El desarrollo y fabricación de baterías de dispositivos móviles y automóviles eléctricos generó una demanda en la nación africana que a la fecha aún sigue siendo provista por extracciones inseguras acusadas de explotación laboral.
Los jóvenes de Kasulu, en la República Democrática del Congo, entran a un túnel oscuro con tan solo una linterna. No llevan casco ni equipo de seguridad. Allí extraen con cinceles las piedras de cobalto, que después transportan en sacos a través de un sistema de cuerdas.
Esta imagen surgió a raíz de un viaje de investigación de Anmistía Internacional a la provincia de Katanga. Los llamados "creuseurs", trabajadores de la mina, extraen cobalto de cavidades inseguras para revenderlo a intermediarios. Más arriba, en el río, mujeres y niños lavan las piedras y separan las que tienen el preciado mineral. "Ni los niños ni los adultos llevaban protección", explica Lauren Armistead, de Amnistía Internacional. Ella investigó junto a su colega Mark Dummert, de la ONG Afrewatch, las condiciones en la minería de cobalto a pequeña escala en el Congo para el informe "Por eso morimos". Un trabajo publicado en 2016 que sirvió para llamar la atención sobre la minería "artesanal y el trabajo infantil".
"El niño más pequeño que vimos tenía sólo siete u ocho años cuando fue enviado a las minas", explica Armistead en entrevista con DW: "La mayoría de los niños eran adolescentes que recogían grava de las antiguas minas industriales o desmenuzaban piedras". En este trabajo, la inhalación del polvo tóxico de cobalto que surge de la trituración puede causar enfermedades pulmonares mortales. "Niños y adultos se quejaban de problemas respiratorios, tos e infecciones en las cavidades nasales", continúa. Además, los sacos son demasiado pesados para ellos y trabajan jornadas de 10 ó 12 horas diarias bajo duras condiciones.
En el llamado Cinturón de Cobre de la República Democrática del Congo están los depósitos de cobalto más grandes del mundo. Se trata de un subproducto de la minería de cobre y estaño, y más de la mitad de la producción mundial viene de esa provincia. Una vez extraído de los oscuros túneles de Kasulu, frecuentemente son intermediarios ilegales o funcionarios corruptos los que lo transportan a la costa. Desde allí va hacia China, donde se purifica para ser suministrado a fabricantes de baterías, que actualmente tienen una demanda récord.
"El precio del cobalto ha aumentado en un 100 por ciento desde el comienzo del año, un aumento que se debe en gran medida a la movilidad eléctrica," aclara Ingo Siyamend Al Barazi, geólogo de la Agencia Alemana de Recursos Minerales (DERA). Dicha agencia se ocupa de cuestiones sobre la oferta y la demanda de productos básicos en los mercados mundiales. Al Barazi cree que la demanda de cobalto continuará en auge, aunque los expertos defienden opiniones diversas sobre cuanto aumentará realmente.
La demanda depende del desarrollo de los nuevos modelos de baterías y pilas, explica Michael Ritthoff, director de proyecto en el Instituto del Clima, Medio Ambiente y Energía de Wuppertal: "La mayoría de las baterías de iones de litio tienen cobalto, pero hay alternativas que podrían ser desarrollas y se pueden usar en la actualidad".
Actualmente, el precio de la tonelada de cobalto está cerca de los 60.000 dólares. Los que trabajan en Kasulu reciben entre uno y tres dólares al día. Hay minas industriales que trabajan con alta tecnología, pero el 10% de la producción procede de minas pequeñas. Y allí es precisamente donde las condiciones de trabajo son más duras. "No tienen otra alternativa", aclara la activista Lauren Armistead, a la vez que desaconseja recurrir a un boicot. "Boicotear ese cobalto del Congo tendría graves consecuencias y les hundiría aún más en la pobreza".
Desde la publicación del informe de Amnistía, algunas señales apuntan a una mejoría de la situación: "Las autoridades mineras congoleñas cierran acuerdos de concesiones de minería artesanal con las cooperativas registradas", explica el geólogo Sebastian Vetter, del Instituto Federal de Geociencias y Recursos naturales (BGR). Él trabaja desde hace un año en Kinschasa en un proyecto del BGR para la extracción responsable de recursos. Su instituto desarrolló el sello Certified Tradig Chains (CTC - Cadena de Comercio Certificada) para cuatro minerales conflictivos: oro, tántalo, estaño y wolframio. "La trazabilidad es parte de la certificación, que también incluye otros criterios como no haber sido extraídos de zonas en conflicto, seguridad laboral, que no haya explotación infantil y otros estándares sociales", explica el geólogo. Con algunos ajustes, también se podría aplicar al cobalto.
Sin embargo, la actual legislación europea y estadounidense sobre importaciones de regiones en conflicto solo regula la explotación de oro, tántalo, estaño y wolframio. Las empresas tienen que probar una "diligencia debida" cuando tratan con estos minerales. Para el resto de minerales no se necesitan pruebas del origen o la extracción responsable. La mayoría de los fabricantes de baterías, computadoras portátiles y teléfonos móviles se escudan en la complejidad de la cadena de suministro. Y aunque muchos fabricantes presuman en sus páginas web de hacer uso responsable de las materias primas y respetar los derechos humanos, "las respuestas que nos dan las empresas es que no harán nada mientras no haya ley", aclara Lauren Armistead.
Sin embargo, algo se ha movido desde la publicación del informe. Uno de los mayores compradores mundiales de cobalto artesanal del Congo es el consorcio chino Zhejiang Huayou Cobalt. Su página web dice que la empresa trabaja en una mejora de las condiciones laborales desde la publicación del informe de Amnistía. Su objetivo es cumplir con las directrices de la OCDE sobre la "diligencia debida" en toda la cadena de suministros.
Desde Kinshasa, Sebastian Vetter, confirma que la compañía está tomando medidas: "Huayou y su filial, Congo Dongfang Mining, se están esforzando en mejorar la transparencia de su cadena de suministro y en un mejor control de las minas con las que trabajan. Se puede decir que es un avance, pero no puedo evaluar si es suficiente". Amnistía pretende publicar otro estudio este otoño y analizar todo lo que se ha hecho desde la publicación de su informe de 2016. Mientras, la cuestión del cobalto y los derechos humanos continuará siendo un tema para el futuro.
