Más de 12 millones de dólares sería el monto por el cuál, la Fiscal del Ministerio Público, Ximena Chong, habría abierto una nueva investigación en el marco de uso irregular de la Ley Reservada del Cobre.
Debido a un informe emanado desde la Contraloría General de la República, la Fiscalía Centro Norte se vio forzada a abrir un nuevo proceso indagatorio por otro caso de uso irregular de recursos de la Ley Reservada del Cobre.
De acuerdo al informe de la instancia fiscalizadora y según informó La Tercera, “la Tesorería del Ejército pagó facturas a proveedores por un total de US$ 12.762.427, careciendo de la documentación requerida en el contrato vigente en los términos de referencia, así como en las bases administrativas que regulan el proceso de adquisición efectuado”.
Consultados por estos gastos, el Ejército indicó al matutino que los hechos analizados por Contraloría, sucedieron en el año 2014 “y estas observaciones obedecen a falencias de los procesos administrativos, los cuales a la fecha se encuentran subsanados y acreditados ante el ente fiscalizador”.
Además, el informe “detectó que la institución pagó 21 facturas no autorizadas” por el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Los antecedentes llevaron a que la Fiscalía Centro Norte abriera una nueva arista del caso a cargo de la persecutora, Ximena Chong, quién investigará eventuales delitos bajo una nueva causa.
Para el abogado querellante del caso Fraude en el Ejército, Cristián Cruz, estos nuevos hechos irregulares no le sorprenden.
“No me sorprende, es difícil conocer cada uno de los delitos perpetrados por funcionarios del Ejército. Yo creo que el problema no es del chancho que se come o que roba, sino que del Estado o del Gobierno que se ha negado a modificar esta normativa donde nos sólo los mandos militares están involucrados, también familiares y cercanos que se siguen enriqueciendo, lo peor, es que todas las instituciones públicas miran para el lado”, argumentó.
Recordemos que el abogado Cristián Cruz, se hizo parte de la querella por las primeras irregularidades detectadas en dicha rama de las Fuerzas Armadas, que consistía en pago de sobreprecios a cinco proveedores de la institución con fondos también derivados de la Ley Reservada del Cobre.
Para el diputado PPD e integrante de la comisión que investigó el fraude en el Ejército, Felipe Letelier, en el propio Gobierno existen operadores que impiden concretar modificaciones o derechamente anular la normativa que destina ingresos de la venta del metal rojo.
“El Gobierno no tiene la voluntad política para impulsar una derogación, los pactos de silencio también llegan a La Moneda, porque si hubiese existido interés, quien nada hace nada teme, quien quiere transparentar todo lo hace, no tiene por qué haber leyes reservadas después de 27 años de transición a la democracia, de ninguna índole”, subrayó.
Al respecto, el profesor del Departamento de Derecho Económico de la Universidad de Chile, Diego Pardow, aseguró que no cree que “haya una forma de transformar esta ley, se tiene que derogar. Por lo tanto, esos recursos tienen que ir a la Ley de Presupuesto como los ingresos generales de la nación y debe discutirse con mecanismos democráticos en el parlamento. No hay manera de arreglar esto, no es cosa de poner un poco más de transparencia, de permitir que Contraloría limite gastos, está ley tiene que terminar”, detalló.
Casi tres décadas después del fin de la dictadura de Augusto Pinochet, las Fuerzas Armadas siguen manteniendo sus privilegios, entre éstos, el que les otorga el 10 por ciento de la venta del metal rojo, equivalente a más de 20 mil 400 millones de dólares, desde 1990. Sin que desde todo este tiempo haya prosperado ninguno de los tres proyectos de ley presentados para derogar la llamada Ley Reservada del Cobre.
