El proyecto de la acerera recibió el visto bueno de la Comisión de Evaluación de Coquimbo, pero se entrampó debido a las reclamaciones de grupos ambientalistas.
El proyecto “Puerto Cruz Grande” de CAP ha vuelto al debate tras el rechazo del Comité de Ministros a la iniciativa minera Dominga. De hecho, ha sido usado como argumento por el director ejecutivo de Andes Iron Iván Garrido, para ilustrar la “arbitrariedad” del grupo que evaluó negativamente la iniciativa la semana pasada. Esto, debido a que el puerto de la acerera se encuentra más cerca a la Reserva de Pingüinos de Humboldt e implicaría un mayor tráfico fluvial en relación al de Dominga.
El camino inicial que recorrió la iniciativa de CAP fue bastante similar al de Dominga, aunque más expedito. El proyecto presentó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en 2012 ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Es decir, un año antes que la obra de Andes Iron. Un año y medio después, Cruz Grande recibió el visto buena de la entidad, un plazo bastante menor a los 42 meses que duró la tramitación de Dominga antes de recibir el visto bueno del sistema.
Sin embargo, a diferencia del proyecto de Andes Iron, el de CAP recibió una calificación favorable de parte de la Comisión de Evaluación de Coquimbo en enero de 2015. Dominga, en cambio, fue rechazada por la misma instancia en febrero de este año.
Eso no significa que Cruz Grande haya estado exenta de polémicas: meses después de recibir el visto bueno de la Comisión de Evaluación de Coquimbo, organizaciones medioambientales interpusieron en el SEA un recurso de reclamación contra su resolución favorable, el cual fue acogido sólo parcialmente por el Comité de Ministros. Las organizaciones arremetieron ante el Tribunal Ambiental de Santiago para revertir esta decisión. Este último rechazó los alegatos de los grupos ambientalistas y dio luz verde al proyecto.
En el caso de Domingo, la iniciativa también acudirá al Tribunal Ambiental para revertir la decisión del Comité de Ministros y así despejar la vía para concretar la construcción del proyecto. Eso sí, todavía no existe claridad si lo presentarán ante la sede de Santiago o la de Antofagasta, la cual todavía no se constituye. Para evaluar el Tribunal al que se acudirá, será necesario contar con la notificación del Comité de Ministros, el cual no tiene un plazo fijo para emitir la resolución.
Crítico de las declaraciones de esta semana del ministro Mena, plantea: “La única posibilidad es que él no conocía el expediente, y si no lo conocía, uno se pregunta cómo pudo votar. La verdad, uno queda perplejo frente a lo básico de su argumentación; es una argumentación débil para un ministro de Estado”.
Sin siquiera empezar a construirse, Minera Dominga ha requerido una inversión de US$ 300 millones para Andes Iron, la dueña del proyecto. Luego de tres años y medio de tramitación ambiental, cientos de profesionales involucrados tanto en el ámbito público como privado y un gasto de US$ 26 millones en estudios, el presidente ejecutivo de Andes Iron y cabeza de Dominga, Iván Garrido, reclama que tras el rechazo del Consejo Regional del pasado 9 de marzo y del Comité de Ministros este lunes 21 de agosto, hay una responsabilidad del gobierno de la Presidenta Bachelet.
-El rechazo a Dominga de este lunes, ¿fue una decisión política?
“No sé las motivaciones de los ministros para haber votado como lo hicieron. Pero de acuerdo a lo que ha planteado el ministro Mena y por cómo ocurrieron las citaciones, nos parece al menos irregular, entre gallos y medianoche”.
“El comité de ministros debe citarse con 10 días hábiles de antelación, por dos razones: para que se compatibilice la agenda de los ministros, y la segunda es para que los ministros y sus equipos tengan el tiempo adecuado para poder profundizar y enterarse de todas las complejidades del estudio ambiental de Dominga, que tomó tres años y medio, y poder votar de acuerdo al mérito del expediente”.
“Además, el Comité pidió más informes, que fueron llegando el mismo viernes. Pero esos informes deben ser contrastados con el Informe Consolidado de Evaluación y requieren un análisis técnico”.
-¿Considera que se vició el proceso en el Consejo Regional y en el Comité de Ministros?
