PAULA LUGONES

Para que suspendan el castigo debe negociar hasta con empresarios estadounidenses. Las chances son bajas.

Luego del revés para las exportaciones de biodiésel argentino a Estados Unidos, el gobierno de Mauricio Macri tiene tiempo hasta el lunes para buscar negociar un “acuerdo de suspensión” para intentar establecer un volumen y arancel de exportación consensuados entre las partes en conflicto.

Según supo Clarín de fuentes que siguen de cerca las negociaciones por la exportación del biodiésel –el principal producto de origen argentino que ingresa al mercado estadounidense—, este acuerdo debe ser solicitado por el Gobierno, luego de que el Departamento de Comercio de Estados Unidos decidiera el martes imponer aranceles de entre 50, 29% a 64,17% por sospechas de que está subsidiado. Concretamente, los demandantes sostienen que el biocombustible argentino está favorecido por las retenciones que se aplican a la soja en nuestro país y por lo tanto los fabricantes de ese combustible compran la materia prima a menor precio.

Hasta ahora el biocombustible argentino sólo pagaba un 4,5% de arancel, lo que significa que la resolución del martes vuelve prácticamente inviable cualquier envío. No se trata de poco dinero, precisamente, ya que la Argentina --el principal productor de biodiesel del mundo-- ha exportado a EE.UU. por valor de 1.200 millones de dólares sólo el año pasado.

Todavía no se sabe si el Gobierno activará esta alternativa de “acuerdo de suspensión” o pacto consensuado antes del lunes. Si se decidiera a hacerlo, la administración Macri debería negociar con el Departamento de Comercio estadounidense, las empresas argentinas involucradas y los dos actores que iniciaron la demanda: el National Biodiesel Board y un grupo de productores de EE.UU. El objetivo final sería negociar un acuerdo para establecer volúmenes a exportar y precios. Si se consiguiera un consenso, la medida del Departamento de Comercio quedaría suspendida.

“Es algo sumamente difícil de lograr porque obviamente los demandantes no quieren”, dicen las fuentes, ya que han logrado que se impusiera un arancel mucho más alto de lo que ellos solicitaban, un 23%. “Ahí podría entrar a jugar la presión del Departamento de Comercio pero también otros actores porque una decisión de este tipo aumentará el precio del combustible en Estados Unidos”, señalan.

Por una regulación de la época de Barack Obama, en Estados Unidos todos los combustibles deben tener al menos un 10% de origen renovable. El biodiésel argentino entró enseguida al mercado con precios bajos por lo que los sojeros locales se sintieron damnificados. El reclamo viene desde hace tiempo, pero encontraron eco en una administración como la de Donald Trump, que ganó la Casa Blanca con el slogan “Estados Unidos primero”.

Pero si el biocombustible argentino queda bloqueado, el precio de la gasolina seguramente subirá porque los locales venden a precio más alto. En un país donde la mayoría circula en auto o camioneta, que suban las naftas no sería una medida muy popular. Por eso las fuentes señalan que otros actores podrían presionar a favor de Argentina, como los importadores, las refinerías, los transportistas, el sindicato de camioneros y hasta los usuarios.

Igualmente lograr un acuerdo sería muy duro porque habría que bajar muchísimo el arancel que ya fijó el Departamento de Comercio. “Son números muy altos”, resaltan en Washington. Y estos temas son manejados por el gobierno de Trump independientemente de la buena relación política entre dos países. Como dijo el propio secretario de Comercio Wilbur Ross, en este tipo de negociaciones no hay países amigos.

La resolución del martes fue relativa a los subsidios. Luego, el 19 de octubre, habrá otra sobre dumping que, dado la dureza de la primera sanción, se estima que también sería desfavorable.

Así lo señaló el ministro de Producción de Santa Fe, Luis Contigiani, provincia donde se concentra el 80% de los 6000 puestos de trabajo que genera la actividad.

Luiis Contigiani, ministro de Producción de Santa Fe, provincia que aporta el 80% de la producción de biodiésel, expresó su temor por la suerte que, tras el cierre del mercado de Estados Unidos para este producto, podrían correr 6000 trabajadores que dependen de la actividad.

