CLEDIS CANDELARESI

Hay una promesa electoral que el Gobierno de algún modo deshonró pero que nunca podría fundar una crítica de la oposición: por su gran envergadura, los subsidios a la energía aún comprometen las cuentas públicas y parece que seguirán haciéndolo más allá del mandato de Mauricio Macri.

Los 71.005 millones de pesos de subvención al sector energético en los ocho primeros meses del año es un número que a los amantes del mercado pone nerviosos.

No es que la gestión de Cambiemos haya abrazado una política que muchos de sus hombres denostan como "populista", sino que los límites políticos a veces son más fuertes que las convicciones que se sostienen desde afuera del poder. O tal vez sea que se desprecian los subsidios a la demanda pero se miran con cierto cariño los que apuntalan la oferta.

Las millonarias subvenciones a la luz y al gas responden a la empecinada estrategia kirchnerista de cuidar el poder de compra de los salarios, la competitividad industrial y, por qué no, alentar la esquiva producción de hidrocarburos. Esa fórmula heredada para algunos fue correcta y para la mayoría oficialista, sacrílega.

La promesa de erradicar los subsidios fue y es muy sincera. Pero la resistencia a los aumentos contracara necesaria del recorte a las subvenciones en el primer momento del mandato macrista obligó a acentuar el gradualismo. Los ajustes continuarán luego de las elecciones, pero dejando mucha tela para cortar. 

Según un informe aún no difundido de la Asociación Argentina de Presupuesto Público (ASAP), de enero a agosto de este año los subsidios a la energía retrocedieron un 24,5% en términos nominales frente al mismo lapso del año anterior, básicamente por recortes en el área eléctrica. Deberes cumplidos, según los números globales.

Claro que, al mismo tiempo, el trabajo de ASAP confirmará que en ese tramo del año treparon de $ 5856 millones a $ 17.799 millones los fondos del Plan Gas, que mejora la remuneración de las empresas productoras. Parte de ese salto se explica porque se liberaron pagos retenidos del programa, que Energía ya está reformulando para hacerlo mucho menos generoso que el que diseñó Axel Kicillof.

Pero un observador malicioso podría sintetizar el cuadro diciendo que le suben la luz a Doña Rosa para ayudar a las ricas petroleras.

Del mismo modo que un liberal genuino y ansioso diría que hay que apurar más el retiro del Estado para que las empresas se entiendan entre sí y con los consumidores. Sin precios sostén de petróleo y gas ni contratos a largo plazo y en dólares como los que el Estado firmó con los generadores de energía renovable.

La cuestión está calentando el debate en ámbitos académicos cercanos al poder, donde se señala como un pecado difícil de purgar que en los ocho primeros meses del 2017 se hayan destinado unos 4000 millones de dólares para subvencionar al sector energético, en distintas formas. Para los detractores de ese apoyo estatal, lo más angustiante es cómo salir de este esquema sin crisis.

Fernando Navajas, de Fiel, plantea un obstáculo para un mercado sin intervención en el que la luz y el gas puedan resultar mucho más caras que hoy. "No podemos volver a los 90, entre otras cosas, porque la distribución del ingreso empeoró". Esta realidad también dificulta su recomendación de eliminar los subsidios cruzados entre consumidores, la escala progresiva por la que los consumos más altos pagan la energía más cara que los otros. La ley, según recuerda, lo prohibiría.

El consultor Francisco Mezzadri otra voz afín a la cosmovisión macrista objeta como un "subsidio fenomenal" los 2300 millones de dólares que la energética del grupo Techint prevé desembolsar en Vaca Muerta, al calor de un precio sostén para hidrocarburos no convencionales. Estímulo al que se le podrían agregar obras estatales de infraestructura para facilitar la tarea privada de todas las empresas que se animen con la apuesta.

Las productoras le dejaron bien en claro a Juan José Aranguren en cuanta ocasión tuvieron que, sin algún tipo de envión estatal, es poco factible realizar inversiones voluminosas y de alto riesgo para alumbrar el tesoro del subsuelo neuquino. El ministro lo entiende y no puede evitar la incomodidad de atender un reclamo empresario que puede juzgar sensato y, al mismo tiempo, subordinarse al mandato de cuidar la caja pública y el bolsillo de la gente de a pie, aunque sea en atención a las urnas.

Dilema similar tuvo que resolver cuando decidió postergar para después de las elecciones los previstos aumentos tarifarios en estos servicios. 

O con la decisión en ciernes para cuando el mercado de las naftas argentino se libere, emparentándose con el internacional: el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) bajará si el valor del barril petrolero y por consiguiente, las naftas suben en el mundo, a fin de amortiguar el impacto sobre los consumidores. Otra vez el auxilio de la caja pública, en ese caso, resignando ingresos.