“En la Comisión Regional, algunos seremis (salud, energía y transportes) y el intendente mostraron falta de motivación, arbitrariedad e ilegalidad. Creemos que jurídicamente demostramos eso en la reclamación presentada ante el Comité de Ministros. Nuestra reclamación no fue por aspectos ambientales, fue por estas otras razones antes mencionadas. Pero por lo menos en lo que ha hablado el ministro Mena en profusas entrevistas y por la decisión del ministro de Economía de retirarse, eso parece que no se trató en profundidad en el Comité de Ministros, por lo cual también en esa instancia hay una arbitrariedad o un vicio en el proceso”.
“Usted no puede responder A cuando le están preguntando por Z”.
“Uno ve un agravio a la institucionalidad del país, que es la base del desarrollo”.
-¿Y a qué se debe a su juicio este actuar?¿Considera que el ministro Mena tiene un sesgo ideológico o político que afecta la legalidad del proceso?
“No puedo entrar en la mente de un ministro, pero cuando se ha hecho un estudio ambiental complejo, durante tres años y medio, invirtiendo US$ 26 millones, con la participación de cientos de profesionales, con cuatro Icsaras (Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones), cuando uno ve todo este proceso y escucha la argumentación tan débil como la que da el ministro o la comisión regional, como decir que ‘quiero estándares mejores para mi país, que están fuera de la ley’, uno ve ahí un agravio a la institucionalidad del país, que es la base del desarrollo”.
-El ministro Mena tiene en sus manos el Informe Consolidado de Evaluación del SEA, que es favorable al proyecto, y otro que pidió al subsecretario de Medio Ambiente, que llegó recién el viernes, que sería adverso al proyecto. ¿Cuál pesa más?
“El Informe Consolidado de Evaluación (ICE) es el resultado del proceso de evaluación, riguroso y argumentado. Un informe del subsecretario de Medio Ambiente da cuenta de aspectos puntuales. Por supuesto que el ICE es más importante, no obstante que los informes posteriores tienen que ser contrastados con el ICE”.
“El ministro Mena habla de ‘deficiencia en la línea base’ o ‘que no habría considerado las sinergias con el puerto Cruz Grande, de la CAP’ y ¡esos dos aspectos están! ¡La línea base son dos años de levantamiento! ¡Yo participé de una reunión con el señor Troncoso, ex director del SEA, discutiendo de las sinergias con Cruz Grande que teníamos que incorporar y las incorporamos después!”.
-¿Desconoce el ministro Mena el estudio ambiental de Dominga?
“A la luz de sus comentarios y sus declaraciones, la única posibilidad es que él no conocía el expediente y si no lo conocía, uno se pregunta cómo pudo votar. La verdad, uno queda perplejo frente a lo básico de su argumentación. Es una argumentación débil para un ministro de Estado”.
“Hay una caricaturización: o lo medioambiental o el desarrollo, pero en el mundo se puede compatibilizar”
-¿Qué le pedirán al Tribunal Ambiental?
“A la luz de lo que ocurrió en el Consejo Regional, a la luz de los argumentos del señor Mena y del ministro de Economía, se agravó la arbitrariedad. Vamos a reclamar al Tribunal Ambiental que se declaren ilegales las resoluciones del Consejo Regional y del Comité de Ministros. Esto es un asunto de máxima gravedad para el país, porque no estamos discutiendo el fondo, sino un procedimiento con vicios de consentimiento”.
-¿Tiene antecedentes de que en la votación del Consejo Regional en marzo y el Comité de Ministros, ahora, hubo una directriz de La Moneda?
“No tengo evidencia de aquello. Pero el intendente tiene una dependencia con el Ministerio del Interior, que tiene que haber estado enterado de cómo iba a votar en la comisión regional; uno intuye que tuvo que haber existido una conversación, un diálogo previo, porque este era un proyecto que había sido discutido por la prensa”.
“Y creemos que el Ministerio del Interior tiene que conversar con sus superiores, que es la Presidencia, más aún en un Comité de Ministros, que dependen directamente de la Presidencia. Esto claramente tiene que ver con la administración de la Presidenta Bachelet”.
“Cuando sale la ministra Paula Narváez (secretaria general de Gobierno) diciendo que esto se ajusta y respeta la institucionalidad, en nuestra opinión y con mucho respeto, creemos que es todo lo contrario. Esta resolución del Comité de Ministros transgrede doblemente la institucionalidad ambiental de Chile, por los argumentos que hemos discutido”.
