Tensión habría alcanzado su punto máximo cuando el ministro Céspedes pidió el ingreso de su fiscal.
El rechazo del comité de ministros al proyecto minero Dominga, por 3 votos a 2 y 1 abstención, reveló significativas diferencias entre los secretarios de Estado respecto del futuro del proyecto de más de US$ 2.500 millones ubicado en la comuna de La Higuera, en la IV Región.
Fuentes cercanas a la instancia señalan que el pasado viernes 18 de agosto, tras la repentina puesta en tabla del proyecto para la sesión del comité citada para el lunes 21, se realizó una reunión en dependencias del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) con funcionarios de este servicio y asesores de los seis ministros integrantes del comité: Medio Ambiente, Economía, Energía, Minería, Agricultura y Salud. En esa cita, los personeros del SEA expusieron un powerpoint de 75 páginas, donde informaron acerca de las respuestas de los diferentes servicios a los oficios del comité.
A través de whatsapp los ministros habrían intercambiado opiniones luego de conocer que Dominga sería analizada en la sesión del lunes 21 de agosto. Con el paso de las horas, el diálogo entre los secretarios de Estado se habría tornado áspero.
En ese contexto el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, habría manifestado sus primeros reparos a la decisión tomada por Medio Ambiente, evidenciando su molestia con los plazos en los que se realizaría la votación que decidiría el futuro del proyecto, tras considerar que no estaba toda la información disponible para tomar una decisión. El ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, habría enviado a los integrantes del comité, cerca de las 18 horas del domingo 20 de agosto, el powerpoint que el director del SEA presentaría al día siguiente en la reunión del comité.
La sorpresa se instaló entre los asistentes a la reunión del comité cuando el Ministro Céspedes solicitó el ingreso a la sala donde se efectuaba la reunión de la jefa de la división jurídica del Ministerio de Economía, Ana Vargas.
De acuerdo a conocedores de los hechos, Céspedes buscaba dilucidar las dudas que tenía respecto de los plazos de la convocatoria a la reunión, la que de acuerdo a los estatutos de la instancia, debe realizarse al menos con 10 días de anticipación.
En la ocasión, el ministro Mena habría reafirmado que la convocatoria se sustentaba en el mismo artículo, que permite al presidente del comité convocar de manera extraordinaria a una sesión sin respetar dicho plazo en situaciones de “emergencia”.
Mena habría basado la decisión de convocar a la reunión del comité en la posibilidad que la empresa titular del proyecto Dominga, Andes Iron, solicitara la figura del “silencio administrativo” una vez que venciera el plazo establecido para que el comité de ministros se pronunciara frente a su reclamación, lo que habría permitido a la compañía acudir directamente a los Tribunales Ambientales.
Las mismas fuentes señalan que Céspedes pidió aplazar la votación por 72 horas, y que al no contar con el respaldo suficiente, pidió que la fiscal del ministerio se mantuviera en la sala y que además su solicitud quedara consignada en el acta correspondiente. Ante este escenario, Mena habría pedido a su vez el ingreso de la jefa de la división jurídica del Ministerio de Medio Ambiente, Paloma Infante.
En otro punto relacionado con el tema, desde las 16 horas de ayer se reunieron los integrantes del nuevo Tribunal Ambiental de Antofagasta, quienes debían decidir cuando iniciarían formalmente su instalación jurisdiccional. Sin embargo, y debido a que se analizaron otros temas administrativos, se dejó para hoy la decisión respecto si el Tribunal se instala el 4 de septiembre, y ve una eventual apelación de Dominga, o pide una prórroga de 30 días, abriendo una posibilidad que el proyecto sea visto por el Tribunal Ambiental de Santiago.
Como una actuación sin precedentes calificaron empresarios y hasta funcionarios del propio gobierno la decisión del lunes del Comité de Ministros que rechazó el proyecto minero-portuario Dominga. Pero más que la negativa, llamó la atención la forma en que se gestó el rechazo, pues muchos afirmaron que quedó en evidencia el “apuro político” por parte del Ministerio del Medio Ambiente, por el modo en que esta cartera aceleró la votación, poniendo en entredicho la institucionalidad de calificación ambiental del país.
