Dice que en un país que cuenta con instituciones fuertes y reglas de juego claras, la decisión de un comité gubernamental de bloquear el proyecto de US$2.500 millones de Dominga, incluso después de que fue respaldado por los reguladores, ha generado conmoción en la minería.
El manejo por parte de las autoridades chilenas de un proyecto de mineral de hierro provocó una tormenta política que le costó el trabajo a dos ministros. La industria espera que la experiencia sirva para mantener la política fuera de los proyectos en el futuro.
En un país que cuenta con instituciones fuertes y reglas de juego claras, la decisión de un comité gubernamental de bloquear el proyecto de US$2.500 millones de Dominga incluso después de que fue respaldado por los reguladores ha generado conmoción en la industria.
La empresa detrás del proyecto, Andes Iron, dijo que los ministros apresuraron el proceso para complacer una agenda política; el expresidente del país Sebastián Piñera alguna vez fue dueño de una participación indirecta en el proyecto, al igual que un empresario que ahora se enfrenta a denuncias de soborno. El jueves, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y el ministro de Economía, Luis Carlos Céspedes, renunciaron después de que la presidenta Michelle Bachelet señaló su apoyo para rechazar el proyecto por razones medioambientales.
“Un comité político no puede tener la última palabra en un proyecto donde el 99,9 por ciento de las variables son técnicas”, dijo Marcelo Awad, jefe de operaciones chilenas de Wealth Minerals Ltd. y expresidente ejecutivo de Antofagasta Minerals SA, por teléfono. “Esto establecerá un precedente para que esto nunca vuelva a ocurrir”.
Ubicado a unos 30 kilómetros de la Reserva Nacional de Pingüino de Humboldt en el norte de Chile, el proyecto Dominga planteó problemas ambientales cuando fue presentado por primera vez en 2011. Sin embargo, la autoridad local de medio ambiente recomendó la aprobación.
El proyecto llamó la atención de la población chilena en febrero cuando se reveló la anterior participación de Piñera. La controversia creció cuando se supo que la hija de la presidenta Bachelet poseía tierras a 12 kilómetros del proyecto.
Un mes más tarde, la autoridad local rechazó el proyecto por razones medioambientales y la semana pasada el comité ministerial hizo lo mismo después de solo dos días de revisión del caso. Andes Iron dijo que apelará a un tribunal de medio ambiente.
“Esto parece más una decisión política que técnica”, dijo Christian Durán, socio líder de minería de Deloitte en Chile, por teléfono desde Santiago. “Espero que las decisiones que generan tal controversia no vuelvan a suceder y que haya más sentido común en el futuro”.
La controversia se basa en un debate sobre el crecimiento económico frente a la protección del medio ambiente. La decisión sobre Dominga surgió cuando la mayor nación productora de cobre comenzó a ver signos de recuperación después de una dolorosa caída de las materias primas.
Solo días antes del rechazo de los ministros, BHP Billiton Ltd. dio luz verde a una expansión de US$2.500 millones de su mina Spence y la producción de cobre subió en julio respecto al año anterior por primera vez desde enero de 2015.
“Avanzar sostenidamente a mayores niveles de crecimiento requiere disciplina y convicción del gobierno y abrir espacios para que el sector privado pueda desplegar su iniciativa con reglas claras y estables”, dijo Valdés a los periodistas el jueves cuando renunció. “Creo que no logré que todos compartieran esta convicción”.
Sin duda, no es la primera vez que los políticos intervienen para bloquear proyectos ya aprobados. En 2010, el propio presidente Piñera pidió a la francesa GDF Suez que buscara un nuevo terreno para un proyecto de energía eléctrica de 540 megavatios.
Se espera que Dominga extraiga 12 millones de toneladas de mineral de hierro y 150.000 toneladas de concentrado de cobre al año. Andes Iron dijo que la operación de bajo costo y alta pureza generaría US$500 millones en ganancias antes de artículos. La compañía dijo que estaba en conversaciones avanzadas con un grupo chino y japonés para financiar el proyecto cuando fue rechazado.
“Dominga ha sido la última gota para un gobierno que lucha por entender que sin crecimiento no hay igualdad o distribución de la riqueza”, dijo Francisca Pérez, economista sénior de BCI, por teléfono desde Santiago. “Este es un llamado para que volvamos a lo que hemos hecho bien en las últimas dos décadas: ser tecnócratas y planificar el crecimiento”.