-Dado que esto tiene que ver con la Presidenta Bachelet. ¿Le pedirán audiencia para hablarlo?
“Honestamente, no lo hemos pensado. Nos hubiera gustado hablar con todas las autoridades, porque de buena fe hemos buscado todas las alternativas para mejorar nuestro estudio ambiental, específicamente respecto de estas discusiones sobre el otro puerto (Cruz Grande), que se relaciona con la planificación territorial”.
“Hemos estado dispuestos a sentarnos a una mesa y buscar soluciones para mejorar los estándares ambientales, para dar cabidas a las legítimas intenciones de organizaciones sociales para cuidar el medio ambiente. Pero no nos han llamado. Propusimos en nuestra reclamación un centro de investigación con resultados vinculantes para Dominga y un acuerdo marco con la comunidad de La Higuera, donde compartimos parte de los beneficios del proyecto.
Confiamos en que íbamos a tener una discusión con altura de miras para mejorar nuestra propuesta. Creíamos que el comité de ministros iba a probar con condiciones nuestro proyecto. Pero nunca fuimos llamados. El señor Mena no se refiere ni por lejos a los asuntos que reclamamos y menos a estas propuestas adicionales”.
“Hay una caricaturización: o lo medioambiental o el desarrollo, pero en el mundo se puede compatibilizar. En California hay siete santuarios de la naturaleza y coexisten armónicamente con la actividad económica”.
“Aquí (en la zona de Coquimbo) hay 2.000 barcos que pasan al año más cerca de las áreas protegidas que los buques que contempla nuestro puerto, que además son 50 anuales. Y además, el puerto de la CAP tiene más buques que el nuestro y está aprobado con la misma institucionalidad ambiental. Entonces uno dice: “por favor, que alguien nos explique qué hemos hecho mal'”.
“Tengo que tener esperanza en los tribunales ambientales y de justicia de este país”
-El senador Guido Girardi ha hecho una activa campaña contra el proyecto en las redes sociales. ¿Qué tanto pesó él en la votación del consejo regional y del comité de ministros?
“La verdad es que no sé. Pero sí sé que el senador Girardi participó de la estructuración de la institucionalidad medioambiental; es un senador de la República. Que él, habiendo participado del rayado de cancha institucional, patee la mesa y diga que no está de acuerdo, eso es de la máxima gravedad, porque él como legislador sabe que el Legislativo es el camino para mejorar y corregir la institucionalidad medioambiental; él participa con estas reglas del juego”.
“No puede ir a atacar un proyecto que sí cumple con la institucionalidad”.
“Pero si él llama a querellarse contra los seremis que voten a favor de un proyecto porque de acuerdo a sus estándares, en su cabeza, no cumple, cuando la institucionalidad que él ayudó a crear está diciendo que sí cumple los estándares, hay ahí una inconsistencia e incoherencia significativa que daña el acuerdo sociedad de la democracia de un país”.
-¿Qué confianza tienen en el Tribunal Ambiental?
“El proyecto Dominga se judicializó. Las entidades técnico-políticas no han podido resolverlo con las incoherencias que hemos descrito aquí. Aquí fracasó el Estado”.
“Yo tengo que tener esperanza en los tribunales ambientales y de justicia de este país. Porque estamos en democracia, si dudamos de los tribunales estaríamos en una crisis muy profunda en Chile. Tengo la esperanza, más disminuida y afectada, por cierto, pero tengo la esperanza de que los tribunales resuelvan en consecuencia a los méritos del expediente y de nuestro proyecto”.
“Esperamos que los tribunales de justicia reviertan esta arbitrariedad y podamos retrotraer y empezar de nuevo la votación”.
“Que él, habiendo participado del rayado de cancha institucional, patee la mesa y diga que no está de acuerdo, es de la máxima gravedad, porque él, como legislador, sabe que el Legislativo es el camino para mejorar y corregir la institucionalidad medioambiental”.
“Esperamos que los tribunales de justicia reviertan esta arbitrariedad y podamos retrotraer y empezar de nuevo la votación”.
“El proyecto Dominga se judicializó. Las entidades técnico-políticas no han podido resolverlo con las incoherencias que hemos descrito aquí. Aquí fracasó el Estado”.
