Los asesores de Dominga ponen sus fichas en que el recién creado tribunal de Antofagasta dé cabida a sus quejas por un proceso mal hecho. A la instancia llegará poco después la nueva multa a Pascua Lama, que superó en primera instancia los 16 millones de dólares. En Santiago, abogados de SQM se defenderán de una millonaria sanción y Canelo, la central del empresario Juan Claro, espera su resolución, a fin de ver si podrá pasarle por entremedio a un convento de carmelitas.
Más de tres años de retraso tuvo la creación del Tribunal Ambiental de Antofagasta. El organismo es clave para regular los asuntos que afectan a las regiones mineras del país, pues tendrá potestad en los reclamos sobre faltas al medio ambiente en proyectos hasta la Cuarta Región.
Su creación no se habría ajustado a los tiempos que tenía en mente el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, ello porque el secretario de Estado habría preferido litigar en Santiago. La lectura oficialista es que casi 9 de 10 fallos presentados ante el organismo en el pasado han sido ratificados a favor de su postura. Estadísticas más, estadísticas menos, lo cierto es que ahora el trabajo se dividirá en dos jurisdicciones, que tendrán frente a sus estrados a caras conocidas del país y casos que generan impacto en la opinión pública.
Las discusiones aterrizan en la instancia que no está libre de críticas. El Tribunal de Santiago ya fue llamado a terreno (a inicios de 2017) por su supervisor director, la Corte Suprema. El máximo tribunal le llamó la atención por los excesivos tiempos de tramitación de sus decisiones.
La apoliticidad del organismo también se ha puesto en la palestra. En el recién creado tribunal del norte su presidente tiene un pasado de vínculos políticos con la DC y RN. En Santiago en tanto, mediante presentaciones a Contraloría, fueron criticadas algunas designaciones. La Fundación Terram acudió al organismo acusando la cercanía entre el ministro Alejandro Ruiz y Marcelo Mena. El Comité de Defensa de la Patagonia, en tanto, señaló que Ruiz tenía relaciones que hacían poco parcial la evaluación de algunos de sus casos. Contraloría dijo que el nombramiento se ajustaba a la probidad.
Con todo, algunos litigantes observan que existe una influencia política en los tribunales, tomando en consideración que las ternas son presentadas por la Presidencia de la República y ratificadas por el Senado. “Sumémosle que después todos estos casos terminan en la Tercera de la Sala de la Corte Suprema, donde es ministro integrante el juez Sergio Muñoz. Es una Sala que mostró resistencia en primera instancia a darle espacio al Tribunal Ambiental, pero que con el tiempo ha validado su quehacer. Hay casos que se han presentado e incluso han terminado peor después de la Suprema, con multas mucho más altas”, dice un jurista de la plaza.
Abogados cercanos a la Corte agregan que, de todos modos, Muñoz hoy no tiene mayoría en la Tercera Sala, tras los cambios de jueces que se han realizado.
Con esas consideraciones a la mano, no solo los abogados de Dominga deberán desfilar ante el Tribunal Ambiental. Otros importantes empresarios cruzan también los dedos para que sus proyectos salgan lo más ilesos posible de la instancia.
En la puerta del horno está el fallo que podría darle viabilidad a la central que planea construir el empresario Juan Claro en San José de Maipo. A través de eléctrica Coyanco y luego de meses de litigio, espera zanjar sus diferencias con sus principales opositoras, las hermanas del convento Carmelitas Descalzas.
Las monjas han hecho de todo por detener el proyecto, hasta rompieron el claustro cuando en febrero llegaron a protestar –por medio de rezos– a la audiencia pública del Tribunal Ambiental. No es todo, pese a que se esperan novedades hace varias semanas, efectuaron una última movida hace solo unos días, con miras a que el empresario no pueda construir la central, que tendrá parte de su servidumbre en los terrenos del convento. Presentaron un escrito de más de 80 páginas, realizado por el sacerdote Francisco Astaburuaga Ossa, doctor en Derecho Canónico, quien señaló que “es de competencia de la autoridad eclesiástica y no civil” autorizar cualquier cambio en el convento. En resumen, plantean que hay que pedirle permiso al Papa.
No es el único apellido de peso que alega sus intereses en la instancia. Recién iniciando la batalla, los abogados de SQM, firma controlada por el empresario Julio Ponce, ingresaron el 20 de julio una reclamación en contra de una millonaria multa que les cursó la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) por su proyecto Pampa Hermosa, una iniciativa que hace rato saca chispas en materia medioambiental.
Ubicada en las cercanías del Salar de Llamara, la planta de yodo y nitratos fue sancionada por una serie de incumplimientos medioambientales. Algunas faltas fueron consideradas gravísimas y les pasaron una boleta por 25.000 UTA (sobre US$ 20 millones). Además de ser una de las multas más altas de la historia cursada por la SMA, en el peor de los casos, la empresa arriesgaría al cierre de su operación. La pelea tiene para largo.
Otro de los casos que tendrá atenta a la opinión pública será el nuevo proceso sancionatorio contra Pascua Lama.
Es un caso de larga data, pero que debería tener avances significativos en lo que queda del año. En 2014, el Tribunal Ambiental ordenó a la Superintendencia de Medio Ambiente rehacer todas las sanciones que le había imputado y que sumaban unos US$ 16 millones. En palabras sencillas, la superintendencia consolidó algunas faltas, pero el tribunal le ordenó desagregar cada una de las sanciones, con lo que la multa se elevaría significativamente.
Respecto a Pascua Lama, persiste la duda sobre si el caso será revisado en la instancia de Antofagasta –el tribunal donde por ubicación geográfica le correspondería litigar– o de Santiago, el cual podría reclamar que, como revisó el caso en el pasado, quiere darle seguimiento.
La estrategia de Dominga
La pelea más álgida en el recién creado Tribunal Ambiental de Antofagasta vendrá de la mano de Dominga. Cercanos al proceso explican que la contundencia del fallo que defina el futuro del proyecto de Andes Iron será clave para “leer la mano” de los jueces del organismo. Según la estrategia de sus asesores, la base de los alegatos no estará en argumentos a favor o en contra de su sustentabilidad ambiental, sino en mayor porcentaje en razones técnicas del debido proceso.
“El proceso abiertamente parece tan irregular y tan parcial que esta será netamente una pelea por el debido procedimiento. Es decir, del total de la discusión, dos tercios van a dirigirse a lo político-técnico y un tercio a argumentos técnicos del proyecto. La influencia de los órganos políticos en la discusión parece tan evidente, que desvía la discusión de los argumentos de las supuestas faltas medioambientales”, señala un conocedor.
Con todo, los casos que serán prontamente fallados y revisados por los tribunales ambientales revelarán qué tanta contundencia tienen sus decisiones y si estas les ponen un freno a aquellos proyectos que abiertamente se han pasado de la raya ambiental.
