Bruselas, el Gobierno español y las empresas ya trabajan en uno de los grandes retos tecnológicos de los próximos años: cómo lograr una energía más verde sin dañar la competitividad ni el suministro seguro.
Si lo llaman transición energética, por algo será. El sector de la energía se encuentra a las puertas de un cambio de paradigma que le obligará a integrar a gran escala en pocos años tanto las energías verdes como las nuevas tecnologías de redes inteligentes y de generación distribuida. El futuro ha comenzado y las empresas ya están tomando posiciones.
Así se aprecia en los planes de inversión de compañías como Endesa e Iberdrola, en los que las redes eléctricas y las renovables aparecen marcadas como prioritarias. El Gobierno también se ha puesto manos a la obra. En septiembre, un comité de expertos comenzará a elaborar su informe sobre la inminente transición energética.
Transición sí, pero ¿cómo? El presidente de Red Eléctrica, José Folgado, cita el ahorro y la eficiencia energética, la movilidad sostenible y las renovables como "las vías" para cambiar el modelo energético, en el que las nuevas tecnologías son la música de fondo.
Los avances, señala el presidente de la compañía, deben ir encaminados a cumplir los "tres pilares básicos" de la política energética, que son la competitividad, la sostenibilidad medioambiental y la garantía de suministro. Dicho en un lenguaje más coloquial: barato, verde y seguro.
Folgado recuerda que la propia Comisión Europea ya está marcando el paso al apostar por una economía baja en carbono en la que el consumidor adquiera un papel protagonista. Sin embargo, España deberá aportar sus soluciones concretas.
Su posición, en la que Red Eléctrica puede jugar un "papel fundamental", pasa por una mayor electrificación para dar entrada a las renovables. Será necesario, además, avanzar en las tecnologías de almacenamiento y en las interconexiones eléctricas con Francia y el conjunto de Europa, añade el presidente del gestor de la red eléctrica.
El punto de partida de la transición será el año 2020, cuando España deberá haber acreditado el origen renovable de al menos el 20% de la energía final que consume, tanto a nivel eléctrico como en el transporte, en la calefacción y el resto de usos. El esfuerzo se ha centrado hasta ahora en la producción eléctrica, de la que cerca de 40% debe ser renovable en apenas dos años y medio.
Para llegar a este objetivo, hay un plan trazado desde 2011 que contempla alcanzar 7.250 megavatios (MW) fotovoltaicos y 35.000 MW de eólica terrestre en 2020, así como 750 MW de eólica marina.
Las tres subastas de potencia renovable celebradas desde febrero de 2016 han servido para adjudicar cerca de 8.500 MW de nueva potencia verde. Con ellas, la previsión de fotovoltaica resulta ahora factible, pero no tanto la de eólica. En el caso de la eólica marina no hay proyectos a la vista, entre otras cosas porque España tiene una plataforma continental que se hunde muy rápido en el mar y dificulta el desarrollo de esta tecnología.
En todo caso, el Gobierno está seguro de que el objetivo del 20% se cumplirá. No se trata tanto de alcanzar un número concreto de megavatios, sino de llegar al porcentaje final de renovables sobre energía consumida.
Tan seguro se encuentra el Ministerio de Energía, que ya piensa en los objetivos de la UE para 2030, que pasan por reducir un 40% las emisiones de CO2 respecto a 1990 y por elevar al 27% el peso de las renovables. El esfuerzo comienza a merecer algo más que una planificación de nueva potencia. Por ello, acaba de publicar un proceso de consulta pública para elaborar la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
"Hace diez años decían que no cabían 5.000 MW renovables en el sistema y ahora tenemos 23.000", afirma José María González Moya, director general de la asociación de empresas renovables Appa, que confía en la tecnología como pieza clave para permitir una incorporación masiva de tecnologías verdes.
Desde su punto de vista, la transición "debería venir acompañada de medidas fiscales que penalicen a los que más CO2 emitan". "Se ha estado primando a los limpios sin penalizar a los sucios, cuando es necesario lanzar el mensaje de que quien contamina paga", afirma.
González Moya recuerda que la transición no es solo instalar megavatios renovables, sino también cerrar otros.
Éste es el origen de otro de los debates cruciales de los próximos años:qué hacer con el parque nuclear, las plantas de carbón y los ciclos combinados de gas. Las renovables, a falta de sistemas de almacenamiento a gran escala, no son gestionables y dependen de los caprichos meteorológicos. Solo la biomasa puede desempeñar este papel, pero no con la contundencia necesaria.
La incorporación masiva de megavatios verdes ha de venir acompañada de potencia suficiente de respaldo. En la actualidad, el parque de generación español consta de 100.059 MW, mientras que la punta instantánea de demanda, alcanzada en 2007, fue de 45.450 MW. Los expertos coinciden en que existe cierta sobrecapacidad y, al mismo tiempo, en que siempre será necesario un buen retén de potencia térmica disponible si se quiere hacer una incorporación masiva de renovables y ampliar la electrificación del sistema a través del coche eléctrico.
