WALTER RÍOS
Es para evitar impactos en el ambiente durante la remoción. El planteo se hizo ante el Juzgado Federal.
La orden es sacar la montaña de escombros que la minera chilena Los Pelambres armó sin autorización argentina en suelo calingastino y la gestión uñaquista ya realizó su primera propuesta para que los responsables la lleven adelante. A medida que se vaya ejecutando el retiro, que se calcula que demorará años, a la par se deben ir haciendo obras adicionales y de remediación ante cualquier impacto ambiental que se desprenda de dicha tarea. El objetivo es que la remoción no genere ningún daño y que el lugar vaya regresando a su estado anterior al de la instalación de la escombrera.
La propuesta fue presentada la semana pasada por el Ministerio de Minería al Juzgado Federal Nº2, que conduce Leopoldo Rago Gallo. Fue el magistrado el que dispuso el retiro de alrededor de 40 millones de toneladas de rocas al hacerle lugar a un pedido realizado tanto por Fiscalía de Estado de la provincia como del fiscal Federal Francisco Maldonado.
El juez apunta a munirse de opiniones e informes técnicos para poner en práctica la extracción de la escombrera y un puntal clave es Minería, ya que es la autoridad de aplicación y control de la actividad en suelo sanjuanino. De hecho, Rago Gallo dispuso que un grupo de peritos designados en la causa, más personal de Minería y el Instituto de Investigaciones Hidráulicas de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, participen de la elaboración del plan de retiro y de las medidas de aislamiento previas hasta que se comience a realizar la extracción.
Fuentes calificadas aseguraron que el magistrado citará a los profesionales a una primera audiencia, la cual se realizará dentro de un plazo de dos semanas.
Antes de ese encuentro, Rago Gallo envió un oficio al Ministerio de Minería, cuyas autoridades dieron las primeras propuestas. En el escrito, plantean medidas de cierre progresivo, "que resultarían beneficiosas para el ambiente, en vista que permiten una recuperación rápida del terreno y controlan la futura y/o posible degradación ambiental".
El ministro Alberto Hensel explicó que el mismo consiste en que a medida que se vayan retirando las toneladas de rocas, a la vez se desarrollen actividades adicionales o cualquier remediación, como tratamiento de aguas, para "dejar el lugar en el mismo estado en el que se encontraba antes de la instalación de la escombrera", resaltó. La preocupación oficial es que una vez que se comience a sacar los residuos, se genere, por ejemplo, drenaje ácido de las rocas que vayan quedando.
El Gobierno busca que la remoción se realice respetando todas las garantías ambientales y que nada quede librado al azar. El trabajo demandará años y por eso la apuesta es que mientras se lleven a cabo las tareas no haya impactos al ambiente. Hensel destacó que exigirán que el plazo máximo de retiro sea de cinco años, el tiempo que se tomó Los Pelambres (de 2007 a 2012) en construir la escombrera en el lado sanjuanino. Los detalles técnicos de la propuesta, de avanzar, se definirán en las reuniones con los peritos y expertos.
El planteo se basa también en que la construcción de la escombrera "generó utilidad a quien la construyó o permitió que se localizara en territorio argentino". Por el caso, hay una investigación penal que tiene en la mira a exdirectivos de la minera chilena, aunque el juez también puso en la mira a las autoridades de Glencore, dueños del terreno, ya que durante años no hicieron nada para evitar la maniobra.
Insuficiente
Los Pelambres presentó una propuesta de aislamiento de la escombrera en la causa civil, pero el Ministerio de Minería la calificó de insuficiente en el escrito que presentó ante el Juzgado Federal Nº2 y exigió cambios.
El juez Federal Rago Gallo también dispuso la realización de acciones de prevención sobre la escombrera hasta tanto comiencen las tareas de remoción. El magistrado ordenó las medidas en agosto, luego de que una pericia oficial revelara que los escombros contaminan lagunas cordilleranas, son un foco de generación de drenaje ácido y metales pesados, y que estos últimos podrían afectar los suelos y las napas. El peligro además radica en que las aguas que bajan de la escombrera pueden confluir en el río Carnicería, uno de los afluentes del San Juan.
En 2014 y 2015, la empresa Glencore, dueña del terreno donde está el proyecto de cobre El Pachón, demandó y denunció a Los Pelambres por arrojar unas 40 millones de toneladas en la zona. Por la causa penal, ya fueron indagados por los delitos de contaminación y usurpación de suelo y agua los exgerentes de la minera chilena Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerda Mery y Robert Mayne-Nicholls, más Francisco Veloso, CEO de Antofagasta Minerals. Pero el juez además interrogará a autoridades de Glencore, ya que si bien iniciaron las acciones legales, lo hicieron mucho tiempo después de que la escombrera empezara a construirse y por lo tanto no hicieron nada para impedirlo.
