Venezuela está en medio de una profunda crisis política, que se agudizócon la votación de la Asamblea Nacional Constituyente que impulsa Nicolás Maduro, y parece no tocar fondo.
Todo un cuadro que ha tenido un correlato económico de hiperinflación, abrupta caída de su PIB, desabastecimiento y, en suma, un agudo empobrecimiento de sus habitantes.
A nivel empresarial ocurre otro tanto. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela, el 2008 se registraban un poco más de 800.000 firmas en todo el país, de diferente índole.
Hoy no llegamos a las 270.000 compañías activas. Se han perdido 500.000 empresas, explica la presidenta del Consejo Nacional de Comercio (Consecomercio) de Venezuela, María Carolina Uscátegui.
La entidad, que representa a 120 cámaras de comerciantes y empresas de servicios de todo el país, ve con suma preocupación los efectos que han generado las últimas protestas y actos de violencia.
“Solo en 120 días se han visto afectados más de 1.200 comercios, debido a los saqueos. De esa cantidad, el 45% afirma que no tienen la capacidad de volver a abrir, debido al nivel de destrucción de sus negocios”, comenta alarmada desde Caracas la dirigenta.
Los industriales también han sido testigo de cómo fábricas han cerrado sus puertas -por quiebras o cese de actividades en el país-, o caído en las manos del Estado, a través de expropiaciones.
“Venezuela solía tener unas 12.700 industrias privadas cuando asumió el Presidente Chávez, hace 18 años. Hoy van quedando cerca de cuatro mil; solo queda una tercera parte del parque industrial”, precisa el presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga.
Según cifras proporcionadas por esta agrupación industrial, entre el 2002 y 2016 el Gobierno expropió 692 empresas a capitales privados.
“Calculamos que aquellas compañías que no se les pagó por sus activos totalizan una deuda de US$15.000 millones y muchas de ellas hoy están con juicios”, estima Asdrúbal Oliveros, economista venezolano y director de Ecoanálisis.
Oliveros añade que las expropiaciones a las multinacionales han caído. “La política del Gobierno es que empresa que se cierra o se va del país, el Estado toma los activos”, expresó.
Los dirigentes gremiales consultados coinciden en que son tres las situaciones que hoy asfixian a las empresas en Venezuela: alta inflación, nulo acceso a materias primas y controles estatales desmedidos.
El presidente de Conindustria explica que la inflación ha imposibilitado el consumo de los productos. En términos del acceso de materias primas, tanto nacionales como importadas, la situación es caótica.
En el caso de los insumos nacionales, las restricciones provienen porque gran parte de las materias primas son producidas por empresas estatales, que operan a nivel tan limitado que no existen insumos suficientes.
Y ahí empiezan los privilegios y quienes tienen acceso a ellas, especifica Olalquiaga. En cuanto a materia prima importada, no existen los mecanismos de cambio para convertir bolívares en dólares o euros, y así adquirir insumos.
“El único mecanismo es el Dicom, establecido por el Gobierno, que es extraordinariamente restrictivo, tanto en acceso como en volumen y no permite que las empresas puedan sostenerse operando a través de ellos.
Entonces, muchas empresas tratan de recurrir al mercado negro, que es altamente peligroso, desde el punto de vista de la confiabilidad, y de tasa”, opina el ejecutivo.
Además están los interminables controles que impone el Gobierno y que limitan a las compañías. “Las limitaciones a la movilidad de los productos son enormes. Como las guías Sada, para el sector de alimentos.
No puedes desplazar un camión por el país sin esta guía que las emite el Gobierno y que te autoriza dónde distribuir”, agrega Olalquiaga. “Subsistir en este entorno es un reto que pocos han podido vencer”, agrega.
Existen también limitaciones a la hora de contratar y despedir personal.
“Para las empresas pequeñas, la situación es mucho más dramática. No tienen la fortaleza para resistir una crisis de esta magnitud”, estima Asdrúbal Oliveros, de Ecoanálisis, quien plantea como una de las limitaciones el costo de la mano de obra, porque constantemente el Gobierno decreta aumentos del salario mínimo.
También, la contracción del consumo, que ha ocasionado que el 80% de los venezolanos estén bajo la línea de la pobreza.
Por si fuera poco, también enfrentan los controles cambiarios. “Estas empresas no pueden acceder a los dólares oficiales, que son escasos. Hay trabas para poder comprarlos en el mercado oficial”, especifica el economista.
“Las empresas extranjeras están imposibilitadas de repatriar dividendos con dólares oficiales y, aunque hay un mercado negro, es penado por ley hacer transacciones en él. Es un contexto extremadamente adverso”, dice.
Frente a este escenario, las sanciones anunciadas por Estados Unidos agravarían aún más la desastrosa situación. Si el gobierno de Donald Trump cumple sus amenazas y deja de comprar petróleo venezolano, podría ocasionar una contracción adicional en el PIB de hasta 10 puntos, creen los expertos.
“Las empresas ven con mucha preocupación que nos impongan sanciones desde el exterior. Eso solo vendría a agravar la situación. No descartaría que alguna empresa internacional que le dé una valoración muy alta al tema de su reputación decida, en un marco de sanciones más amplias, abandonar Venezuela”, sentencia Asdrúbal Oliveros.
