Según informó el fiscal de Estado, Jorge Eduardo Alvo Varela, el plan de sustentabilidad estará a cargo de la Universidad Nacional de San Juan y del Ministerio de Minería.
Este miércoles, el juez Federal, Leopoldo Rago Gallo dispuso remover la escombrera de Pelambres de manera inmediata. A su vez estableció los mecanismos para hacer un saneamiento de la zona afectada y que se desarrolle un plan de sustentabilidad para que todo vuelva a la normalidad.
Según informó el fiscal de Estado, Jorge Eduardo Alvo Varela, el plan de sustentabilidad estará a cargo de la Universidad Nacional de San Juan y del Ministerio de Minería que deberán articular todas las medidas para que, de manera efectiva, se pueda dejar la zona en estado puro, como estaba antes de que Pelambres depositara cientos de neumáticos en el cordón cordillerano de Calingasta.
"Los peritos del juzgado elaborarán el plan de retiro mientras tanto la Justicia facultó al Ministerio de Minería y a la UNSJ para establecer el plan de sustantitbilidad de la escombrera a los efectos de que no produzca daño en el ambiente", explicó el funcionario a Diario La Provincia.
El Fiscal de Estado aclaró que en lo único que no resuelve la medida judicial dictada este miércoles por Rago Gallo, pero queda pendiente, es la consitución del Fondo de Garantia que hizo Fiscalía de Estado. "No hay antecedentes en el país porque el Fondo de Garantía es cuando se puede cuantificar el daño y acá como no se puede saber con precisión el daño efectivo de la escombrera, eso quedó pendiente. Eso se sabrá más adelante cuano se tengan las pericias de si hubo daño ambiental o efectivo", detalló el fiscal.
Según aclaró, los tiempos del plan de sustantibildiad dice que el retiro debe hacerse en forma de inmediata. El mismo está en manos de los peritos del juzgado y se debe ver con anticipación el plan a llevar a cabo. "La idea es minimizar el impacto lo que más se pueda con el retiro", aclaró.
Ahora correrán los tiempos para Pelambres que podrá apelar todas las resoluciones o acatar, sacando los escombros. Por otro lado, también serán citadas las autoridades de Pachon que también podrán apelar la resolución y el llamado a indagación de sus funcionarios.
WALTER RÍOS
El juez federal Leopoldo Rago Gallo salió con los tapones de punta. En una resolución que trascendió ayer, ordenó el retiro de unos 40 millones de toneladas de rocas que la minera chilena Los Pelambres arrojó en suelo calingastino, en el área que es de propiedad de la empresa Glencore, donde está enclavado el proyecto de cobre local El Pachón. Así, dispuso que la medida debe ejecutarse lo más rápido posible, teniendo en cuenta que la llamada escombrera contamina lagunas cordilleranas y puede afectar ríos que confluyen con el San Juan.
Para semejante tarea, le encomendó a peritos de la causa, con la ayuda de expertos provinciales, la elaboración de un plan de extracción. El fallo va en plena sintonía con el pedido del fiscal federal Francisco Maldonado y con el planteo que hizo punta en el tema, el cual fue elaborado por el equipo de Fiscalía de Estado, comandada por su titular, Jorge Alvo, y el adjunto Gastón Orzanco.
Además, el magistrado dispuso la indagatoria de ejecutivos de Glencore, aunque aún resta definir quiénes son los implicados y las fechas de las audiencias. ¿El motivo? Determinar si hubo una “actitud tolerante” de los directivos, ya que no impidieron que se armara una montaña de residuos en su terreno.
La resolución no indica quién debe llevar a cabo el retiro de la escombrera, pero es un hecho que Los Pelambres deberá llevar a cabo tal trabajo, como el principal responsable. Pero como la sospecha también recae sobre Glencore, fuentes calificadas indicaron que la compañía también va por ese camino.
Dentro del fallo, el juez aceptó a Fiscalía de Estado como querellante y también le hizo lugar a otro eje central solicitado: la cautelar para realizar acciones de prevención sobre la escombrera. Rago Gallo entendió que la medida apunta a disminuir el riesgo de contaminación e “impedir daños irreversibles”, dijeron fuentes calificadas. Haciéndose eco de lo planteado por Fiscalía Federal y Fiscalía de Estado, dispuso que se compacte la superficie de la escombrera para que no penetre el agua y la misma escurra, con el fin de que no genere drenaje ácido.
También ordenó que se efectúe un sistema de drenajes para el manejo de aguas superficiales a través de canales para que las mismas no tengan contacto con las rocas, que se monitoreen las aguas de la zona y sus inmediaciones y que, de ser necesario, se construya una planta de tratamiento.
Los imputados son Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerda Mery y Robert Mayne-Nicholls, exdirectivos de Los Pelambres, más Francisco Veloso. Glencore hizo la denuncia luego de que se arrojaran escombros por cinco años.
la construcción de la montaña de rocas también había disparado una demanda civil, proceso en el que el juez Miguel Gálvez había dictado una cautelar con similares acciones preventivas. Pero por la dinámica de la instancia civil, de traslado y opinión de las partes, la medida viene demorada. En cambio, las fuentes aseguraron que en la fase penal, una cautelar no es apelable y que el juez tranquilamente la puede ordenar sin intervención de las partes.
Todo se aceleró por una pericia que encargó Rago Gallo, la cual señaló que la escombrera contamina lagunas cordilleranas, es un foco de generación de drenaje ácido y metales pesados, y que estos últimos podrían afectar los suelos y las napas. El peligro además radica en que las aguas que bajan de la escombrera confluyen en el río Carnicería, uno de los afluentes del San Juan
Por el estudio, la gestión uñaquista y luego Fiscalía solicitaron las medidas que a la postre resolvió el juez. En el caso del retiro de la escombrera, Rago Gallo lo instrumentó para que cesen los delitos (usurpación de suelo y agua y contaminación), “con el fin de prevenir y hacer cesar daños al ambiente”.
Consciente de la magnitud de la tarea, dispuso que los peritos designados elaboren un plan progresivo de ejecución “en el menor plazo posible”, con la colaboración del Ministerio de Minería y el Instituto de Investigaciones Hidráulicas de la UNSJ. Estos actores también deberán ayudar en el control del cumplimiento de la cautelar.
