Subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, desliza que se actuó de manera improvisada y dijo que “lamento que se hayan tomado algunas decisiones en forma apresurada". La postura del ministerio es un claro apoyo a las críticas del titular de Economía, Luis Felipe Céspedes. Los ministerios de Energía y Minería votaron a favor del proyecto minero, pero este fue rechazado con los votos de Salud, Medio Ambiente y Agricultura.
Esperó hasta el miércoles, pero finalmente el Ministerio de Hacienda entró de lleno en la polémica por el rechazo del comité de ministros al proyecto minero Dominga.
Ayer, el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, salió a respaldar las críticas del ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, en el sentido de que se actuó de manera improvisada y con premura.
En el marco del Encuentro Regional de Empresas, Micco dijo lamentar "que se hayan tomado algunas decisiones en forma apresurada. Sin duda alguna, el crecimiento del país es fundamental para satisfacer las necesidades de la población; sin duda alguna, la inversión es fundamental para la nueva realidad que está enfrentando Chile”.
Añadió que “en las últimas decisiones nos ha faltado tomarnos el tiempo necesario para ver el equilibrio que necesitamos tener entre la inversión y el mantener la sostenibilidad tanto medioambiental como en la relación con las comunidades”.
La intervención del subsecretario tiende a confirmar la grieta que se ha creado en el corazón del Gobierno por la decisión de rechazar un proyecto que involucra inversiones por US$ 2.500 millones.
La reunión donde se votó el proyecto habría vivido momentos de alta tensión, de acuerdo a un reportaje de La Tercera.
El ambiente ya estaba tensionado por la decisión del titular de Medio Ambiente, Marcelo Mena, de poner en tabla el proyecto para la sesión del comité de ministros del lunes pasado. Y, de acuerdo a La Tercera, el ministro Céspedes pidió aplazar la votación por 72 horas. Luego, al no contar con el respaldo para esa medida, solicitó que la fiscal del ministerio se mantuviera en la sala y que, además, su petición quedara consignada en el acta correspondiente.
Aparentemente el diálogo entre los ministros habría sido áspero. Céspedes estaba molesto con los plazos en los que se realizaría la votación que decidiría el futuro del proyecto, tras considerar que no estaba toda la información disponible para tomar una decisión. Y fue ese su argumento para explicar su razón de no votar.
El rechazo a la iniciativa fue por 3 votos a 2 y 1 abstención. Los ministerios de Energía y Minería votaron a favor del proyecto minero, pero este fue rechazado con los votos de Salud, Medio Ambiente y Agricultura.
La Moneda ayer seguía forzada a defender el proceso. La vocera Paula Narváez salió a respaldar la institucionalidad y el actuar del ministro Mena, y agregó que "el Gobierno apoya la institucionalidad ambiental y que las decisiones se tomen bajo ese orden institucional, y eso es lo que ha ocurrido, él (Mena) ha actuado bajo sus atribuciones y, por lo tanto, lo que ha ocurrido es una decisión que está contemplada en nuestra institucionalidad ambiental, por lo que el Gobierno ha estimado que lo que de ahí ha resultado es legítimo".
Andes Iron, la sociedad que controla la mina, estaría planeando acudir a los Tribunales Ambientales y eventualmente el caso podría arribar a la Corte Suprema.
Ayer miércoles seguían lloviendo las críticas de parte del ex Presidente Sebastían Piñera y del empresariado, que acusan que la decisión del tribunal es otro factor que posterga el repunte de las confianzas y la economía.
El ministro de Economía se retiró de la votación dando ventaja a las negativas. El titular de la cartera acusó falta de tiempo para estudiar el proyecto. El controlador de la iniciativa Andes Iron adelantó que recurrirá al Tribunal Ambiental.
Alrededor de las 9:00 horas, el destino de la minera Dominga estaba zanjado. Al menos en el Comité de Ministros -presidido por el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena-, el cual rechazó ayer en una votación dividida el recurso de reclamación presentado por la empresa Andes Iron en contra de la decisión del Consejo de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo, que en marzo mostró su negativa al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. Tras esta decisión, el controlador del proyecto Andes Iron adelantó que recurrirán al Tribunal Ambiental y -de ser necesario- a la Corte Suprema.
