclamar esa precisión, sin haber conseguido respuesta alguna hasta el momento.
“Toda esa información debería ser pública. Energía debería brindarla naturalmente, en particular cuando se trata del tercer rubro del presupuesto por su envergadura, después de jubilaciones y salarios”, se queja ante el Económico Rafael Flores, titular de ASAP. Los datos sobre cuánto aporta el erario al Plan Gas mensualmente están disponibles a través de la secretaría de Hacienda, aunque sólo para quienes saben transitar los recovecos contables del presupuesto para encontrarlos. Lo que falta totalmente es el detalle de a qué empresa se destina ese dinero.
Ricardo Molina, un consultor de temas energéticos, allegado al grupo de ex secretarios de Energía que hoy conforman el consejo asesor del Gobierno, no tuvo mejor suerte cuando solicitó aquella información. El especialista tomó los valores en pesos reunidos por ASAP y los convirtió en dólares tomando como base el tipo de cambio promedio mensual del Banco Central.
El resultado – avalado por la Asociación—es que, desde la creación del programa hasta junio pasado, el aporte estatal habría alcanzado los US$7542,49 millones.Y que mientras los subsidios energéticos en general bajaron casi un 30% el primer semestre de este año contra el del anterior, los fondos destinados al Plan Gas subieron en moneda dura casi un 800 % en el mismo lapso.
Este último salto abrupto se explica porque el gobierno de Cambiemos puso una lupa sobre todas las cuentas pendientes del gobierno anterior y congeló pagos que luego fue liberando, en este caso, tras una negociación con las productoras de gas. En cualquier caso, hay movimientos en direcciones opuestas: una cuenta sube y la otra baja.
Una firma privada, beneficiaria del sistema, realizó un calculo de los beneficios por empresa. Según sus números, YPF está en el podio con 57% de la subvención, seguida de PAE con un 15% y, un poco más allá, Total y Wintershall (7,9%). La lista sigue con Sipetrol, Roch, Tecpetrol, Apache, Entrelomas, Petrobras, CGP y Capex.
Otra discusión abierta en la comunidad de especialistas energéticos está referida a evaluar si el esfuerzo fiscal habría servido o no para fortalecer las reservas gasíferas, según fue concebido. Es cierto que la producción de gas dejó de derrapar y tuvo una suba notoria a mediados del año pasado. Pero nada permitiría establecer una conexión directa entre esta mejora y esos subsidios.
El ex ministro de Economía, Axel Kicillof, ideó el programa estímulo cuando cayó en la cuenta de que sin un precio que oficiara de anzuelo era muy difícil estimular la inversión privada, que venía declinando tanto como las reservas. Hacia fines el 2010 éstas habían retrocedido un 60% respecto del año 2000, mientras la demanda picaba en punta.
Por el perverso maridaje de una demanda que creció de modo contundente y una oferta en retroceso, Argentina perdió el autoabastecimiento y tuvo que importar gas caro para domicilio, usinas e industria, algo que se hacía y hace a costa de las arcas públicas. Las productoras locales embistieron entonces con un argumento nacionalista, difícil de refutar: ¿por qué pagar gas caro al exterior y no utilizar esos dólares para animar la producción local?
El Plan Gas fue creado en el 2013 a través de la resolución 1, que comprometía al Tesoro a darle a las productoras una compensación o sobreprecio por el gas incremental, es decir, por todo lo que produjeran por encima de cierto nivel tomado como base. Así, mientras el promedio cobrado por las productoras era efectivamente de US$2,4 el millón de BTU, la caja pública cubría la brecha de ingresos sobre un precio teórico de referencia de 7,5 dólares esa unidad calórica.
Para entrar al programa, las firmas tenían que calcular un aumento de producción y se comprometían a honrar esa curva ascendente. De no hacerlo, tenían una penalidad.
A ese programa le sucedió otro (resolución 60) más benévolo y con premios graduales. Se establecía una escala de modo tal que, cuanto más produjera una empresa por encima de un volumen base, mayor sería el incentivo económico a otorgarle, al tiempo que se eliminó el castigo. Con esta segunda versión se sumaron otras beneficiarias.
El parámetro que se utilizó para distinguir el gas “viejo” del “nuevo” siempre dio lugar a suspicacias en el sector, donde algunas empresas se sintieron marginadas. No porque haya discrecionalidad en la asignación del beneficio sino por la fórmula técnica que se utilizó para otorgarlo: en origen, la producción del año 2012.
La discusión sobre la vara está vigente en relación a quién podrá seguir cobrando ese subsidio a futuro. Pan American Energy (PAE), la segunda productora de gas tras YPF, es una de las más activas militantes por la ampliación del beneficio más allá del no convencional. “¿Por qué no incluir al gas convencional y al off shore?”, pregunta la compañía, que ya hizo formalmente este reclamo a la cartera energética.
Aranguren nunca fue amigo de otorgar este beneficio por empresa. Su posición es que, en todo caso, debe premiarse al gas producido en el marco de un proyecto particular. Este criterio se plasmó en las dos resoluciones promulgadas por la gestión Cambiemos. La 74, del 2016, que apoya a un proyecto de Dow e YPF en el campo El Orejano. Y la 46, de este año, que sirve para premiar el gas no convencional por el transcurso de cuatro años con una escala de precios decreciente, arrancando de 7,50 dólares. Un esfuerzo fiscal que podría superar con creces los US$1.000 millones anuales.
La incógnita es qué pasará cuando este nuevo régimen termine, ya que la decisión macrista es que los precios locales de la energía se acoplen con los del exterior, donde el gas apenas redondea los 3 dólares el MBTU.
Por si acaso, Tecpetrol picó en punta y ya inició un programa de inversiones para aprovechar los beneficios de la resolución 46, que subvenciona al shale y tight gas. La petrolera del grupo Techint sabe que esa norma tal vez sea el último gesto oficial para subsidiar a grandes compañías del rubro. A menos que triunfe el esmerado lobby de las productoras para que se extienda el Plan Gas convencional después del brindis que le dé la bienvenida al 2018.
