Circulando entre los distintos ministerios estaría el borrador del documento que explica el rechazo al polémico proyecto minero-portuario Dominga por parte del Gobierno.
Conocido el “portazo” que dio el Comité de Ministros a la iniciativa de US$ 2.500 millones el pasado 21 de agosto, el Ejecutivo debe hacer pública el acta de la sesión y un documento de acuerdo, en el que se entregan las razones de cómo resolvió este órgano.
Según conocedores, un borrador del documento que explica la posición de la mayoría, elaborado por el Ministerio del Medio Ambiente, está circulando entre las secretarías de Estado que participaron de la decisión, es decir, Economía, Minería, Salud, Agricultura y Energía.
Algunas fuentes comentan que el objetivo de Medio Ambiente es que lo más pronto posible se defina la versión definitiva, aunque apuntan a que esto dependerá de la disposición de los otros ministerios.
Este trámite no es fácil y para casos anteriores ha demorado entre dos y tres meses, tras la votación del comité.
Este documento es esencial para que los dueños de Dominga, Andes Iron, puedan reclamar ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta, sede a cargo de revisar el caso, informó Economía y Negocios.
Los vicios que hubo en el proceso de evaluación regional, pavimentarían el camino para revertir el rechazo al proyecto de Andes Iron en la sede ambiental de Antofagasta.
Inminente es la publicación de la resolución mediante la cual el Comité de Ministros rechazará el proyecto minero Dominga. El documento es esencial para el próximo paso que dará Andes Iron, firma que ya anunció que acudirá a los Tribunales Ambientales para revertir la situación.
Para el abogado de Puga Ortiz, Rodrigo Weisner, las favorables condiciones que tiene la empresa en ese trámite se fundan incluso en el paso anterior al organismo ministerial, en la decisión de la Comisión Regional de Evaluación Ambiental (CEA), principalmente bajo la figura de “falta de motivación” y a las incongruencias con el procedimiento ambiental de más de tres años y medio.
“Lo insólito de lo que ocurre en la evaluación y en la votación, es que el CEA, que se compone por quienes evaluaron ambientalmente, votaron en contra justificando con exigencias que no se hicieron durante la tramitación”, explica Weisner.
El problema surge en las contradicciones respecto al Informe Consolidado de Evaluación (ICE), que aconsejaba aprobar la iniciativa, y que a pesar de no ser vinculante, no es rebatido con argumentos por la autoridad.
Según el jurista, la instancia regional puede considerar que hubo procedimientos incorrectos, pero no entregar nuevas observaciones al proceso. A lo anterior se suma la posterior decisión adoptada por el Comité de Ministros, considerada como pactada con anterioridad y de corte político.
Weisner sostiene que “las probabilidades que el tribunal acoja el reclamo son altas. La única variable es que la decisión será tomada por una nueva sede ambiental (Antofagasta), pero el estándar del derecho ambiental es uno y si se aplica, debiese tener más del 50% de posibilidades que se acoja”.
El experto proyecta que aún restan al menos dos años más de tramitación ante la justicia para tener una decisión final, dependiendo de cuanto tome la resolución del Tribunal Ambiental. Y es que cualquiera sea el dictamen, ambas partes cuentan con la posibilidad de presentar un nuevo recurso ante la Corte Suprema.
En ese escenario, el resultado genera incertidumbre. “Va a depender de cómo se redacte el fallo, cómo se resuelva y de la mano de los ministros”, dice.
Explica que existe una probabilidad menor de que los tribunales soliciten al Comité de Ministros una nueva fundamentación, señalando de manera pormenorizada por qué se rechazó el estudio. Esto, porque según ha trascendido, el objetivo de la compañía sería llevar la decisión nuevamente a la instancia regional, informó Diario Financiero.
