MARIANO BELDYK
La Argentina cuenta con una importante capacidad ociosa en generación de valor agregado energético a su producción primaria. Incentivarla parecería ser el camino a seguir, pero decisiones del Gobierno nacional, así como condiciones internacionales, podrían poner un freno a su expansión.
os biocombustibles son una oportunidad de negocios hoy y, mucho mayor aún, en los años por venir. Su uso se impone como opción sustentable en un mundo que exige cada vez más respuestas eficientes y amigables con el ambiente. En este sentido, la Argentina tiene una gran capacidad ociosa en generación de valor agregado energético a su producción primaria. Incentivarla sería la respuesta obvia para esta demanda que crece. Aun así, todo apunta a que el Gobierno nacional pondrá en stand by la prometida expansión del bioetanol mientras contempla cómo uno de sus productos estrella, el biodiésel, pierde su casi único y más vital mercado con un muro que se levanta inexorable en la frontera de los Estados Unidos.
En junio pasado, los gobernadores de Tucumán y Córdoba, Juan Manzur y Juan Schiaretti, exigieron por carta al ministro de Energía, Juan José Aranguren, que concrete el demorado aumento de tres puntos para la industria del bioetanol que llevaría el corte en las naftas al 15%. El Gobierno trabajaba hace tiempo en esa dirección por pedido de los zafreros del noroeste. Pero, en los últimos meses, se apilaron los intereses cruzados de sectores que no ven con buenos ojos esos puntos extra y, a decir de algunos funcionarios, tampoco les cayó del todo bien la movida política de los gobernadores.
Petroleras y automotrices son dos de los lobbies que más presión imprimen para que el Gobierno pise el freno. Las primeras ya no solo pelean para balancear costos operativos con ganancias cada vez más estrechas por la baja del barril internacional, sino que temen perder terreno frente a los biocombustibles si no intervienen. Las automotrices, a su vez, rechazan el plan bajo el argumento de que el parque actual no está preparado para trabajar con esa nueva calidad de combustible, por lo que puede acarrear dificultades mecánicas. Proponen, en cambio, avanzar hacia un sistema mucho más complejo de flex fuel del tipo brasileño, aunque a mediano plazo. En el ínterin, depositan sus esperanzas en que el examen de emisiones contaminantes a cargo de Ambiente arroje un nivel de óxido nitroso superior al permitido por la norma europea que rige en el país; así, el plan de los tres puntos quedaría descartado.
Los biocombustibles nacen de la biomasa y, en la Argentina, son dos las matrices más desa-rrolladas: el bioetanol, a partir de la fermentación de los azúcares contenidos en la materia orgánica de las plantas, puntualmente, caña de azúcar y maíz; y el biodiésel, extraído de la soja. A nivel interno, la producción de uno y otro van casi de la mano: en 2016, el bioetanol rozó los 900.000 metros cúbicos (m3), mientras que el biodiésel fue apenas superior, con 1 millón de m3. Es en la venta al exterior donde divergen: al tiempo que el bioetanol no registra, el biodiésel dobla y más su consumo local con un total de 1,6 millón m3 el año pasado.
La Ley 26.093, de 2006, estableció un régimen de promoción de biocombustibles a través de incentivos para la instalación de plantas y el establecimiento de un corte obligatorio del 5%, tanto en el gasoil como en los diversos tipos de nafta, vigente desde 2010. Además, fijó en la autoridad de aplicación la potestad de ampliar ese corte en función de la evolución de las variables del mercado, tal como sucedió.
"Con el etanol tenemos bastante claro hacia donde apuntamos. Con el biodiésel, por el contrario, los Estados Unidos nos cambió el tablero, lo que puede abrir modificaciones en la estrategia", comenta Mariano Lechardoy, subsecretario de Bioindustria, para quien "los biocombustibles en la Argentina están vistos como una alternativa muy madura, con tecnología muy bien instalada, mercados muy regulados donde se compiten en cupos y precios con los hidrocarburos porque se sabe cuánto entrega cada uno y a qué precio". El Estado fija precios iguales para todos y cantidades diferentes según la empresa.
Las plantas de biodiésel se distribuyen a lo largo del corazón sojero del país: Santa Fe y Buenos Aires concentran el mayor número de instalaciones y, por ende, de producción. No es casualidad. Al cruzar los nombres de las empresas registradas en el Ministerio de Energía y Minería (MINEM) con aquellas que exportan el cereal y sus derivados, emergen las grandes cerealeras de la cuenca del Paraná que combinan la cercanía con los campos de producción, una fuerte inversión en industria y su salida a las aguas.
