PAUL WALDER
Corfo ha puesto en marcha un proyecto para subirse al último carro de la tecnología del futuro, que ya lleva varios kilómetros por delante. El litio, que abunda en el norte de Chile, es insumo para baterías y ya Volvo, por poner un ejemplo, ha declarado que de aquí a fines de la década la totalidad de su producción de vehículos serán eléctricos. Chile, con enormes reservas del mineral, no sólo partió tarde, sino a tropiezos: los yacimientos están virtualmente privatizados y oscurecidos por la sombra alargada del corrupto Ponce Lerou.
El gobierno, a través de Corfo, ha puesto en marcha un programa encarpetado desde los primeros años de la transición, para conducir al país hacia la otrora llamada segunda fase exportadora. La idea de avanzar desde una economía orientada a la exportación de materias primas a una de productos elaborados, levantada sin ningún éxito por el Ministerio de Economía desde la última década del siglo pasado, estaría dando sus primeros pasos con la iniciativa impulsada por Eduardo Bitrán, vicepresidente ejecutivo de Corfo, a través de la industrialización del litio: producir baterías de litio, insumo orientado hacia múltiples otras industrias entre ellas la automotriz, y cuya demanda se prevé irá en franco aumento.
Chile, tal como actualmente con el cobre, posee un lugar privilegiado para la extracción y producción de este mineral no metálico. Del mismo modo como posee casi el 30 por ciento de las reservas planetarias de cobre y genera casi el 35 por ciento de la producción mundial, tiene el 21 por ciento de las reservas y el 40 por ciento de la producción mundial de litio. En valores, sin embargo, está muy lejos del cobre. Si las exportaciones de metal rojo mueven unos cien mil millones de dólares anuales, el litio genera escasamente 2.500 millones cada año a través de las empresas SQM y Rockwood, hoy Albemarle.
A diferencia del cobre, el litio no se cotiza en Bolsa: su precio es el resultado de negociaciones entre productores y consumidores. Actualmente está en torno a los seis mil dólares la tonelada y su aumento dependerá en el corto plazo de la cantidad de actores en este mercado. Pese a ello, la demanda irá en constante aumento debido a la conversión de automóviles desde motores de combustión a eléctricos.
El desarrollo de Chile en este mercado mundial en plena expansión está trabado por dos grandes obstáculos. Uno es la privatización de los yacimientos, más la presencia de SQM controlada por Julio Ponce Lerou y sus prácticas corruptas. En este escenario, las proyecciones de ingresar en una nueva fase exportadora a través del procesamiento de este mineral queda bastante acotada. Junto a SQM, la otra traba es un nudo legal, con litigios de por medio, que pese a la voluntad del actual vicepresidente de Corfo podrían retrasar el desarrollo de esta industria y dejar a Chile como un productor más de materias primas.
Históricamente, el litio, por las enormes aplicaciones potenciales de este mineral, fue declarado un sector estratégico no sujeto a concesiones. En los hechos, la historia corrió durante la dictadura por carriles diferentes y muy oscuros, hasta la virtual privatización del sector. En 1980 se constituyó la Sociedad Chilena del Litio entre Corfo y Rockwood para la explotación del Salar de Atacama, no obstante, tras la salida de Corfo de la sociedad, la propiedad quedó en manos privadas. Durante aquellos mismos años, Corfo llamó a una licitación para arrendar la explotación de otros miles de hectáreas en el mismo salar, con lo cual se constituyó Minsal, empresa en la que Corfo tuvo una participación minoritaria contra un 75 por ciento de capital privado.
Es en 1993, durante el gobierno de Patricio Aylwin, cuando Soquimich entra a la escena del litio al comprar en Minsal la participación de dos empresas privadas. Dos años más tarde el gobierno de entonces cambió el contrato de arrendamiento con SQM, retiró a Corfo de la sociedad y dejó vía libre a la compañía de Ponce Lerou para explotar el salar hasta 2030. Junto a ello, se firma un acuerdo para que Corfo no pueda explotar ni por sí misma ni mediante terceros el saldo de la superficie del salar.
A través de estas dos concesiones, el litio en Chile no sólo está privatizado, sino que esos gobiernos han entregado al interés de privados el futuro y todo el potencial de este mineral. Por el lado menos nocivo, está una corporación como Rockwood; por el más tenebroso, un especulador corrupto como Ponce Lerou.
Ante este compendio de irregularidades, nudos legales y abierta corrupción, como es la presencia de Julio Ponce Lerou como figura eje en este sector de la economía, el año pasado ingresó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley del diputado PC Daniel Núñez, para declarar al litio y a SQM, como recursos de interés nacional. En los hechos, lo que este proyecto propone es recuperar el carácter original no concesionable del litio y revisar el proceso de privatización de SQM a la vista de la evidente y descarada corrupción de políticos desarrollada como modelo de negocios por la empresa controlada por el ex yerno de Pinochet.
Al respecto, el proyecto propone “construir un camino de reparación de los enormes perjuicios al patrimonio nacional causados por aquellos que, por la vía de los hechos, se convirtieron en propietarios de SQM”. Esta empresa “no sólo ha provocado daños al Estado como consecuencia de una política de incumplimientos contractuales, sino que también se ha convertido en un verdadero símbolo del fenómeno de la corrupción, lo que convierte a la empresa en un socio inviable para Chile”.
