El gobierno de Cornejo decidió revertir siete yacimientos paralizados, de los que 4 serían de YPF. El nuevo concurso se realizará en setiembre y están previstas más estrictas condiciones para exigir a los inversores.
Estamos dispuestos a tomar las medidas que sean necesarias para que se reactive la inversión petrolera en la provincia”, dijo a este diario el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner. Con esa frase pareció anticipar la caída de concesiones de áreas petroleras.
“Ahora vamos a comenzar a cobrar más regalías”, había dicho el gobernador Alfredo Cornejo en julio durante una visita a la refinería de Luján de Cuyo tras ratificar la permanencia de la Provincia en el directorio de YPF.
Entre junio y julio, Cornejo se reunió dos veces en 14 días con el presidente de YPF, Miguel Gutiérrez. Serían cuatro las áreas revertidas a la mayor petrolera argentina.
El Gobierno provincial ha revisado las concesiones de 2008. Fueron otorgadas durante el gobierno de Celso Jaque (PJ) y el ministerio de Francisco Pérez (luego gobernador) sobre la base modificada de una licitación anterior de Julio Cobos (UCR) y la ministra (hoy vicegobernadora) Laura Montero.
La lupa está sobre siete áreas paralizadas o con bajo nivel de actividad.
Ellas son San Rafael, Ñacuñán, Río Diamante, Pampa del Cebo, Coirones, Puesto Pozo Cercado y Atuel Norte. Sobre ellas existen multas por incumplimientos por 100 millones de pesos.
En la Casa de Gobierno se prepara una nueva licitación de doce áreas petroleras para setiembre, que incluye a las recuperadas. Hay instrucciones para ser “especialmente estrictos en la calificación de los inversores para evitar especulaciones” y endurecer los controles de inversión.
Es que la concesión de 2008 permitió el ingreso de empresas especulativas a las que no les interesó invertir en la actividad sino obtener una renta de intermediación mediante el asocio a una petrolera que hiciera el trabajo (y la inversión) por ellas. Esa petrolera -generalmente- terminó siendo YPF.
Voceros oficiales confirmaron que la nueva licitación “definirá objetivos geológicos específicos como Vaca Muerta en Malargüe y Cacheuta en Luján”. El Poder Ejecutivo tiene expectativas de “agregar a los planes de exploración 100 millones de dólares en tres años”.
En tanto, la empresa provincial Emesa comenzará a operar en la exploración de 17 áreas, de acuerdo con lo acordado en 2013. En pocos días más, y en un consorcio con Pluspetrol y Geopark, Emesa direccionará 50 millones de dólares a siete perforaciones en las áreas de Puelén y Sierra del Nevado en Malargüe. Con la compañía Roch en Agua Botada y con Medanito (Chañares Herrados) en Lindero de Piedra, perforará otros ocho pozos a comienzos del año entrante.
Al parecer, las medidas que se adoptarán esta semana no involucrarán sólo a YPF sino también a Chañares Herrados (comprada por Medanito), a OIL (de Cristóbal López), a Tecpetrol y a Ketzal (de Vila-Manzano)
Las áreas San Rafael y Ñacuñán (Santa Rosa) fueron recuperadas por el Estado (revertidas) tomando en cuenta el acuerdo con YPF que firmó Pérez y avaló la Legislatura bajo el gobierno de Cornejo. Allí, la mayor petrolera se concentró en el desarrollo de la productiva Chachahuén en Malargüe.
Las tres áreas forman parte de las siete concesionadas en 2008 a Ketsal-Kilwer del Grupo Vila-Manzano, que cerró posteriores acuerdos con YPF por los que entregó el manejo y la mayoría accionaria.
En Río Diamante (San Rafael) el concesionario es OIL. Acá hay una resolución de la Provincia que suspendió la operación por “defectos en la manifestación de impacto ambiental”. Además hay un litigio judicial y una orden de Irrigación para que se recorte el área concesionada para evitar la afectación al humedal del Diamante.
En Pampa del Cebo (Malargüe), el proceso arrancó complicado en 2008 con una reversión exprés del área.
En Puesto Pozo Cercado (Tupungato), Chañares Herrados recibió dos inspecciones de la Dirección de Hidrocarburos en enero pasado. Se descuenta que habrá un endurecimiento en los controles del Estado sobre el 25% faltante de la inversión comprometida.
Coirones es otra de las concesiones alcanzadas en 2008 por Ketzal-Kilwer y todo indica que será revertida. Mientras, Atuel Norte (Malargüe) ya fue restituida por Tecpetrol en setiembre del año pasado, tras concluir la concesión.
Medanito es titular mayoritaria de Chañares Herrados, concesionaria de Puesto Pozo Cercado y Chañares Herrados. Voceros oficiales prevén que no haya caída de ninguna de esas concesiones porque se consiguió que la empresa “cumpliera con el 75% de las inversiones” comprometidas.
En cambio, en la actividad petrolera estiman que “se caerá al menos una de las concesiones”. Es que existe una imputación del fiscal Juan Bancalari contra el ex ministro Francisco Pérez por no haber dado por caída la concesión en 2011 y haberla prorrogado por diez años.
Consideran que puede haber nuevos imputados de la gestión actual si no cae una concesión. Chañares es socia de El Trébol (del Grupo Vila Manzano) y opera con la suiza Mercuria y con una empresa china.