La central burgalesa de Santa María de Garoña y la decisión del Gobierno de denegar la renovación de su licencia han precipitado el debate. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, insistió en que la decisión es puntual y no extrapolable al conjunto de centrales nucleares, mientras que el consejero delegado de Endesa, José Bogas, defendió poco después, en la presentación de resultados de la empresa, la idea de mantener los reactores para garantizar una transición energética menos costosa.
Las plantas nucleares producen de forma continuada cerca del 20% de la electricidad sin emitir CO2, de modo que cerrarlas exigiría un mayor uso del gas o del carbón, que sí contaminan y que pueden poner en riesgo los principios de la propia transición, razonó el directivo.
Los cierres de centrales de carbón están a la orden del día. Los operadores han renunciado a acometer algunas inversiones ambientales exigidas en varias plantas, los conocidos como planes de desnitrificación, y Endesa ya ha expresado su deseo de clausurar la central leonesa de Compostilla y la turolensa de Andorra. El asunto le ha ocasionado un encontronazo con el Ministerio de Energía, que prepara un Real Decreto para regular estos cierres. El Gobierno ya ha sugerido que, entre las medidas de la futura norma, puede figurar la obligación de buscar, de forma previa a cualquier intento de cierre, un comprador para las centrales, tan contaminantes como valiosas para la garantía de suministro.
El socio responsable de Energía de PwC, Carlos Fernández Landa, calcula que, para que España pueda cumplir los objetivos de la UE hasta 2030, será necesario instalar entre 25.000 y 35.000 MW adicionales de renovables.
Toda esta potencia requerirá también "nueva capacidad de respaldo capaz de asegurar el suministro ante la variabilidad de estas tecnologías". "Tenemos la costumbre de pulsar el interruptor y que se encienda la luz sea la hora que sea", y quizá en ese momento no haya viento y sol suficientes, explica.
Como "evidentemente el carbón no es alternativa en la lucha contra el cambio climático", Fernández Landa entiende por respaldo los ciclos combinados de gas.
Será necesario ver "cómo se resuelven los pagos por capacidad" con los que se incentiva a estas centrales. "La potencia de respaldo hay que pagarla también", señala, antes de indicar que los escenarios más verdes para 2030 "implican mantener la potencia actual de ciclos de gas e incluso instalar algo adicional que funcionará pocas horas".
Al pensar en el cierre de centrales de carbón, Marta Margarit, directora general de la Asociación Española del Gas (Sedigás) no duda en decir que su "sustituto natural" es el gas, al que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) considera "la energía de transición por excelencia". Este combustible procura "una sustitución rápida y a menor coste", al tiempo que los ciclos combinados son "una tecnología eficiente, limpia y capaz de dar soporte a las renovables", asegura.
Margarit también defiende el gas como pieza clave de la transición en otros usos energéticos, entre ellos el transporte por carretera o marítimo, la cogeneración industrial o los sistemas de calefacción.
Es precisamente en este otro ámbito, el del consumo difuso de energía, en el que se libra la otra batalla de la transición. El último informe de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad revela que el transporte consume el 22,6% de la energía final y que, de este porcentaje, el 81% corresponde a la carretera.
Sobre el asfalto, conviven dos esfuerzos: el de los combustibles alternativos y el del coche eléctrico, que implica una mayor electrificación, especialmente útil para dar salida al excedente de renovables, sobre todo por la noche, cuando sobra la energía eólica y los coches se cargan en los garajes.
"Con la capacidad actual de centrales eléctricas ya se podrían alimentar 26 millones de coches eléctricos", asegura Joaquín Giráldez, cofundador de la consultora Ingebau. Sin embargo, advierte, este cálculo solo da cuenta de la sobrecapacidad del sistema y de los engaños de las cifras. "Sobre el papel, todo aguanta".
Desde su punto de vista, hay mucho trabajo por hacer no solo en la electrificación, sino también en el diseño del mercado. Las conocidas restricciones técnicas, con las que se retribuyen las tecnologías de respaldo, ya son "muy caras", y eso obliga a mirar con escepticismo "los números que dicen que muchas centrales pueden cerrar". "Los mercados marginalistas no están diseñados para tanta energía a coste cero" como pueden aportar las renovables, de modo que se tendrán que reformar, explica.
El socio responsable de Energía de PwC tiene claro que la transición energética tiene que implicar a todos los sectores y "trabajar el concepto de quien contamina paga".
La electricidad "ya se encuentra cerca de cumplir con los compromisos, aunque tendrá que acometer un esfuerzo adicional", de modo que resulta imprescindible abordar las emisiones del resto de sectores, indica.
Llega el momento de "analizar el recorrido tecnológico de todos los usos energéticos finales desde la óptica del consumidor, que es el que paga", añade Fernández Landa.