Caso Penta y Pablo Wagner: “No ha afectado ni debería afectar el proceso”
-¿Cuánto influyó en el rechazo a Dominga que la familia Délano -involucrada en el Caso Penta- sea el actual controlador de Dominga y que antes participara la familia Piñera Morel?
“No creo que haya influido, en lo absoluto. Si eso pesó, me parecería que estamos en una crisis política muy profunda en el país. El caso Penta está siendo resuelto por el Ministerio Público y los tribunales de justicia. En el caso de Andes Iron, nosotros no estamos involucrados, no estamos formalizados”.
“En el caso de la familia Piñera Morel, el Ministerio Público dice que no hay mérito para seguir investigando. Seguir insistiendo con el caso Penta, con Piñera, cuando las instituciones de este país han remarcado que no hay antecedentes formales que ameriten una investigación ni una formalización, ahí hay una intencionalidad política”.
-¿Y la actuación de Pablo Wagner, que como subsecretario de Minería mantuvo un vínculo con Penta?
“Nosotros creemos que en democracia uno puede tener una legítima sospecha, pero cuando se investiga y no se formaliza porque no hay mérito, no debería afectar”.
-El ex subsecretario Wagner sí fue formalizado…
“Pero respecto del caso Penta, no por Andes Iron (Dominga)”.
“Pero volviendo a su pregunta, no ha afectado ni debería afectar el proceso de un estudio de ambiental”.
Una historia hasta ahora no contada, un relato esencial para entender los movimientos de la compañía y los comportamientos de sus protagonistas.
La tarde del jueves 17 de agosto, el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, informó a los integrantes del Comité de Ministros -compuesto, además, por los titulares de Energía, Minería, Economía, Agricultura y Salud- de un repentino cambio en la pauta de temas que se tratarían en la próxima cita que se realizaría el lunes 21, a las 7.30 de la mañana. Ahora, el punto central de la tabla sería el proyecto Dominga, de Andes Iron, controlado por las familias Délano y Garcés.
Cercanos a la compañía dicen que en la minera los ánimos estaban calmos. Desde que la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de la Región de Coquimbo rechazara la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) otorgada a la iniciativa de US$ 2.500 millones, las señales que habían llegado desde el gobierno apuntaban a que la problemática estaría superada y que al menos cuatro de los seis ministros apoyarían el proyecto. Por eso la sorpresa fue mayor cuando el proyecto se rechazó.
Asesores de Dominga justifican la sorpresa en que los buenos augurios no provenían sólo del área económica del gobierno, sino también del Ministerio del Interior. De hecho, esto último fue lo que los motivó a no presentar el recurso denominado silencio administrativo, el cual desde el 10 de agosto podrían haberlo tramitado.
Tenían poderosas razones para no hacerlo. La segunda semana de marzo, al día siguiente del rechazo del CEA, ejecutivos de Dominga tuvieron una cita con altos personeros del Ministerio del Interior. Conocedores de la reunión indican que incluso a la compañía se le habría señalado que el rechazo del CEA se revertiría en el Comité de Ministros, porque Dominga era un proyecto importante para generar empleo y dar señales de reactivación de la actividad minera. En el transcurso de los meses vinieron otros contactos.
Pero el apuro con que fue convocado el Comité de Ministros levantó las primeras dudas en la firma. El fin de semana fue tenso, no sólo por la ansiedad de lo que pasaría el lunes, sino también porque a medida que avanzaba el domingo comenzaban a llegar señales de que algo no iba bien.
Cercanos a los hechos indican que hubo llamados de último minuto desde asesores del equipo económico del gobierno a la empresa para alertar que el lunes podría pasar cualquier cosa, porque estaban ingresando documentos de última hora con información desfavorables para el proyecto.
¿Qué ocurrió entremedio? Fuentes de gobierno rechazan que haya habido una especie de pacto al momento de votar y niegan la existencia de reuniones o llamadas desde La Moneda induciendo una forma de actuar.
Pero la actuación de Economía dejó en evidencia que algo pasó y que el ministro recurrió a la petición de 72 horas más para analizar la nueva documentación, para que quedara en evidencia que hubo ruido en el proceso.
Luis Felipe Céspedes se abstuvo de votar, e incluso salió antes de la reunión de ministros, argumentando improvisación y falta de tiempo para entregar una decisión fundada, lo cual generó un fuerte rechazo de La Moneda y un quiebre entre el equipo económico y político. Ello se acentuó con las declaraciones del subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, quien el miércoles señaló que “se tomaron decisiones apresuradas”.