Durante el primer año de registro completo, 2008, fueron exportados hasta 680.000 m3 sobre una producción de 711.000. La misma suerte tuvo el biocombustible generado al año siguiente. Solo a partir de la entrada en vigencia de la 26.093, en 2010, con su porcentaje de venta al corte (el monto se fijó luego en 10%), el mercado interno entró en la cartera de negocios del sector con medio millón de m3 contra 1,3 millón destinados al exterior.
En 2016, sobre un total de 2,6 millones elaborados, el 39% (poco más 1 millón m3) abasteció la demanda local frente al 61% (1,6 millón) que se destinó al exterior. Como se advierte, esta prioridad del mercado externo por sobre el doméstico se mantuvo a lo largo del tiempo, sin importar los vaivenes internacionales que incidieron sobre los totales vendidos.
El consumo local, en cambio, nunca detuvo su tendencia creciente, ganando espacio y empujando la producción total cuando se comparan los porcentajes de 2016 con los de 2010, primer año de convivencia entre ambos mercados. En 2015, el año menos productivo desde 2009, con 1,8 millón m3 producidos, la demanda externa bajó a la mitad y, por primera y única vez, las ventas locales (1 millón m3) superaron los 788.000 m3 exportados. Para el año siguiente, la tendencia ya se había corregido.
En 2010, el 95% de la producción de biodiésel se concentró en Santa Fe. Seis años después, la provincia aún ostenta cierto monopolio, con un 78%, aunque el campo se abrió para incorporar otros players. Entre las firmas dominantes aparecen T6 (Bunge), Renova -un joint venture formado en 2007 por Oleaginosa Moreno Hnos., del Grupo Glencore, Vicentin y, más tarde, Molinos Río de la Plata- y Dreyfus (LDC). También gravitan otros grandes del rubro como Cargill y la china COFCO, renombrada así en 2016 luego que el grupo adquiriera el 49% restante de Nidera. Con la compra de Noble, además, los chinos pasaron a controlar dos de las más grandes cerealeras del mundo.
Estas grandes firmas con base en el Paraná se ocupan del grueso de las ventas al exterior. Debajo, hay un amplio rango de plantas de mediana y pequeña capacidad nucleadas en torno a la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustible (CEPREB) que se encargan de abastecer al mercado interno. De ahí la aparente diversificación en los porcentajes comparados de 2010 y 2016: esa diferencia ganada en pos del mercado local fue de la mano de nuevas plantas que no torcieron la primacía santafesina.
De acuerdo al último relevamiento en 2017 publicado en la web del MINEM, de las 35 firmas registradas, 17 tienen sede en Santa Fe, 11 en Buenos Aires, tres en Entre Ríos, dos en La Pampa, una en San Luis y una en Santiago del Estero. La mayor parte de la producción local la adquiere YPF, con sus 12 plantas mezcladoras en Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires, Neuquén, Chaco, Entre Ríos y San Luis. Le sigue Axxon (3), en Buenos Aires y Santa Fe, y Shell (4), en las mismas provincias y Chaco.
En ventas al exterior, los Estados Unidos concentra la totalidad de las compras, aunque no siempre fue así. De hecho, hasta 2012, Europa fue el principal mercado a través de países como España, Reino Unido, Bélgica, Dinamarca y Países Bajos. Luego, las trabas desde el Viejo Continente derivaron en un largo y tedioso proceso ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) que la Argentina ganó sin que los resultados se corporicen aún, pese a la recomendación bajada por la Comisión Europea a los miembros del bloque de levantar toda barrera.
Los Estados Unidos pasó luego a concentrar más del 90% de las compras. En 2016, totalizaron casi u$s 1.200 millones. Hubo algunas ventas mucho más reducidas a Perú y Panamá, pero que apenas mueven el amperímetro, como la de enero de 2017 por apenas el 1% de los 51 millones que adquirió el norte. De ahí la preocupación por el proceso de dumping que enfrenta el biodiésel en los Estados Unidos y podría desembocar en un alto definitivo a las compras a partir de agosto. En el ínterin, los últimos barcos siguen zarpando hacia dicho mercado -en abril de 2017 adquirió 167.000 m3 de biodiésel por un valor de u$s 121 millones- mas nadie negocia ya contratos a futuro.
Según un informe del Instituto de Estudios Económicos y Negociaciones Internacionales de la Sociedad Rural Argentina (SRA), entre mayo de 2016 y abril de 2017, las ventas de biodiésel lideraron, por primera vez en la historia, las ventas nacionales de energía con una suba del 114%: el biodiésel representó el 40% de las exportaciones argentinas de energía.
Los productores se entusiasman con los números, ya que se calcula que la Argentina tiene una capacidad de 4,6 millones al año y solo produce 1,7 millón. Eso es una amplia capacidad ociosa por exportar con el valor agregado de un combustible que genera cientos de empleos locales, casi el doble de su ganancia actual. Solo resta que la puerta grande del mercado internacional se mantenga abierta porque los destinos más pequeños que alguna vez formaron parte de los clientes argentinos -Costa de Marfil, Corea del Sur y Uruguay- no están en condiciones de absorber el enorme caudal de biodiésel nacional.
