La larga saga del malogrado proyecto minero de Aratirí tuvo otra vuelta de tuerca cuando la familia Agarwal, dueña de Zamin Ferrous, la propietaria del grupo que pretendía extraer hierro en la zona de Valentines, anunció que comenzará un proceso de arbitraje contra el Estado uruguayo. Lo acusa de haber incumplido el tratado de Promoción de Inversiones entre el Reino Unido y Uruguay al imponer modificaciones al proyecto de exploración que lo hicieron inviable. El semanario Búsqueda dio la información que Zamin Ferrous confirmó en la tarde de ayer con un comunicado.
"Minera Aratirí y sus subsidiarias contaban con varios permisos de prospección y exploración, que les otorgaban un derecho exclusivo a obtener la concesión de explotación del Proyecto Valentines. Pero el Gobierno implementó cambios a las reglas de juego afectando específicamente el Proyecto, y de forma retroactiva", dice un comunicado del grupo.
Un grupo de 100 trabajadores de Aratirí está haciendo un juicio contra el grupo inversor por no haber pagado la mitad sus despidos. Los trabajadores tienen la esperanza de cobrar algo con lo que se obtenga del remate de máquinas y contenedores de Zamin Ferrous que se realizará el mes próximo, dijo a El País el sindicalista Francisco da Silva. El comunicado dice que "el gobierno instó a Minera Aratirí a ubicar uno de los elementos claves de su Proyecto (el puerto que utilizaría para exportar el hierro producido) en un lugar específico, La Angostura, en un lote propiedad del Ministerio de Defensa", y que luego esa cartera negó el uso del lugar.
"Los inversores confiaron en la conducta del gobierno y en sus promesas respecto al proyecto. Y en base a ello invirtieron cientos de millones de dólares en el país en su desarrollo. El proyecto en un momento llegó a emplear casi a 200 individuos y estaba planeado que empleara a miles de uruguayos. Lamentablemente, ello no fue posible debido a la conducta del gobierno, que no cumplió con sus promesas ni sus obligaciones, frustrando así el desarrollo del proyecto y causando muy importantes pérdidas a los inversores", sostiene el comunicado. La firma King & Spalding representa a los demandantes
El gobierno siente que "el Estado está muy bien resguardado" de cara al juicio que anunció la minera Aratirí. Según dijeron a El Observador fuentes del Ministerio de Industria, en el Poder Ejecutivo están convencidos que en todo el proceso se fue "muy cuidadoso" en la negociación con Aratirí.
La empresa informó por medio de un comunicado este jueves que "los señores Ritika Mehta, y Prenay y Vinita Agarwal, nacionales ingleses inversores en Minera Aratirí y sus subsidiarias, iniciaron un arbitraje de inversión contra el Estado Uruguayo por incumplimiento del Tratado para la Protección y Promoción de Inversiones entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Oriental del Uruguay". La noticia había sido publicada este jueves por Búsqueda.
La firma señaló que la notificación del arbitraje fue enviada este miércoles al Estado uruguayo, aunque al ser consultado este jueves el ministro de Economía, Danilo Astori, por periodistas en la cumbre del Mercosur en Mendoza, Argentina, respondió: "Lamentablemente no puedo ofrecer ninguna respuesta porque no estoy informado acerca del asunto".
El arbitraje se inició bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, conocida como Uncitral. Los inversores ya nominaron a su árbitro y esperan ahora que Uruguay nomine al suyo.
Según el comunicado, la base del reclamo es "la conducta arbitraria y no transparente del gobierno uruguayo, contraria a las legítimas expectativas de los inversores" que según la firma "es violatoria del Tratado internacional de protección a las inversiones entre el Reino Unido y la República Oriental del Uruguay".
En ese sentido Aratirí afirmó que "el gobierno implementó cambios a las reglas de juego afectando específicamente el proyecto, y de forma retroactiva", en relación a la ley de megaminería que fijó nuevos topes al negocio minero.
"Luego de que los inversores gastaran decenas de millones de dólares diseñando el puerto en ese lugar y haciendo todos los estudios del caso, el gobierno decidió unilateralmente que el puerto del proyecto debía ubicarse en otro lugar, en el que el gobierno quería desarrollar un puerto de aguas profundas. La compañía mostró su buena voluntad y, a pesar de los gastos adicionales y el retraso que conllevaba, cambió la ubicación del puerto", afirmó.
En el Ministerio de Industria afirman en cambio que "el Estado uruguayo ha sido contemplativo con Aratirí, y no se pudo avanzar en un contrato porque la empresa nunca presentó las garantías financieras que la ley minera exige. Dentro de esas garantías la empresa tenía que mostrar que era solvente, lo que nunca ocurrió. Los omisos fueron ellos", enfatizó.
"La demanda debe ser un monto grande y va a generar revuelo, pero la gente tiene que estar tranquila que el Estado está preparado para afrontar el juicio", aseguró.
Por su parte, el comunicado de la empresa cita declaraciones del socio del estudio King & Spalding, Ken Fleuriet, quien afirmó que "el caso de los inversores es muy sólido porque la conducta del Estado en este caso fue claramente violatoria del Tratado".
