WALTER RIOS
Denunciará hoy que se investiguen a directivos de Glencore. También pedirá el retiro y medidas preventivas.
La gestión uñaquista redobló la apuesta en el conflicto por la montaña de escombros que armó la minera chilena Los Pelambres en suelo calingastino sin autorización argentina. Fiscalía de Estado denunciará hoy que se investiguen a directivos de Glencore, ya que la compañía es la titular del terreno donde viene diciendo que explotará el proyecto de cobre El Pachón y permitió que durante años se tiraran toneladas de roca.
Tal cual había adelantado este medio, en el Gobierno también le achacan responsabilidad. Pero no es lo único, ya que la provincia se hará parte querellante, le pedirá al juez federal penal, Leopoldo Rago Gallo, que ordene el retiro de los residuos y presentará una cautelar para que, hasta que se haga efectivo ese procedimiento, la minera trasandina lleve a cabo medidas urgentes para lograr que la escombrera no contamine ni sea un riesgo ambiental.
Los plazos de la embestida oficial se aceleraron luego de que un informe encargado por el magistrado (que fue firmado por peritos oficiales y de Los Pelambres y Glencore) revelara que la escombrera contamina lagunas cordilleranas, es un foco de generación de drenaje ácido y metales pesados, y que estos últimos podrían afectar los suelos y las napas. El peligro además radica en que las aguas que bajan de la escombrera confluyen en el río Carnicería, uno de los afluentes del San Juan.
La investigación penal se desató justamente por la denuncia que hizo Glencore en 2015 contra exejecutivos de Los Pelambres por contaminación y usurpación de agua y de suelo. En ese marco, ya fueron indagados y están imputados los exgerentes Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerda Mery y Robert Mayne-Nicholls. También está en la mira Francisco Veloso, de Antofagasta Minerals, el grupo que controla Los Pelambres. Un año antes, la firma que tiene concesionado El Pachón había demandado a la compañía chilena por daños y perjuicios.
Pero la escombrera se armó entre 2007 y 2012 y el fiscal de Estado, Jorge Alvo, manifestó sobre Glencore que “como titular de la pertenencia minera no podían desconocer la instalación que se estaba realizando en ese territorio, que es argentino”. En el Gobierno habían dicho que inclusive al pie de la escombrera hay una perforación que realizó la empresa que tiene el proyecto de cobre del lado sanjuanino. Es más, en el sector señalan que Glencore encaró negociaciones con Los Pelambres para vender El Pachón, pero que se frustraron. Por eso, la sospecha oficial es que ha venido utilizando el tema durante mucho tiempo para sacar un beneficio económico.
Ante ese escenario, el equipo de Fiscalía de Estado, encabezado por Alvo y el adjunto, Gastón Orzanco, solicitó lo que se denomina una ampliación de investigación contra los directivos de Glencore, lo que en la práctica es una denuncia. El escrito desarrolla un detalle pormenorizado de normas y conceptos ambientales para sustentar la participación de la provincia y un pedido clave: el retiro de la montaña de rocas. Inclusive, haciendo hincapié en el activismo que puede tener el juez para evitar el paso del tiempo, pidió que los peritos designados elaboren un plan progresivo de ejecución para sacar los residuos.
Pero como dicha movida insumirá tiempo, también plantearon una cautelar para llevar a cabo medidas de precaución y de prevención a fin de resguardar el ambiente. En ese marco, solicitaron la instrumentación urgente de acciones propuestas en sede civil, como un sistema de drenajes para evitar el contacto de las aguas superficiales con la escombrera y continuar con el monitoreo de los líquidos. Y que ordene una audiencia con todos los peritos para poner en marcha la cautelar.
Fiscalía de Estado también le pidió al juez la formación de un fondo de garantía que le permita a la provincia realizar las obras ordenadas o que sea una indemnización en el caso de que se produzca un hipotético daño ambiental. Por otro lado, hizo reserva de actuar civilmente contra Los Pelambres y Glencore.