El viernes, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, remató la acción de Céspedes y Micco: en Tele13 Radio señaló que los ministros no sólo tenían que respaldar la institucionalidad, “no corresponde que nosotros estemos haciendo debates sobre determinado tipo de situaciones que se producen en los organismos de gobierno por los medios de comunicación. Eso no corresponde. Nosotros respaldamos las decisiones institucionales que se toman dentro de la institucionalidad del país, como bien lo afirmó la vocera”.
Aleuy dejaba así en evidencia un quiebre, pero no por un tema de fondo, no porque estuvieran a favor del proyecto, sino porque no habían acatado los procedimientos, lo cual dejaba en mal pie al gobierno y con un forado enorme para defenderse en los Tribunales Ambientales.
Asesores del proyecto creen que Aleuy es disciplinado con el orden, y que por esa razón, cuando vio que el proyecto se cayó, decidió acatar la institucionalidad. La otra tesis es que se dieron señales falsas a Dominga para que la empresa no acudiera al silencio administrativo.
El silencio de Valdés
La gran interrogante es el ministro Valdés. Si bien hay quienes interpretan que Micco fue el fusible para enviar señales a La Moneda del descontento del ministro, este salió a poner paños fríos a los polémicos dichos del subsecretario y sólo indicó que prefería “no hacer ninguna declaración por el momento; quiero conversar con algunas personas todavía y ahí, cuando tenga algo que decir, les voy a contar”. Misma posición, comentan cercanos al jefe fiscal, tomó cuando comenzó la polémica entre Codelco y la Contraloría, donde Valdés primero fijó una posición sobre la situación y luego la mantuvo hasta el final.
Hay quienes creen que Valdés está evaluando la forma de cómo parecer acatando la decisión, pero a la vez manifestar su desacuerdo con ella.
En Andes Iron tendrían razones para creer que por ahí van los tiros. En abril, el gerente general de la compañía, Iván Garrido, llegó a Teatinos 120, a las oficinas del Ministerio de Hacienda, en compañía de ejecutivos del banco de inversión internacional Rothschild y también representantes de un reputado estudio de abogados de la plaza. La cita -que no figura en la Ley de Lobby, porque fue solicitada por la repartición pública- fue encabezada por el propio ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y el tema a tratar fue Dominga. En Hacienda dicen que “el objetivo de la cita fue explicar que la evaluación ambiental es un proceso reglado, que el conocido rechazo (de la CEA en marzo) constituía una etapa de este proceso y que en Chile las instituciones funcionaban sin interferencias externas”. Sin embargo, también hay versiones de que esa reunión permitió al banco Rothschild irse con una idea clara: Dominga contaba con el respaldo del equipo económico del gobierno, por lo cual podía seguir con el proceso de búsqueda de un socio.
Esto explicaría la reacción de Iván Garrido el lunes, cuando se rechazó el proyecto. “Me siento decepcionado con la forma como se ha ejecutado la institucionalidad”. Quienes conocen al ejecutivo señalan que ese era un claro mensaje a los miembros del gobierno que le habían señalado que Dominga saldría adelante.
Hay quienes estiman que en la determinación de los ministros algo pesó el denominado “factor Girardi”. Recuerdan que el día previo a la votación de la CEA de Coquimbo, el senador difundió en redes sociales y medios de comunicación su advertencia a los miembros de dicha instancia, tratándolos de “criminales ambientales si aprueban la resolución ambiental del proyecto”, publicando, a su vez, las fotos, teléfonos y emails de los 12 participantes.
Por otro lado, el senador Girardi, junto a Oceana impulsó una campaña en redes sociales en la cual llamaba a los ministros a rechazar Dominga. También llamó la atención la publicidad en medios de comunicación electrónicos en contra del proyecto, publicidad que al ser “pinchada” arrojaba a un link de la página del parlamentario.
Personas relacionadas al proyecto creen que este factor influyó en el rechazo de Dominga. De hecho, cercanos al senador se habrían acercado a los ejecutivos de la compañía planteándoles que debían revaluar el proyecto, específicamente les propusieron que no construyeran el puerto previsto en la iniciativa y que intentaran llegar a un acuerdo con CAP, donde la acerera tiene aprobado el proyecto Cruz Grande, ubicado en Punta Mostacilla.