La presencia de Ponce Lerou en la economía y la política destila corrupción desde sus inicios. Desde la privatización de Soquimich, en 1983, hasta la compra de políticos desde la extrema derecha a la ex Concertación. En 1984 un nuevo Código Minero redactado por la dictadura eliminó la reserva del Estado en el aprovechamiento de los salares y a su vez otorgó un plazo de seis meses para que exclusivamente SQM y la Corfo fuesen los únicos que pudieran acceder a estos derechos. Entonces, una empresa de propiedad de Francisco Javier Errázuriz manifestó, a través de una demanda en contra de SQM y Corfo, que “Corfo transfirió directamente, sin licitación previa, sin previo conocimiento y refrendación de la Contraloría General de la República, a espaldas del público y por un precio irrisorio, el total de sus derechos sobre esas propiedades mineras a Soquimich”, señala el proyecto de ley.
Corrupción que ha seguido durante décadas sobre normas oscuras respecto al litio. Es el convenio de arriendo suscrito en 1993 durante el primer gobierno de la ex Concertación. No sólo es cuestionable el contrato en sí mismo entre la entidad estatal y la empresa privatizada durante la dictadura, sino las posteriores irregularidades al no cumplir ésta las cláusulas contractuales. Por todo ello, pero básicamente por constituir SQM un foco de corrupción política, Corfo demandó en 2014 a la minera no metálica por no pago de rentas.
La abierta corrupción tuvo otro punto alto durante la licitación, afortunadamente fallida, de nuevos yacimientos de litio durante el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, el cuestionado subsecretario de Minería, Pablo Wagner, afirmaba que pese a ciertas normas que establecían desde hace décadas a este mineral como “estratégico” y no concesionable, sí era licitable, postura que se estrelló con la de especialistas, académicos y algunos políticos de la ex Concertación en cuanto era necesaria una discusión parlamentaria para crear una nueva ley para su explotación.
SQM presentó una oferta que el comité de evaluación de la licitación de Piñera consideró idónea, por lo que le adjudicó, tras ofrecer la suma de 40 millones de dólares (tres veces más que el segundo oferente y cinco veces más que el tercero), la explotación del litio durante los próximos veinte años, lo que la llevaría a producir cerca del 40 por ciento de la demanda mundial. Había, sin embargo, un aspecto que fue clave para el proceso: ninguna empresa con un litigio con el Estado podía presentarse al concurso, detalle que SQM ocultó. Si no hubiese sido por el reclamo de una de las compañías que quedaron fuera del concurso, esta exigencia hubiese permanecido en la oscuridad.
El proyecto de Bitrán de industrializar el litio halla numerosos obstáculos en este escenario de entrega y corrupción. Un reciente texto del economista Julián Alcayaga señala que si bien Rockwood triplicará su actual producción de litio en Chile, generará medio millar de empleos en la Región de Antofagasta y dejará por concepto de royalty unos 2.700 millones de dólares, estos beneficios son irrelevantes en relación a las toneladas extraídas de litio. Para Alcayaga se repetirá, una vez más, la entrega de los recursos naturales a las grandes corporaciones privadas. Lo que sucede en el cobre se traspasará al litio.
Pese a esta escena, que reproduce el modelo económico neoliberal en el litio, el año pasado el gobierno impulsó la política nacional del litio, un programa para su industrialización pese a la compleja estructura normativa y legal. Desde entonces lo que está en marcha es un convenio entre la multinacional Rockwood (hoy Albemarle Corporation) y Corfo para la concesión, sin licitación previa, para que ésta produzca carbonato durante los próximos 27 años. Junto a la entrega a Rockwood de la explotación del litio, Corfo intenta a través de un juicio cancelar antes de 2030 el contrato de arrendamiento con SQM, suscrito por esta entidad durante el primer gobierno de la Concertación. Es una carrera contra el tiempo: es hoy el momento del litio y Chile debe ser capaz de aprovecharlo.
El contrato con Rockwood, pese a su cariz industrializador, finalmente reproduce el modelo neoliberal que entrega no sólo los recursos naturales sino el curso de toda la economía a las grandes corporaciones. El mismo patrón de saqueo que Chile ha sufrido en la gran minería del cobre se está repitiendo en el litio: unos pocos miles de puestos de trabajo, un aporte tributario menor y grandes perjuicios al medioambiente. Nada asegura que efectivamente habrá una transferencia tecnológica hacia Chile y desde aquí se mantenga el desarrollo tecnológico.
Por el momento, hay doce firmas que han postulado al proceso de licitación del litio con valor agregado. Este proyecto, que es fruto de un acuerdo entre Corfo y Albemarle, ya ha atraído a empresas de varias latitudes, entre las que destacan varias asiáticas. Según ha declarado Bitrán, la mayoría de estas empresas está orientada a la producción de cátodos, aunque no pocas también a la elaboración de baterías. El proceso de selección debiera estar concluido en enero del año entrante. Para el vicepresidente de Corfo, Chile tiene “la oportunidad de crear una nueva industria, que sería el segundo sector exportador después del cobre”. De fracasar este intento, Chile quedaría otra vez fuera del tren de la industrialización.
