César Gutiérrez
Han transcurrido siete meses desde que se dio por terminado el contrato de concesión denominado “Mejoras a la Seguridad Energética y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”; y el gobierno se encuentra entrampado en los mecanismos administrativos para culminar con lo estipulado en la relación contractual, asimismo en definir la cobertura del cofinanciamiento y la formulación de las reglas de un proceso de competencia. Mientras tanto, desde la agencia estatal Proinversión, ilusamente dan por certero que en el primer semestre del próximo año se tendrá un nuevo concesionario en funciones.
Desde el inicio hubo premura por exhibir artificiosamente capacidad de reacción; la realidad mostró desconocimiento y desprolijidad en el manejo. Luego de la ejecución de la carta fianza de fiel cumplimiento a fines de Enero pasado, por la suma de 262 millones de dólares (MMUS$), empezó el drama. Se emitió el Decreto de Urgencia (DU) 01-2017, que encargó al Osinergmin, la contratación de un administrador de los bienes de la concesión, cuyos servicios serían honrados con los recursos provenientes de la carta fianza ejecutada. Siguiendo el mandato legal, el regulador energético estatal contrató por concurso, por el plazo de un año, por la suma de 46.9 MMUS$, a la empresa Técnicos SAS.
En primer término, queda en tela de juicio para los juristas la validez de emitir un DU. En segundo lugar, la redacción de la norma referida nos lleva a una discusión legalista, pues el contrato no refiere a un administrador sino a un interventor. En tercer lugar, los bienes de la concesión no están a nombre del concesionario sino del contratista encargado, Odebrecht Ingeniería & Construcción Internacional, con lo cual el administrador no tiene que administrar y finalmente el Estado no tiene razones para gastar un céntimo de la carta fianza en la administración de los bienes, pues esa no era la finalidad de la garantía.
Tal como van las cosas, el desenlace va hacia un arbitraje internacional que puede ordenar al estado peruano, pagar el valor contable neto de los bienes, que según un hecho de importancia reportado por Graña y Montero SA, se deduce que ascendería a 2,007 MMUS$. Desmanejo gubernamental preocupante de improvisados pseudotecnócratas.
