La adenda firmada entre el Ministerio de Hidrocarburos de Chubut y la operadora Tecpetrol, a la que tuvo acceso ADNSUR, en una negociación en la que también participaron Petrominera e YPF en su carácter de socias en las concesiones de El Tordillo, Puesto Quiroga y La Tapera, logró quitar al “paraguas” de 45 dólares por barril que posibilitaba a esa petrolera diferir inversiones comprometidas en la prórroga del contrato de concesión firmada en el año 2013, por lo que desde esa perspectiva la negociación aportó una mejora en relación a las condiciones anteriores.
Tal como había confirmado el ministro Alberto Gilardino, dicho instrumento no contiene menciones a desvinculaciones de personal, de allí que causó sorpresa en el gobierno el planteo del secretario adjunto –“y diputado provincial por la oposición”, recordaron en el seno gubernamental, con tono sarcástico- Carlos Gómez, al referir que dicha negociación había involucrado a funcionarios provinciales, según dijo el dirigente al citar argumentos de los representantes empresarios, con la condición de 167 desvinculaciones: de este tema no hay menciones en el acta firmada, aunque ninguna de las partes desconoce la presión de las compañías en torno a los “puestos laborales sobrantes”.
Más allá de las interpretaciones políticas, el acta firmada el 29 de junio logró mejorar una de las cláusulas del contrato firmado en agosto de 2013, que estipulaba el piso de 45 dólares a favor de liberar a las operadoras de los compromisos de inversión.
En efecto, el barril de crudo en la región tuvo un precio neto (una vez aplicadas las deducciones de regalías, impuestos y penalización por calidad) inferior a esa marca entre octubre de 2015 y septiembre de 2016, por lo que el artículo 1 del contrato posibilitaba postergar las inversiones comprometidas en el acuerdo de prórroga.
De allí que una de las mejoras que se logró introducir en la negociación, según se pondera en el análisis efectuado en el seno gubernamental para evaluar los resultados, es eliminar esa condición de los 45 dólares (además de fijar plazos precisos para el programa de inversiones), por lo que la operadora debe cumplir un programa de inversiones en plazos determinados, sin posibilidad de nuevos diferimientos: el programa contempla 10 pozos productores por año, incorporando un equipo perforador activo entre el 1 de julio de este año y el 31 de diciembre del 2021.
En el mismo plazo se acordó la realización de 3 pozos exploratorios, en busca de incorporar reservas probables o posibles, comprometiendo en el cronograma la actividad de 3 equipos de work over y otros 6 de pulling.
“La propuesta acordada con las concesionarias agrega compromisos de inversión a los ya asumidos en el marco del referido acuerdo –dice el acta del 29 de junio-, lo que permite garantizar puestos de trabajo en el contexto actual de crisis de la industria petrolera, de tal modo que la experiencia y esfuerzos conjuntos permitan mitigar y superar el presente de limitaciones de la explotación en la cuenca del golfo San Jorge”.
Asimismo añade que “la propuesta efectuada por las concesionarias implica el compromiso de las mismas de duplicar la cantidad total de equipos de torre en actividad en las áreas de las concesiones, los que (…) garantizarán la actividad de seis (6) equipos de torre durante los años 2017, 2018 y marzo de 2019 inclusive para las referidas áreas, entre equipos de work over y pulling”.
De este modo, el acta no contiene menciones a reducciones de personal, aunque los distintos actores admiten que esa discusión puede formar parte de la agenda que en paralelo llevan adelante la operadora y el propio sindicato, al momento de evaluar los cambios en la jornada de trabajo o las alternativas para reubicar al “stock de personal excedente”.
