La ocupación de campos en cercanías de Vaca Muerta por parte de miembros de una agrupación mapuche autodenominada Fvta Xayen empieza a tomar notoriedad nacional.
El fiscal Pablo Vignaroli imputó a 21 ocupantes de los campos tomados en Tratayén por una comunidad que pide ser reconocida. El tema cobra trascendencia nacional.
La ocupación de campos en cercanías de Vaca Muerta por parte de miembros de una agrupación mapuche autodenominada Fvta Xayen empieza a tomar notoriedad nacional.
El fiscal Pablo Vignaroli imputó días atrás a 21 integrantes de la ocupación que ya lleva casi tres meses sin solución. A pesar de que hay un reclamo por derechos ancestrales por parte de la comunidad, la fiscalía entendió que se trata de una usurpación de campos que son de propiedad privada.
El gobierno provincial no reconoció aún a la comunidad y los dueños de los campos usurpados fueron a la Justicia. Hubo un desalojo fallido y ahora esperan una resolución.
La situación preocupa a los consorcios de riego de Tratayén y San Patricio del Chañar, ya que la usurpación se ubica en la bocatoma de riego, algo que podría poner en peligro los cultivos de frutales.
El caso ya tomó trascendencia a nivel nacional. A tal punto, que trascendió que el abogado José Velásquez (quien participó de la causa de la efedrina en la provincia de Buenos Aires) y aliado del macrismo, desembarcará en estos días en la región para sumarse al equipo de Juan Fitipaldi, abogado de los consorcios.
Los campos, pertenecientes a las familias Formaro, Ferracioli, Galván, Paredes y Varones, están ocupados desde el 18 de mayo pasado. Los ocupantes ingresaron y los dueños no pueden acceder a las tierras, por lo que radicaron una denuncia por usurpación.
El juez de Garantías Mauricio Zabala dio cuatro meses de investigación antes de que la causa sea elevada a juicio. Sin embargo, para el fiscal Vignaroli hubo una planificación previa de la ocupación.
El tema preocupa a la Provincia desde hace más de 90 días.
GERARDO BILARDO
El área más dinámica de Vaca Muerta para la industria petrolera se está transformando en zona caliente por la presencia de conflictos que crecen en intensidad y se repiten con frecuencia. La disputa por los puestos de trabajo mejor remunerados en el gremio de la construcción y la ocupación de espacios territoriales con planteo de derechos ancestrales por parte de pobladores que buscan el reconocimiento de orígenes mapuches genera un clima de tensión elevado, tanto que han colocado a Añelo, la localidad cabecera del desarrollo petrolero, en un lugar cada vez más visitado por policías con cascos, chalecos y armas que lanzan balas de goma y gases lacrimógenos.
Una mirada cargada de desconfianza baja desde las empresas con intereses en Loma Campana y en otros desarrollos no convencionales dentro de la formación geológica estrella de la cuenca neuquina. El gobierno no logra encauzar el conflicto por el cruce de intereses enmarañados. Y pese a todo, la suma de planteos sectoriales aún no ha frenado la continuidad de anuncios de inversión de nuevos proyectos.
Sobre el fin de esta semana, una simple búsqueda laboral de personas sin empleo se hizo en Añelo bajo una fuerte presencia policial. La imagen que se vio no transmitió tranquilidad y ocurrió frente al acceso de la empresa Techint. Al día siguiente, la contracara: llegó el anuncio de la asociación de la petrolera noruega Statoil con YPF para llevar a adelante una inversión en Bajo del Toro, un área cercana a Rincón de los Sauces.
El mismo día en que el gobernador Omar Gutiérrez difundía esta noticia, adornada con agregados sobre la importancia que tiene para Neuquén y el país el desembarco de la nueva compañía, un sector de la Uocra bloqueaba accesos a un yacimiento en la misma localidad donde Statoil focalizará sus intereses.
El intendente de Añelo, Darío Díaz, hizo esta semana una confesión políticamente incorrecta, pero que muestra con crudeza el clima que se respira en el gobierno municipal frente a estos conflictos. Podría ser una opinión personal, pero la de Díaz no deja de ser una voz del oficialismo. En declaraciones que formuló a este diario dijo que si él fuera inversor “no traería plata a Vaca Muerta” por las condiciones de conflictividad existentes.
Con el fin de detener esta ola y posibles hechos de violencia, la Justicia, con respaldo político del gobierno, actuó ayer con allanamientos simultáneos, detenciones y secuestros de armas y municiones en casas de dirigentes de sectores enfrentados de la Uocra. “Esto tiene que ser el fin y el principio de una nueva instancia que priorice el diálogo y no la violencia”, dijo ayer una fuente del gobierno.
En tiempos más o menos recientes, sucesivos gobiernos del MPN e integrantes de diferentes conducciones de YPF han construido ganadores y perdedores en los campos petroleros a través del armado de alianzas y la creación de beneficios que consolidaron usos y costumbres que hoy son difíciles de desarticular. Ambos tienen algún grado de responsabilidad en este proceso y, aunque no habrá reconocimiento oficial, tanto el MPN como la petrolera han contribuido a que el conflicto siga la ruta del dinero.
Esto ya ocurrió en tiempos en que el reservorio de gas de Loma La Lata cotizaba en alza y vuelve a suceder con la expectativa que generan las explotaciones en Loma Campana y alrededores. El impacto de la apuesta de Techint para Fortín de Piedra supera al que tuvo YPF y Chevron en Loma Campana. No es sólo por el monto de la inversión prometida, sino porque será en un plazo más corto, estimado en tres años.
Para un gobierno que tiene atados los ingresos presupuestarios al desarrollo de la industria de los hidrocarburos, que opera con sectores gremiales todo el tiempo y utiliza la negociación para resolver el conflicto territorial con mapuches y pobladores en el interior, estos conflictos ocupan lugares de relevancia porque, además, pueden desestabilizar la base que mantiene sustentable el proyecto político del partido provincial.