En las esferas empresariales se contaba con una votación reñida. De los seis ministros, se pensaba que la iniciativa -que pretendía instalarse en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo-, contaría con el rechazo de los ministros de Medio Ambiente Marcelo Mena y de Salud Carmen Castillo y el voto favorable de los ministros de Agricultura Carlos Furche, de Minería Aurora Williams, de Energía Andrés Rebolledo y de Economía Luis Felipe Céspedes. Pero hubo dos sorpresas. Agricultura votó en contra y el ministro Céspedes se retiró antes de la votación. “No tenía los plazos suficientes, en mi caso personal, para una votación de los distintos puntos planteados que fuera fundamentada de la forma que corresponde, en todo y cada uno de los casos de los cuales yo he participado en votaciones de Comité de Ministros”, argumentó el titular de Economía.
Así, el ministro Céspedes tomaba distancia de sus pares en el Comité, el que en cuatro días sepultó un proyecto que llevaba más de tres años sometiéndose a estudios de impacto ambiental. “El proyecto presenta deficiente información de la línea base e insuficiencias en sus medidas de mitigación, compensación y reparación”, comentó el ministro de Medio Ambiente al dar a conocer la decisión. Además de “no hacerse cargo, de manera adecuada de los eventuales impactos significativos al Medio Ambiente y la salud de las personas; en particular en temas como calidad de aire, contaminación lumínica, ruido, riesgo de accidentes y derrames en la operación portuaria”.
La decisión de Céspedes de estar presente en la sesión, pero de retirarse en el momento de la votación, fue interpretada por algunos como una protesta, luego que el ministro de Medio Ambiente rechazara la solicitud del titular de Economía de aplazar por 72 horas la votación del Comité. Sin embargo, fuentes presentes en el momento de la solicitud, señalan que los integrantes del grupo consideraban que aquello no era necesario ya que contaban con la información necesaria para que ayer se realizara la votación.
El viernes pasado, el Ministerio de Medio Ambiente citó a las 17:00 horas a los asesores técnicos de los secretarios de Estado del Comité de Ministros para presentarles 70 diapositivas sobre “las reclamaciones presentadas por Andes Iron y organizaciones de la sociedad civil y lo que decía cada uno de los 14 servicios de manera puntual”.
El domingo, el Ministerio de Medio Ambiente redobló la entrega de información sobre estos puntos y mandó a cada ministro del Comité una presentación en Powerpoint, de unas 25 a 30 diapositivas, con el resumen del contenido presentado a sus técnicos, además de la recomendación del SEA, cuentan desde el Comité de Ministros. “Céspedes quería hacer el punto y como es Ministro de Economía quería dar las señales proinversión, por eso se restó”, cuenta una fuente conocedora.
La respuesta de Céspedes de restarse a la decisión del Comité de Ministros fue bien vista por los gremios y el presidente ejecutivo de Andes Iron, Iván Garrido. Este último, junto con manifestar su profunda decepción a la institucionalidad del país, por la “arbitrariedad e ilegalidad en la Comisión de Evaluación Ambiental (de Coquimbo)” indicó que tenía “sentido que (Céspedes) para una decisión tan relevante no haya tenido tiempo suficiente para evaluarla”.
El presidente de la CPC, Alfredo Moreno, precisó que “si los elementos que él ha señalado son efectivos, en el sentido de que recibió los antecedentes el viernes en la tarde, para votar una cosa el lunes a las 7:30. Me parece que es una muestra más de que este sistema no funciona como corresponde”. Y agregó que aquella situación “es un signo más de que en esto está predominando la política por sobre lo que corresponde que es el interés del país y las razones técnicas”.
En la misma línea, el presidente de la Sonami, Diego Hernández, apuntó a que “claramente la decisión es política” y que aquello traería incertidumbres jurídicas y regulatorias. “Después de haber hecho el trámite durante más de tres años y de pasar por una serie de etapas, de contestar todas las preguntas y de ser aprobado técnicamente que se rechace por motivos políticos que son difíciles de entender. Eso no ayuda a la seriedad del país ni a su certeza jurídica”. Mientras el presidente de la Sofofa Bernardo Larraín Matte, fue enfático en señalar que las palabras del ministro Céspedes dan cuenta de que aquí las consideraciones políticas de corto plazo condicionadas por grupos de presión prevalecieron sobre el debido análisis técnico”
