Los salares de la puna argentina forman parte de las principales reservas de litio del mundo y en los últimos meses hubo diversos anuncios sobre inversiones vinculadas con su explotación. ¿Cuáles son las alternativas al modelo extractivista?
Los discursos sobre el potencial que representa el litio, clave para la fabricación de baterías como las que utilizan electrónicos de consumo y vehículos eléctricos, suelen dejar de lado problemáticas como la explotación de este mineral, no solo en el aspecto ambiental sino también cultural.
Mientras proliferan los anuncios sobre inversiones extranjeras para exploraciones y explotaciones mineras, como el reciente anuncio de inversiones proyectadas por casi 1.000 millones de dólares para el desarrollo de este mineral en Jujuy, también se habla de otros fondos del exterior para el desarrollo de industrias vinculadas, como la instalación de una fábrica de baterías de litio en Jujuy y otra en Salta, donde la empresa china BYD también planea fabricar colectivos eléctricos. A primera vista, el ingreso de divisas parece alentador. Sin embargo, ¿qué otros efectos tiene? ¿Qué cantidad de empleo y de qué tipo generan estos emprendimientos? ¿De qué modo producirán y qué tecnologías usarán? ¿Preservarán el medioambiente?
“Lo que se ve por parte del Gobierno es un apuro por explotar el recurso, pero no hay una reflexión ni siquiera desde el economicismo. Estos son temas que tienen que ver con la agenda de largo plazo de un país pero están subordinados a la coyuntura de resolver el problema de la balanza de pagos. Es decir, se promueve que entren divisas a través de inversiones, con la idea de que en algún momento eso dará frutos como exportaciones y resolverá la balanza comercial”, dijo el economista Ariel Slipak, quien participó de la redacción del libro “Geopolítica del litio. Iindustria, ciencia y energía en Argentina”.
“El discurso que justifica estas medidas para promover las inversiones extranjeras es el del derrame que generaría una burguesía local provincial, pero aquí no se da en términos de modernización al estilo schumpeteriano, en el sentido de que invierten y desarrollan tecnologías, sino que son oligarquías locales que participan de las migajas y, si mañana se va la empresa, vuelven a la pobreza inmediatamente”, le dijo a TSS su colega Federico Nacif, sociólogo e investigador del CONICET.
Ddestaca que hoy se podría hablar de una economía de enclave en el país, puesto que si bien el tema del litio ha cobrado mayor difusión después de que Jujuy lo declarara como recurso estratégico para la provincia, en el año 2011, en verdad “ya hace casi veinte años que se explota este mineral en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, y los resultados están a la vista: para llegar a Andalgalá, donde está la población más cercana, no hay caminos y solo existe un servicio de colectivo por semana, mientras que la empresa FMC Lithium, que es estadounidense, tiene una pista de aterrizaje propia”.
La maraña regulatoria del sector minero explica alguna de estas asimetrías, al superponer tres instancias normativas para la minería. Si bien la Constitución Nacional, en su artículo 124, establece que los recursos pertenecen a las provincias, el Código Minero, promulgado en 1887 y reformado en 1997, incentiva la búsqueda permanente de minas y establece un canon minero. Por último, la Ley de Inversiones Mineras, sancionada en 1993, que regula la actividad y, entre otras cuestiones, otorga estabilidad fiscal por un período de 30 años a las empresas del sector, permite la deducción de los montos invertidos en prospección, exploración y estudios de factibilidad del impuesto a las ganancias, sumado a otros beneficios impositivos.
“La legislación argentina fomenta la competencia entre provincias por captar la mayor cantidad de proyectos y que haya un montón de interesados en detectar yacimientos mineros para venderlos a las transnacionales”, sintetiza Nacif, quien además fue compilador del libro “ABC del litio sudamericano. Soberanía, ambiente, tecnología e industria“. Y agrega: “Con la provincialización de los recursos y la desregulación del sistema minero, el litio nunca estuvo diferenciado, es un commodity más al que se le puede adjudicar una concesión simple, es casi una propiedad privada”.
En comparación con los vecinos del denominado Triángulo del Litio, la Argentina es “el país con mayor desregulación del cono sur”, dice Nafic. En Chile, donde el litio es considerado un recurso estratégico, cualquier explotación se tiene que hacer con un contrato a través del Estado. En Bolivia también y, por ley, tiene que ser explotado por una empresa 100% estatal.
Otra de las ventajas que suele estar asociada a la producción de carbonato de litio es la posibilidad que representa para desarrollar una industria nacional. Si bien hubo experiencias que todavía no han prosperado, los anuncios actuales se refieren a nuevas y más inversiones extranjeras en el rubro. “Es una política con una retórica que promueve la figura del empresario innovador, pero en realidad deja que el Estado corra los riesgos e impulse una política formativa y cuando ya hay algo desarrollado viene un gran capital privado externo y toma los frutos de eso, no le retorna al Estado toda la inversión realizada en ciencia y tecnología”, se lamentó Slipak.
