Tal como anunció anoche el diputado santracruceño Eduardo Costa, hoy presentó en los tribunales de Comodoro Py documentación hasta ahora desconocida por la Justicia, según la cual Roberto Baratta, ex hombre fuerte del Ministerio que conducía Julio De Vido, habría autorizado el pago de sobreprecios en la obra de Río Turbio a la cuestionada contratista española Isolux Corsán.
Costa y el interventor en YCRT Omar Zeidán presentaron la voluminosa tramitación ministerial que habría acercado a Zeidán un empleado de la carbonífera estatal al cual en su momento se le ordenó la destrucción de estas actuaciones.
Los papeles compromometedores de la anterior gestión fueron puestos en mano del fiscal federal Carlos Stornelli y, a juicio de los denunciantes, podrían poner en más aprietos a Baratta, De Vido al igual que a Jorge Mayoral, MIguel Larregina y Atanasio Pérez Osuna.
Según dijo Costa en la televisión anoche, el visto bueno de Baratta premiaba a Isolux con pago adicionales de más $1.000 millones por mayores costos incurridos por el frio, el viento y los litigios sindicales.
EL ESPAÑOL
Preocupación en Isolux ante la delicada situación en la que se encuentra la caja de la compañía. Las tensiones de tesorería son cada vez mayores, por lo que el equipo directivo y el administrador concursal están sudando tinta para lograr abonar las nóminas a tiempo. En parte, gracias a la venta de algunos activos no estratégicos.
Unas tensiones que están provocando también la paralización de algunos proyectos por falta de pago a proveedores. Un panorama que no es nuevo, pero que parece haber empeorado en las últimas semanas.
El dinero entra a cuentagotas y -por si fuera poco- algunos clientes están cancelando obras. Temen que la situación concursal en la que se encuentra inmersa la compañía (con deudas superiores a los 1.700 millones de euros) pueda provocar su paralización, por lo que prefieren buscar otros contratistas.
Casos que recuerdan a lo ocurrido en Brasil cuando, hace unos meses, la Agencia Nacional de la Energía Eléctrica decidió expropiar a Isolux una concesión de 700 kilómetros de líneas de alta tensión. Activos, por cierto, que estuvieron en la órbita de Ferrovial en una operación que se vio truncada por la decisión del regulador brasileño.
Todo esto ha hecho que el administrador concursal haya optado por acelerar la reorganización de la compañía, aunque no a cualquier precio. Entre el 22 y el 26 de septiembre quiere tener todas las ofertas por los activos puestos a la venta. Aquellos que están mejor considerados, que tienen más valor, y que pueden ayudar a ingresar mayor cantidad de dinero y/o salvar más puestos de trabajo.
Venta que efectúa por unidades de negocio o compañías subsidiarias. Entre las que más interés están levantando: las concesiones. Especialmente plantas solares o líneas de alta tensión.
La mayor parte de esos activos están en España y Argentina; aunque hay otros que están en Brasil, México, Armenia y algunos en África que se están poniendo en valor con el objetivo de maximizar el beneficio.
Todos ellos están garantizados desde el punto de vista de solvencia; por lo que fondos de inversión, constructoras, compañías de servicios o energéticas nacionales e internacionales se están interesando por ellos. Algo que, señalan fuentes internas, no se producía con anterioridad.
Un proceso que lidera Alantra con nuevos criterios fijados por el administrador concursal, Francisco Vera, que difieren de los que estaban previstos en el Plan de Viabilidad de la compañía. Una de las joyas de la corona, los párking, quedan fuera del perímetro de venta en este momento.
No hay que olvidar que, hasta que culmine el plan, el grupo Isolux-Corsán está compuesto por seis empresas: Corsán-Corviam Construcción, Isolux Ingeniería, GIC Concesiones, Isolux Corsán Servicios, Isolux Corsán Inmobiliaria e Isolux Energy Investments.
Una vez que culmine este proceso, el grupo quedará estructurado en tres grandes bloques: una compañía ‘buena’ o ‘Goodco’ que gestionaría 204 proyectos en 13 países y con una cifra de negocio de 700 millones en 2019; otra que recogerá obras cuyas necesidades de financiación adicional para terminar sean inferiores al riesgo contenido por garantías y avales; y una tercera que se quedará con todos los activos no estratégicos o disponibles para la venta.
Llegar a ese extremo dependerá del proceso actual de desinversión; que debería estar culminado en torno al mes de octubre. Al menos esa parece ser la intención del administrador concursal para una empresa que, además, se enfrenta a otro problema más grave si cabe: la fuga de talento unida al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que acaba de cerrarse.
Han salido 356 empleados de los 2.000 que hay en plantilla. Y en los próximos días saldrán otros 14. Suponen 71 menos que los previstos, pero la compañía tuvo que frenar la salida de algunos por ocupar puestos de responsabilidad o estratégicos.
Además, hay otros que se marchan de forma voluntaria en busca de nuevas oportunidades profesionales. Y, por si fuera poco, la directora de Recursos Humanos, Yolanda Mediano, según ha podido saber EL ESPAÑOL, dejará su puesto en los próximos días.
Abandonos que han ocasionado, según fuentes del Comité de Empresa, que se haya tenido que llamar a empleados que estaban de permiso retribuido. Es decir, que estaban en casa ante la falta de trabajo cobrando el salario base.
Lo que parece claro, por ahora, es que no habrá nuevas salidas de trabajadores. Ni siquiera un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) tal y como se había especulado. Se esperará a conocer el resultado final de las ventas.
Una larga batalla por la supervivencia la de Isolux, cuyo futuro está -en parte- en los bancos. Caixabank, Bankia y Santander son los principales acreedores financieros, a los que adeuda 1.300 millones de euros; cifra a la que hay que sumar los casi 800 millones de ‘agujero’ patrimonial y otros 400 millones de deuda a proveedores.
Esa situación financiera fue la que provocó que el pasado 4 de julio la compañía solicitara el concurso de acreedores. Coincidía con la última Junta de Accionistas en la que Nemesio Fernández-Cuesta, expresidente, presentaba su dimisión.
Se daba paso entonces a la llegada de un equipo de la máxima confianza de los bancos con David Pastor como presidente; David Viella como vicepresidente; así como la presencia de Enrique Medina como representante de la firma Fuster&Partners -especializada en reestructuraciones-.
TN.COM.AR
La expresidenta está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita. Ratificaron el embargo por 10 mil millones de pesos.
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento por asociación ilícita y defraudación a la administración pública contra la expresidenta Cristina Kirchner, el exministro Julio De Vido y otros exfuncionarios en la causa en la que se investiga el presunto direccionamiento de la obra pública en favor de empresas de Lázaro Báez.
