Así lo afirmó el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance. "Vamos darle de baja a lo presentado", expresó.
El proyecto San Jorge, la iniciativa que apuntaba a extraer oro y cobre en Uspallata con la utilización de sustancias prohibidas por la ley provincial 7722, será archivado y todo el proceso volverá a foja cero.
El secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, lo anticipó a Sitio Andino y explicó cuáles fueron los motivos de la decisión del Ejecutivo. "Desde el día que empezamos la gestión, la empresa fue impulsando el proyecto y advirtiéndonos cuál era el entusiasmo de los inversores. Más allá de eso, hicimos una evaluación de todo el proceso con Ambiente y Minería y, como nunca fue aprobado, ya pasa a ser un proyecto nuevo", comenzó.
El funcionario recordó que el plan de extracción minera no tuvo el apoyo de la Legislatura, y desde la compañía aducían que este paso era una "formalidad extra". Sin embargo, las normativas vigentes exigen ese tratamiento. "En función de todas las modificaciones que tuvo el proyecto original es que ya lo consideramos un proyecto nuevo, por lo que vamos a darle de baja a lo presentado y va a ser enviado a archivo", relató.
De todas maneras, el funcionario explicó que la empresa queda liberada para impulsar un nuevo proyecto o desistir de hacerlo. "Esa decisión quedará en sus manos", señaló.
Actualmente, el propietario del proyecto es Aterra Group, de capitales rusos.
"Para nosotros desde lo técnico, y si se quiere desde lo político, se decidió que es un proyecto nuevo, fundado en una evaluación importante y profunda que hicimos, no solamente desde la legislación sino también desde los hechos reales que figuran en el expediente", agregó.
Por otra parte, advirtió que esta situación no establece a Mendoza como una provincia antiminera.
"No quiere decir que el resto de la actividad minera no la estemos impulsando en los términos de la ley, fundamentalmente en estos temas que son más sensibles, que son los proyectos metalíferos; y sin tocar ni en un artículo la 7722. En esos términos, todos los proyectos que quieran venir", sostuvo.
Mingorance se refirió al último punto en que había quedado el caso de San Jorge. En noviembre de 2015, la gestión de Francisco Pérez había autorizado mediante una resolución la actualización del Informe de Impacto Ambiental, y determinaba que "las escombreras de óxidos y parte de la escombrera de mineral secundario y de baja ley, los cuales previa extracción y molienda, serán retirados del proyecto San Jorge y trasladados a la Provincia de San Juan".
La Cámara de Servicios Mineros de la provincia advirtió que no hay avances porque "falta decisión política".
Carlos Ferrer, titular de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza (Casem), aseguró que "la minería en Mendoza está literalmente parada porque falta decisión política".
El dirigente minero señaló que "la minería es un tema nuevo en cuanto al debate social, y necesita la decisión política de los respectivos gobernadores para poder desarrollarlo en cada una de las provincias (donde puede haber explotación minera) y eso no ha ocurrido en Mendoza".
Ferrer explicó a Télam que hay proyectos "importantísimos para la provincia que están absolutamente compatibles con la legislación vigente, pero nosotros tenemos una ley, la 7722, que categóricamente prohíbe la minería metalífera con la utilización para la lixiviación de productos que llaman tóxicos, que en la minería no se pueden usar y en todas las demás industrias que utilizan esos mismos productos sí se pueden usar".
Nombró proyectos que podrían comenzar inmediatamente, entre ellos San Jorge, "un proyecto de cobre que podría abastecer el consumo del cobre en la República Argentina, que no utiliza productos entre comillas tóxicos y qué tiene la DIA (declaración de impacto ambiental) aprobada", afirmó el dirigente empresario.
"Tendría una incidencia fuertísima en la provincia en cuanto a cantidad de trabajadores directos que puede tomar el proyecto, ya que en la construcción emplearía a más de 2.000 trabajadores, más los indirectos que son alrededor de 3.000 más", apuntó, agregando que la explotación es para 15 a 20 años e implicaría "una inversión de 1.000 millones de dólares que el grupo ruso que tiene los derechos estaría dispuesto a invertir ya".
Explicó que Potasio Río Colorado es otra alternativa, un proyecto que estuvo vigente en 2011- 2012 pero se paralizó, en el el que "se invirtieron más de 2.500 millones de dólares en Malargüe".
También enumeró dos proyectos de uranio: Huemul y Sierra Pintada; otro de oro: Don Sixto; uno más de cobre: Cerro Amarillo; y el de Hierro Indio.
Aseguró que el gobierno provincial, que encabeza Alfredo Cornejo, está elaborando el Plan Minero Provincial, pero se quejó que la actual gestión "ya lleva casi dos años de gobierno y siguen las dilaciones, por lo que desde el sector no vemos que haya avances, ni la voluntad política para hacerlo de forma inmediata".
Sin embargo, dice que el sector recibió un guiño desde el Ejecutivo provincial: "Nos dijeron que el debate final y la toma de decisiones se va hacer después de las elecciones de octubre".
Ferrer informó que todos los actores mineros están conformando una supra cámara, integrada por la Casem que él preside; la Camem (Cámara de Empresarios Mineros); Casemza (Cámara de Servicios Mineros de Mendoza; la UIM (Unión Industrial de Mendoza); Asinmet (Asociación de Industriales de la Metalmecánica; y también invitaron a participar a los sindicatos, con una fuerte participación de Julián Matamala, secretario general del Sindicato de Jerárquicos Petroleros de Cuyo.
Pretenden que el propio gobierno provincial forme parte activa de esta mesa de trabajo.
Finalmente Ferrer explicó que "vamos a estimular e incentivar al Gobierno (provincial) para que trabaje coherentemente con la política del Estado Nacional, porque el presidente Mauricio Macri se ha manifestado a favor de la minería, por lo que queremos que Mendoza se alinee con el secretario de Minería de la Nación, Daniel Meilán".
