Enviarán el proyecto después de octubre. No quieren afectar la recaudación. "Si bajamos la presión medio punto por año, somos Gardel", creen en el Gobierno.

Si hay una reforma esperada y reclamada por vastos sectores, es la impositiva. La alta presión fiscal que tiene la Argentina, y que fue incrementándose en los últimos años hoy alcanza al 33% del PBI, es uno de los principales problemas que tiene hoy la economía y que afecta seriamente la competitividad. Sin embargo, tendrá gusto a poco el proyecto que enviará el Ejecutivo al Congreso luego de las elecciones. "No esperen bajas sustanciales de impuestos porque no podemos hacer mucho con el déficit fiscal que tenemos", anticipó a El Cronista un funcionario que trabaja en la reforma. 

Según agregó, en el Gobierno están trabajando en un plan de modificación de la estructura impositiva a cinco años, pero que será muy gradual y casi no tendrá impacto en 2018. Por otra parte, esperan una larga y ardua discusión en el Parlamento.

El presidente Mauricio Macri ya tiene en sus manos un borrador de 200 páginas con los principales lineamientos de lo que el equipo económico considera que debería orientarse una reforma impositiva. Apuntará a favorecer el empleo y la inversión y será neutra, es decir que las bajas de gravámenes serán compensadas por el aumento de otros o la aplicación de nuevos tributos. "Nuestro objetivo número uno es bajar la inflación y el segundo, reducir el déficit este año llegará a 6% del PBI para poder tener financiamiento. Eso no es compatible con bajar impuestos en el corto plazo", manifestó el funcionario consultado. Algunas de las ideas consensuadas por el círculo íntimo del jefe del Estado son las siguientes:

-Impuesto al Cheque: Aunque hay coincidencia en que se trata de uno de los tributos más distorsivos que tiene la economía, el Gobierno no apuesta a eliminarlo. Así como está previsto para las pequeñas y medianas empresas en la Ley Pyme, la idea oficial es que pueda tomarse a cuenta del impuesto a las Ganancias. Habrá un esquema de gradualismo, por lo que el primer año se podrá descontar hasta 20% y así sucesivamente hasta llegar a los cinco años. El plan no es eliminarlo porque el objetivo es beneficiar al que cumple pero castigar al que evade, en referencia a que muchas personas tienen cuenta bancaria pero aún así, no pagan todo lo que deberían.

-Impuesto a las Ganancias: También con este tributo la idea es seguir los lineamientos planteados por la Ley Pyme. Las empresas que reinviertan sus utilidades pagarán menos Ganancias o directamente no pagarán, adelantó la fuente oficial. Consultado acerca de posibles cambios con respecto a la cuarta categoría, precisó que el mínimo no imponible alcanzado por ley el año pasado (un casado con dos hijos paga a partir de un salario bruto de
$ 37.000, que son $ 30.500 de bolsillo) es "demasiado alto con respecto a lo que se paga en otros países del mundo", por lo que dejó entrever que ya no habría más cambios.

-IVA: El Gobierno no está pensando en bajar el IVA, ni siquiera para los productos de primera necesidad como plantea la plataforma de campaña del candidato 1País, que lidera Sergio Massa. Hay una idea, sin embargo, de evitar las fuertes distorsiones que hoy existen entre distintos alimentos, ya que algunos están exentos, otros pagan 10,5% y otros 21%. Con respecto a los que tienen cuota reducida, dijo la fuente, "tienen un problema de que se les genera mucho crédito fiscal, pero deberá resolverse técnicamente".

-Renta financiera: Tal como dejó entrever el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, en declaraciones radiales días atrás, el Gobierno está pensando en gravar los intereses de las personas físicas, es decir, la renta de los plazos fijos. No así la de los bonos, que hoy tampoco está gravado. 

-Ingresos brutos: Este es un impuesto provincial que representa, para todos los distritos, la mayor parte de la recaudación. Por lo tanto, será una discusión ardua que deberá dar el Ejecutivo con los distintos mandatarios. En el Gobierno están pensando en una especie de Pacto Federal como se firmó en 1993 en el que los gobernadores se comprometan a reducir Ingresos Brutos a cambio de concesiones que haga la Nación, como por ejemplo renovación de deudas, mayores fondos para obra pública, entre otras.