"Somos el 80% de la producción nacional. Estamos muy preocupados; hay una cantidad de trabajadores involucrados, entre trabajadores directos e indirectos, de unas 6000 personas, donde el 80% también se concentra en el Gran Rosario, en su corredor portuario", señaló el funcionario en declaraciones a Radio 10.

El ministro indicó que Santa Fe le pidió al gobierno nacional "que se ponga al frente de esta negociación para revertir esta medida". En esta línea, apuntó además contra la reciente autorización para la importación de cerdo desde EE.UU.

"La diplomacia comercial de Estados Unidos nos hizo más o menos esperar 15 a 20 años para autorizar la exportación de limones desde la Argentina. Todavía no hemos llegado. Nosotros en un día le regalamos el mercado porcino con un riesgo sanitario enorme. Una diplomacia tardó quince años, la nuestra solo un día. Así no se maneja", dijo.

"Hoy nos encontramos en Santa Fe con dos situaciones muy complicadas: la de los porcinos es un riesgo enorme desde el punto de vista comercial y económico para nuestros productores porcinos, y, además, sanitario. Y ahora nos encontramos con una medida que va a frenar fuertemente una industria que viene creciendo en los últimos años y que va a afectar en forma directa la producción y el empleo", señaló.

Para Contigiani, el gobierno debería tener una reacción "mucho más contundente" ante EE.UU. y pidió una negociación como "bloque comercial y regional".

En tanto, el presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), Luis Zubizarreta, admitió que la medida generará un impacto considerable en el sector, con paralización de plantas. "No sólo se complica la mano de obra sino una cadena económica muy importante como la de la soja, por lo que el efecto va a ser reprimarizar las exportaciones y parar las plantas de biodiésel", indicó Zubizarreta.

"Recalculando", si la industria argentina de biodiésel tuviera un GPS, esta palabra estaría sonando sin cesar desde las últimas 24 horas. Los empresarios nacionales se debaten como seguir porque estaban confiados de que el Gobierno norteamericano no sancionaría al producto local.

"Estuvo Macri en EE.UU. hace unos meses, después viajó Buryaile -ministro de Agroindustria- y se reunió con su par de norteamericano y a eso se le suma la visita del vicepresidente Mike Pence; supuestamente estaba todo encaminado porque incluso teníamos un fallo a favor de la OMC respecto a la demanda de la Unión Europea pero el resultado terminó siendo el peor para la industria nacional", detalló a este diario un alto ejecutivo de una de las principales firmas argentinas exportadoras de biodiésel.

Ahora lo que resta es esperar y establecer una estrategia de control de daños. Lo cierto es que desde marzo -cuando los productores norteamericanos denunciaron al biocombustible argentino por dumping- no se concretan nuevos negocios y hasta el momento la industria venía concretando los envíos pautados con anterioridad.

La primera y lógica alternativa de las empresas es volcarse a exportar aceite de soja -porque el biodiésel no es más ni menos que aceite que experimenta una simple transformación en la que el glicerol es sustituido por alcohol- pero por supuesto que este negocio no es tan rentable ya que paga 27% de retención y justamente este fue el punto de conflicto con EE.UU. ya que el biocombustible tributa 0%-. 

Por otra parte, en el mediano plazo, la esperanza está en la Unión Europea porque en septiembre habría novedades ya que los países miembros tendrían que adecuarse al fallo de la OMC. Eso sí, los tiempos burocráticos no van al compás de la urgencia de la industria argentina por lo que si llega el visto bueno de la UE, los embarques podrían reactivarse recién a fin de año o a comienzos de 2018.

En cuanto a Estados Unidos las expectativas ahora son realmente muy acotadas. Queda esperar una intervención del Gobierno argentino vía diplomática -otra más- pero sin perder de vista la política proteccionista que está aplicando la administración Trump.

Otra variable que se baraja es la de denunciar a Estados Unidos ante la OMC, tal como sucedió con Europa en 2013, y aquí si bien hubo un fallo a favor de la Argentina, también es un caso testigo de que una demanda de este tipo lleva tiempo, justamente lo que hoy apremia para no llegar a una crisis.