Así lo resolvieron los jueces de la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.
La investigación iniciada por la Justicia Federal contra exdirectivos de la empresa interestadual YMAD (Yacimiento Minero de Agua de Dionisio), tuvo días atrás una resolución, por la cual se deponía la inhibición de los bienes de quienes son investigados por la venta irregular de oro.
De acuerdo a lo que publica el Centro de Información Judicial, la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, la cual es integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo G. Farah, resolvió las apelaciones deducidas en el marco de la causa CFP 18.368/2016/6/CA1 contra la inhibición general de bienes dispuesta por el juez Sebastián Ramos, con relación a los exdirectivos de YMAD e imputados: Manuel César Benítez (exdirector), Irene Castro (exgerenta financiera), Leandro Posada (exencargado de ventas) y Juan Etcheverry (extesorero).
Según la resolución de la Cámara, en la investigación –iniciada por la Oficina Anticorrupción e impulsada por el fiscal del caso, Gerardo Pollicita- los imputados habrían intervenido en la comisión del delito de administración fraudulenta con relación a los fondos de esa sociedad.
La firma cuenta con participación estatal, habiendo correspondido la designación de autoridades, durante la época de los hechos a Presidencia de la Nación, en la órbita del ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido.
Asimismo, el sitio web da cuenta de que a través de la auditoría interna efectuada en el período 2012-2016 se detectó “un gran incremento en la cantidad de lingotes de oro producida y vendida por YMAD, sin que existan razones que lo justifiquen, cuyas transacciones se habrían materializado (...) a un grupo determinado de diez sociedades vinculadas entre sí -cuyo objeto social no guardaba relación con el rubro y cuya capacidad económica resultaba insuficiente para justificar las cuantiosas adquisiciones-, generando una pérdida millonaria para la sociedad” e “inconsistencias en los procedimientos para la adjudicación de los proveedores de cianuro de sodio -insumo vital en la industria minera-, que no habrían respetado los parámetros fijados en las políticas de compra, pagándose sobreprecios millonarios”.
Por otro lado, se hizo hincapié en la necesidad de avanzar en la investigación con respecto a los supuestos compradores del oro en condiciones presuntamente fraudulentas. Asimismo, se indicó que deberá determinarse “la eventual participación de estamentos superiores de la administración pública de aquel entonces, disponiendo las medidas cautelares del caso, de corresponder”.
Meses atrás, El Esquiú.com se hizo eco de la investigación periodística presentada por TN (Todo Noticias) bajo el título “La mafia del oro K: investigan a exfuncionarios por la venta de lingotes”.
La publicación periodística rescata una auditoría del 2016 por la cual se evidenció que en los últimos años creció abruptamente el volumen de venta, ya que en el año 2008 era 12,5 kilos y para el 2015 escaló a unos 1155,25 kilos.
En el mismo informe, según explica TN, muchas empresas que adquirieron el oro eran cerealeras o ganaderas.
Además, remarca que “una gran cantidad carece de capacidad económica para justificar la compra de lingotes de oro”, mencionando a modo de ejemplo a “Siembra y Comercialización de Granos SRL”, que según trascendidos publicados por TN, “estaría vinculada a los hijos del empresario detenido Lázaro Báez”.