Recién el viernes a última hora de la tarde, los seis ministros integrantes de la instancia -presidida por Medio Ambiente y en la que también participan Minería, Energía, Economía, Salud y Agricultura- fueron notificados de que en la sesión de ayer lunes 21 de agosto, a las 7.30 de la mañana, se revisaría la reclamación sobre Dominga, ingresada por sus dueños Andes Iron. Esta apelación buscaba revertir el rechazo en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, pese a que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en su calidad de organismo técnico, recomendó su aprobación.
La sorpresa de la puesta en tabla de Dominga el viernes fue incluso mayor porque durante buena parte de esa jornada figuró en primera instancia le resolución sobre un dictamen del tribunal ambiental en torno al proyecto minero Cerro Casale.
La premura por resolver en contra de Dominga cobró mayor relieve ayer cuando el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes (DC), no quiso votar en la sesión y se retiró. Esto, aduciendo que el ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena (IND), le negó una solicitud de extender por unos días el plazo para votar. Lo anterior, con el fin de contar con un tiempo prudente para el análisis de los informes que le permitieran tomar una decisión fundada. Cabe recordar que el mismo viernes se subieron recién a la plataforma de evaluación cinco de los 14 informes que solicitó el propio Comité para resolver con más antecedentes, pero no se concedió siquiera un día hábil para su estudio por parte de los ministros.
Si Céspedes hubiera aprobado el proyecto, Mena simplemente habría dirimido el empate en contra de Dominga como presidente del organismo. Esto, considerando los tres votos en contra de Agricultura, Salud y el propio Medio Ambiente; las opiniones a favor, de Minería, Energía y, suponiendo que Economía hubiese votado positivamente.
Sobre la forma en que se gestó el rechazo a la iniciativa, Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, manifestó: “Constituye un antecedente extremadamente grave que en esta sesión se incluyera el proyecto Dominga entre gallos y medianoche, no entregándose más de un día y medio hábil para la evaluación de los antecedentes si es que estos existieron para los ministros; eso quiere decir que ni siquiera estuvieron dispuestos a guardar las apariencias y que estaba la decisión de no considerar las evaluaciones sectoriales y que solo existía la decisión política de no aprobarlo”.
El presidente de la CPC, Alfredo Moreno, indicó que “se diga que esto ha sido entregado un viernes en la noche, para el lunes tener que dar una opinión me parece que es un signo más de que en esto está predominando la política por sobre lo que corresponde, que es el interés del país y las razones técnicas”. “Este es otro golpe al sistema de evaluación de impacto ambiental”, agregó el presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín.
Son signos malos, pero hay que esperar que se mejoren, que vayan adelante los proyectos", fue el comentario del presidente de Empresas Copec, Roberto Angelini, frente a la decisión del Comité de Ministros de rechazar el proyecto minero-portuario Dominga.
El empresario fue consultado sobre el tema a su arribo al Centro de Innovación UC, donde fue invitado a participar en el cuarto encuentro 3xi.
Angelini se mostró optimista respecto de las perspectivas para el empresariado: "Hay ciertas luces de mejoría, hay luz al otro lado del túnel", indicó. Agregó que las empresas del grupo tenían un par de proyectos detenidos hace mucho tiempo que finalmente fueron aprobados. "Espero que sigan aprobándose más proyectos; es lo que necesitamos", dijo.
El proyecto Dominga está localizado en la Cuarta Región y representa una inversión de US$ 2.500 millones. Para Alfredo Moreno, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), lo sucedido está más marcado por la política que por la evaluación del proyecto, el que habría cumplido con los requisitos técnicos.
Moreno instó a observar la reacción que ha habido en la zona, especialmente en La Higuera, que es una comuna muy pobre. "A veces se nos olvida que hay sectores de Chile que viven en la pobreza", comentó.