Pero las conversaciones también fueron con CAP. Los acercamientos fueron intensos, indican conocedoras de las tratativas. Incluso, en julio se realizó una reunión informal en el Club de Golf de Los Leones, donde un alto ejecutivo de CAP le planteó a Garrido que ocuparan las instalaciones de la firma, que ya habían sido aprobadas ambientalmente, para evitar la duplicidad de puertos en la comuna, dado que ambas iniciativas se encuentran en las cercanías de la Reserva de Pingüinos del Humboldt. Sin embargo, la propuesta no era conveniente para Dominga, dado que para poder realizar la planta desaladora y el ducto que traslade el mineral desde la mina hacia el puerto tendría que volver a ingresar a tramitación ambiental, lo que demoraría los plazos de la iniciativa en al menos dos años.
Futuro de Dominga
Ahora, en la compañía están esperando que el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, en su calidad de presidente del Comité de Ministros, emita la resolución correspondiente para poder iniciar el proceso en el Tribunal Ambiental.
Uno de los puntos fuertes que sustentará la defensa de Dominga será declarar ilegal la sesión del Comité de Ministros, por los plazos en que fue citada. Si bien fue con 10 días previos -como indica la norma-, había sido convocada, pero para debatir sobre el proyecto de optimización de la minera Cerro Casale, de Barrick. Dominga se puso en tabla a última hora.
El argumento central será la existencia de vicios en el proceso, lo que se reflejará con la petición del ministro Céspedes de dejar en acta su solicitud de retrasar en 72 horas la votación de Dominga. También la forma en que se citó a la reunión, convocatoria que llegó a última hora del viernes 18 para reunirse el lunes siguiente a las 7.30 de la mañana. A eso se suma los informes técnicos que fueron entregados durante el fin de semana a los ministros.
Para poder asegurar esta defensa, la compañía envió un oficio al director ejecutivo del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental solicitando las copias de varios documentos, entre ellos, de la sesión del lunes 21 de agosto, del power point que se les presentó a los ministros ese día y del oficio donde se recomienda el rechazo. Asimismo, solicitó una copia de cualquier documento o presentación que se haya hecho en la sesión o se haya enviado previo a la cita. Con esto, la minera busca “certificar que, al no citar con 10 días de anticipación, existió una dificultad para que el Comité de Ministros haya revisado los antecedentes de un expediente de más de tres años y medio de evaluación en dos días”, indica la información publicada en su página web.
La compañía también enviará un oficio, comentan cercanos a Andes Iron, a la Contraloría General de la República, pidiendo que el organismo especifique la forma en que deben actuar instancias como la del Comité de Ministros.
Mientras eso sucede, en el Tribunal Ambiental de Antofagasta, donde debería llegar el caso Dominga, están trabajando intensamente para hacerse cargo del proyecto. De hecho, el tribunal anticipó su puesta en marcha, iniciando su jurisdicción el lunes 4 de septiembre -y no a fines de ese mes- y esperan tener al 30 de septiembre todo el personal necesario -unas 13 personas- ya contratadas. “Cuando llegue el requerimiento ya vamos a estar bien para poder tomarla”, explica el presidente del Tribunal de Antofagasta, Daniel Guevara.
El factor Piñera
En cuanto a los tiempos, tanto en el mundo legal como en el entorno de la compañía se espera que las audiencias en Antofagasta se realicen a partir de noviembre o diciembre, abriendo el escenario para lograr en unos seis a ocho meses una resolución. La mejor salida para la compañía es que Antofagasta declare ilegal el proceso realizado el lunes 21 de agosto y lo retrotraiga hasta antes de la reunión que en marzo tuvo el CEA. Para eso será necesario que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) realice otro informe, emitiendo explícitamente una recomendación, como la entregada en febrero pasado por el organismo, en ese entonces liderado por Jorge Troncoso -quién salió-, que recomendó formalmente, a través del Informe Consolidado de Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (ICE), aprobar el proyecto Dominga.
Esta sería la mejor opción para la compañía, cuentan conocedores de la arista legal, dado que así se evitaría elevar el foco político de Dominga, entendiendo que el siguiente gobierno podría ser dirigido por Sebastián Piñera.
Fuente: La Tercera/Sandra Burgos
