El gobierno nacional ha manifestado estar decidido a recomponer la falta de infraestructura mediante una gran apertura al sector privado. Entre las herramientas destinadas para ello se encuentra la nueva ley 27.328, de Participación Público-Privada, vigente desde diciembre del año pasado y su decreto reglamentario N°118/17 de febrero de 2017.
La normativa que permite la asociación cooperativa del Estado con el sector privado para la ejecución de obras que mejoren el trasporte y la comunicación nacional y provincial está en pleno proceso de implementación. La provincia de Buenos Aires adhirió a la normativa que rige desde el año pasado en el territorio nacional.
La Voz del Pueblo entrevistó a Marcos Serrano, director de Asuntos legales y Judiciales del Ministerio de Transporte de la Nación quien aportó información respecto a la normativa vigente.
Se trata de una ley de asociación pública y privada que el Estado nacional y el Ministerio de Transporte en particular usarán como herramientas para la ejecución de obras fundamentales de infraestructura.
Serrano se refirió a un congreso llevado a cabo recientemente en Portugal y en Roma con la participación de altos funcionarios del Ministerio de Transporte, la Agencia de Inversiones y el Ministerio de Finanzas y de una comitiva de la que el director de Asuntos Legales formó parte. Dijo que “tuvo como objetivo presentar los alcances de la ley y sus beneficios para avanzar especialmente en obras de infraestructura”.
La nueva ley constituye una forma de colaboración de ambos sectores con el objeto de implementar un proyecto de envergadura por medio del cual los recursos y capacidades son puestos en forma conjunta, lo que supone la distribución de riesgos de la mejor forma para optimizar las perspectivas de cada parte.
Es una modalidad alternativa que el Estado podrá llevar adelante, a las tradicionalmente ya conocidas como lo es el contrato de obra pública o a la concesión de obra pública. A partir de la sanción de la nueva ley y su reglamentación se podrá coordinar la experiencia de la empresa privada con el Estado y asociarse para que haya un financiamiento del sector privado con el fin de lograr los objetivos del Ministerio. “Se trata de una herramienta más que permite ejecutar el plan de infraestructura que lleva adelante el ministro Guillermo Dietrich”, indicó.
Serrano explicó que leyes similares a las de contratos de participación pública-privada se llevan a cabo en países europeos y latinoamericanos como Chile, Brasil y México, entre otros, hace años, “con lo cual ya tienen obras realizadas. Durante los congresos aportaron información en cuanto a la experiencia”.
Consultado por este diario Marcos Serrano subrayó que “la misma ley instruye a la obligatoriedad de la licitación pública para la elección del contratista, garantizando los principios de transparencia, igualdad, equidad y concurrencia. La propia ley estipula esto sin excepción”.
Serrano puntualizó que “la figura de la participación es la que distingue a este contrato del de obra pública tradicional y de la concesión de obra pública”.
“Brevemente es importante recordar que la obra pública se financia con el Tesoro Nacional. Por su parte, en la concesión de obra pública en corredores viales, el contratista asume la obligación de financiar, construir y mantener una obra, percibiendo como contraprestación por las tareas efectuadas, una tarifa que abonan los usuarios de la obra”, afirmó.
Ponderó el plan de gestión gubernamental e hizo hincapié en esta legislación. “El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, está realizando un plan muy ambicioso de infraestructura pública relacionado a transporte, a lo largo y ancho del país. Hay muchas obras en marcha como la recuperación de vías para trenes de carga, el Metrobus, el asfaltado de vías principales y calles de tierra para mejorar la circulación de colectivos y vehículos en el conurbano bonaerense, como así también duplicando la cantidad de kilómetros de autopistas existentes y mejorando rutas de la red vial federal”, concluyó.
