Desde hace más de 15 años la política fiscal se ha regido por una regla de balance estructural, que fija los gastos del gobierno central en función de los ingresos con ajuste cíclico. Para el cálculo de estos últimos, la autoridad cita a un grupo de economistas para que estimen el PIB tendencial y el precio del cobre de largo plazo, insumos esenciales para determinar el nivel de ingresos cíclicamente ajustados y, en función de la regla autoimpuesta, determinar los incrementos reales en el gasto efectivo año a año.

Gracias a esta definición de largo plazo en materia de gastos, los gobiernos se comprometieron en el pasado a ahorrar en periodos de crecimiento económico, o cuando el precio del cobre subiera por encima de sus niveles de equilibrio -evitando el sobrecalentamiento en periodos expansivos- y, por el contrario, cuando la economía se contrajo o el precio del cobre se desplomó, el gasto fiscal pudo mantener su vigor, con positivos efectos contracíclicos.

En el pasado, los gobiernos sujetaron su comportamiento en materia de gasto fiscal a una regla con un objetivo definido. Incluso esta administración debutó con la promesa de converger a un déficit de 0% estructural (que se calcula tomando los ingresos con ajuste cíclico menos los gastos corrientes) hacia el final del periodo. No obstante, las altas expectativas generadas en materia de gasto social, los errores en los efectos recaudatorios de la reforma tributaria y el permanente impulso reformista que imperó en el equipo económico inicial de este gobierno, desviaron tempranamente al gobierno de cumplir su compromiso en materia fiscal.

Con la llegada del ministro Valdés, se sinceró el análisis y se introdujo un nuevo esquema de compromiso fiscal: el déficit estructural se iría reduciendo a razón de 0,25% del PIB cada año, pero usando los parámetros de PIB tendencial y precio del cobre de largo plazo del año previo.

Como las estimaciones privadas de las dos variables han sido corregidas persistentemente a la baja, el cumplimiento de la meta fiscal se ha vuelto móvil y, en la práctica, de escaso valor para ajustar el gasto público. Sin ir más lejos, el déficit estructural que se estimaba para este año de 1,5%, con la corrección de los parámetros claves (PIB y precio del cobre), quedará en 1,7% del PIB, que en los números de Hacienda cumple la regla, pero que a los ojos de inversionistas internos y externos, diluye la estricta responsabilidad fiscal que caracterizó a nuestro país.

Es por todas estas razones que el presupuesto público que conoceremos en los próximos días genera tanta expectativa. No solo porque será la última señal fiscal de esta administración, ni porque además lo encabeza un nuevo ministro de Hacienda -que ha comprometido tener al crecimiento como centro y preservar la austeridad fiscal- sino principalmente porque la definición del aumento en el gasto público real para 2018 revelará si las nuevas autoridades económicas son capaces de plasmar en los hechos sus intenciones discursivas. Cualquier guarismo que se acerque o supere el 3% real de incremento en el gasto público -el propio presidente del Banco Central señaló que un crecimiento real del gasto en torno a esa cifra sería prudente- , terminará por sellar la impronta de esta administración como la menos responsable, en casi dos décadas, en materia fiscal.