El ministro Rodrigo Valdés aseguró que es discutible el hecho de que la entidad evalúe no sólo la legalidad, sino el mérito de las decisiones de las empresas públicas. Además, puso en duda la fuerza de las recomendaciones dada la estructura del organismo.
Una postura más definida presentó el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en su rol como representante del dueño de Codelco respecto a la pugna que mantiene la minera con Contraloría.
En una exposición de no más de 40 minutos, acusó que la superposición de normas -entre el ente liderado por Jorge Bermúdez y Cochilco- generará trabas para la cuprífera, al tiempo que cuestionó las facultades que tiene el órgano contralor en dirimir respecto a las decisiones de los gobiernos corporativos de las empresas estatales.
Durante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre la utilización de recursos públicos en Codelco, Valdés cuestionó los cambios de criterio que ha tenido Contraloría en sus dictámenes sobre empresas públicas, juzgando más que la legalidad de los actos, el mérito de las decisiones.
“(Ha habido) un cambio de criterio importante, esto no había pasado antes. Como ministro me toca ver a Codelco, pero lo veo en Metro, en Enap, y veo además un camino de meterse en el mérito de las decisiones que es completamente discutible. Cuando dicen cuántos pasajeros por metro cuadrado lleva el metro, cuánto concreto hay en un túnel o si conviene o no un plan de retiro -cosas que después la Contraloría ha cambiado y no digo que haya inflexibilidad completa porque se ha ido aprendiendo en este proceso- sí creo que es otra línea”, dijo.
Y fue más allá al cuestionar si es indicado que Contraloría evalúe las decisiones tomadas por el gobierno corporativo de las empresas públicas. “No es una cuestión blanco o negro donde alguien tiene razón y otro no. Si uno tiene que meterse en temas corporativos, la pregunta es si la Contraloría tiene el gobierno corporativo correcto para meterse en las decisiones; es un gobierno unipersonal, vertical y sólo personal de confianza. ¿Estamos seguro que queremos colgar de eso todas está decisiones o en realidad el gobierno corporativo de la empresa es mucho más robusto? Creo que será un gran tema de futuro”, añadió.
En este sentido, indicó que si bien la recomendación de la junta de accionistas fue llegar a un acuerdo administrativo con Contraloría, para salir de la pugna legal, aquello no estaría zanjado. Al contrario. “La vía judicial no está para nada descartada, de hecho la historia está avanzando hacia allá”, dijo al respecto.
Además, durante la exposición, el titular de Hacienda dio luces de su postura respecto al tema, al hacer referencia a que una superposición de normas generará obstáculos para la estatal, lo que a la larga afectará su rendimiento. “Hay que hacer un balance bien cuidadoso porque estos candados que estamos poniendo, que pueden ser muy útiles, pueden terminar siendo carísimos si es que al final del día se demora todo un año más”, comentó.
En la cita en el Congreso también participó el ex presidente ejecutivo de la minera, Diego Hernández, actual presidente de Sonami, el que recordó que, durante su administración en la estatal entre 2010 y 2012, el rol de Contraloría era claro: sólo intervenía en casos extremos. Es decir, el fiscalizador era Cochilco. Por esto calificó la posición de Contraloría de “una nueva interpretación”.
En este sentido, para superar las diferencias indicó que “hay que hacer un esfuerzo grande de conversación entre Contraloría y Codelco y llegar a algún acuerdo, y que la base de ese acuerdo sea el sentido común, no interpretaciones muy torcidas de la ley”.
El desencuentro entre la minera y Contraloría nace de dos dictámenes de este último, en el que cuestiona la indemnización por $511 millones del ex dirigente Augusto González, y el tratamiento de una serie de operaciones entre partes relacionadas al interior de la empresa.
Tras ello surgió una controversia acerca de si Contraloría tiene efectivamente las facultades para fiscalizar a la estatal y la normativo bajo la cual debe regirse. Codelco ha defendido su posición respecto a que su fiscalizador debe ser Cochilco y anunció que llevaría el tema a la justicia para que éste sea zanjado en tribunales. Sin embargo, desde el Gobierno recomendaron a seguir una vía administrativa, la cual ahora se ve más lejana.