“Ahora se habla de ensamblado de baterías, lo mismo que en Bolivia y Chile. En vez de buscar una batería sudamericana, con una política que busque las ventajas comparativas de la región, tal como lo han hecho los países del Sudeste Asiático, tendremos baterías ensambladas en Chile o en la Argentina compitiendo entre sí. De esta manera, el Estado no está teniendo injerencia en los procesos industriales que se van a llevar adelante en la producción de baterías”, agregó.
Nacif comparte la idea de una industrialización basada en el litio, siempre y cuando esto no oculte “el tema de fondo, que es la desregulación total y absoluta de nuestros recursos naturales en manos de las transnacionales. Esas pequeñas industrias y laboratorios de baterías de litio producen una ilusión de industria nacional. Avanzar hacia la discusión de las baterías no solo implica cuestionarse si tenemos que hacerlas o no, sino que también hay problemáticas más complejas, lo que implica pensar en los usos de esas baterías, para qué sector se producen, para qué mercados, con qué costos y con cuánta inversión en I+D. También, preguntarse qué otras cosas se podrían hacer con el litio que tal vez podrían ser más rentables”.
Además de las tan demandadas baterías de litio-ion, este mineral tiene y ha tenido otros usos: está presente en vidrios, aleaciones, fibras, lubricantes, químicos y fármacos.
El doctor en química Horacio Corti, del grupo de celdas de combustible de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), no desconoce la importancia del litio para la construcción de baterías a nivel mundial, pero se pregunta si la exportación de carbonato de litio es lo más estratégico para la Argentina. Desde su especialidad, Corti se inclina por potenciar la investigación en los métodos de separación de ese mineral en lo que se denomina litio-6 y litio-7, dos isótopos que se utilizan en la industria nuclear.
En los reactores actuales, se utiliza litio-7 para alcalinizar el sistema primario y evitar la corrosión en los materiales del reactor. “El valor del litio-7 es de 10.000 dólares el kilo. Si pudiéramos fabricarlo en la Argentina sería un negocio bueno pero acotado, ya que las centrales locales usan pocos kilos por año. Sin embargo, los 40 reactores estadounidenses hoy demandan 300 kilos anuales y podríamos comenzar a generar un mercado y ser un proveedor confiable”, comenta Corti y recuerda que el costo del carbonato de litio enriquecido que se produce actualmente en el país es de 10 dólares el kilo.
“Si en 2025 la demanda de litio para baterías creciera a 560.000 toneladas, que es lo que propone [el fabricante de vehículos eléctricos] Tesla, para que la Argentina alcance el 50% de la producción global, como se ha dicho, necesitaría producir 1.800.000 toneladas entre 2017 y 2025. Con el 3% de regalías, la Argentina recibiría 531 millones de dólares, considerando un valor superior al actual, de 15 dólares el kilo de carbonato”, calcula Corti y destaca que esa cifra apenas representa el 1% del PBI del país en 2016 y que, además, implica que, en siete u ocho años, se disminuirían a la mitad las reservas, aunque la demanda podría caer. “El litio no se consume, es decir que, cuando haya que cambiar la batería, Tesla podrá procesarlo para volverlo a utilizar”, explica.
Por su parte, el litio-6 no puede ser usado en los reactores actuales porque “reacciona con los electrones y forma tritio, que aumenta el nivel de radiactividad en la central y hace más costoso el mantenimiento”, explica Corti, pero advierte que sí se necesitará en el futuro si se logra la fusión nuclear.
“La separación isotópica —de la cual siempre resultan ambos isótopos, de litio-6 y de litio-7— es un problema tecnológico que requiere mucho esfuerzo, pero también es estratégica y, de modo similar al enriquecimiento de uranio, hay que comprobar que se desarrolle para usos pacíficos. Por eso, creo que la tendría que centralizar una institución como la CNEA, que puede gestionarlo a nivel internacional”, dice Corti, quien además se desempeña en el Grupo de Vidrios y Líquidos Sobreenfriados del Instituto de Química de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE).
Corti destaca la utilización del litio en los centelladores que se usan para blindajes en instalaciones nucleares, para evitar la irradiación con neutrones (algo que, por ejemplo, se requerirá para el laboratorio de haces de neutrones del reactor de investigación RA10, que se está construyendo en Ezeiza. “Cada gramo de litio-6 para un centellador, que son unos bloques de 20 por 20 centímetros, equivale a 3.000 dólares”, explica.
Para Nacif, hay que tener “un debate serio sobre modelos de desarrollo. En la Argentina, por lo menos, habría que suspender al litio del Código de Minería para recuperar la soberanía. Hay casos interesantes, como el de Bolivia, donde la explotación es 100% estatal. Creo que sería interesante recuperar los salares y que la explotación esté a cargo de una empresa estatal vinculada con las universidades, para que sumen investigación sobre el tema y poder decidir en qué escala y de qué manera conviene explotarlo”.
Modificar el Código de Minería y la Ley de Inversiones Mineras también es necesario, según Slipak, para que se pueda llevar adelante una discusión participativa sobre una política de mediano y largo plazo para el litio, que incluya a las comunidades locales y el aporte del sector científico en este tipo de decisiones.