Séptimo productor
Los productores de este combustible destilado también afirman tener una mayor capacidad de producción que la autorizada. Hablan de 1,2 millón m3, casi una tercera parte más de los 900.000 registrados en 2016. Por eso, le demandan al Gobierno luz verde para incrementar la producción. Aunque mucho menos desa-rrollado que el biodiésel, la inclusión del maíz como insumo energético potenció su producción a nivel local al punto de casi empardar al biodiésel en el mercado doméstico.
En 2010, la totalidad de la producción estaba basada en el azúcar (173.000 m3). A partir de 2013, el etanol de maíz ya registraba una producción de 167.000 m3 frente al doble azucarero. Solo 12 meses después, las medidas se habían invertido y el maíz superaba a la azúcar como insumo dominante para destilación. El presidente Mauricio Macri otorgó dos puntos extras al bioetanol azucarero elevando el corte del 10 al 12%, para auxiliar a la producción zafrera del norte a inicios del año pasado.
"Después de la quita de las retenciones, fue la mayor transferencia que el Estado dio al sector del agro", sugiere Lechardoy. "Que el precio de la bolsa de azúcar de 50 kilos, que es la unidad de medida tradicional en la zona, aumentara su valor, se convierte en un ingreso tangible para el productor. Con esta corrección, el mercado interno quedó distribuido en mitades para el etanol de azúcar y maíz", añade. En 2016, el 55% de la producción de bioetanol fue de origen maicero y el 45%, azucarero.
Además, se destinó, en cupos, los dos puntos extras a los ingenios con posibilidad de producir pero que aún no lo hacían, con el compromiso de que realizarían las inversiones necesarias para destilar la melaza y producir a futuro. Lejos de las 35 firmas registradas para producir biodiésel, las que figuran en el listado activo del MINEM son 14, de las cuales nueve atañen a ingenios de Salta, Tucumán y Jujuy. Son, en su mayoría, emprendimientos de mayor o menor tamaño pero de alcance regional.
En cambio, entre las cinco productoras de bioetanol de maíz que concentran cupos superiores al de los zafreros, emerge una vez más una transnacional, Bunge, con el sello Promaíz, en Córdoba, la planta de mayor capacidad. El resto lo constituyen cooperativistas como ACA Bio Cooperativa Limitada, de la Asociación de Cooperativas Argentinas de Villa María, Bio 4, conformada por 28 socios agropecuarios de Río Cuarto y alrededores, y las familiares Vicentín (Santa Fe) y Diaser (San Luis).
La totalidad del bioetanol se consume en la venta al corte, no se exporta. Aunque hay quienes sueñan con hacerlo, el Gobierno lo ve complicado dados los márgenes de competencia que manejan actores como Brasil, cuya capacidad instalada es mucho mayor, haciendo su bioetanol más económico. También pesan sus aceitados lazos con los Estados Unidos, el productor dominante que duplica la capacidad brasileña como segundo en el ránking.
Julio Calzada y Federico Di Yenno, especialistas de la Bolsa de Comercio de Rosario, fueron categóricos en cuanto a los tamaños de la Argentina -séptimo productor- y los Estados Unidos: "La supremacía en este segmento industrial es clara, absoluta y contundente". El país del norte tiene 198 plantas capaces de producir una media de 58 millones m3 al año. Solo la más grande, ubicada en Decaturtiene, puede producir 1,4 millones m3, 10 veces más que la nacional de mayor potencial (Compañía Bioenergética La Florida, de 150.000 m3).
Paradójico dumping
Agosto es un mes clave para el biodiésel nacional. La Comisión de Comercio Internacional de los EE.UU. tiene programadas dos audiencias por la demanda presentada contra la Argentina por dumping. El 22 se pronunciará sobre el pedido de imponer aranceles y nueve días después lo haría sobre la acusación de vender por debajo de los costos de producción.
La reciente afirmación de Donald Trump sobre levantar cuotas e impuestos para salvaguardar la producción de acero lleva a los actores a esperar opciones desfavorables. Entre las más probables, un impuesto a la importación no menor al 20%. La defensa argentina ya presentó las evidencias para probar que la capacidad instalada y condiciones locales explican su enorme potencial competitivo. Paradójicamente, la Argentina ganó una demanda similar ante la OMC contra la Unión Europea que falló que la Comisión Europea debía recomendar el levantamiento de los aranceles del 24,3%. No obstante, los responsables han librado consultas a las industrias involucradas en lo que algunos temen que sea otra maniobra para dilatar una definición, pese al plazo del 10 de agosto.
