PABLO FERNÁNDEZ BLANCO

La medida, que busca atenuar los despidos y la recesión, alcanzará la maquinaria usada joven y regirá hasta junio de 2019.

a sistemática caída en la producción de petróleo y las demoras en el despegue de la oferta doméstica de gas condujeron al Gobierno a tomar una nueva medida que favorezca al sector petrolero, que paga con despidos y una fuerte reducción de la actividad la caída en el precio internacional del crudo.

El presidente Mauricio Macri recibirá en los próximos días para la firma un decreto que establece un nuevo régimen para la importación de bienes usados para la industria hidrocarburífera.

El objetivo es darles a los productores de crudo y de gas parte de la competitividad que requieren para sostener inversiones en un contexto crítico a nivel mundial y su complejo capítulo local, que llevó el año pasado a la destrucción de unos 6000 empleos, según fuentes gremiales.

Será una gragea más de un remedio que el Gobierno comenzó a dispensarle al sector a principios de año, cuando facilitó la firma de un acuerdo de productividad con los sindicatos neuquinos (en esa provincia están las mayores reservas y producción de hidrocarburos a nivel nacional), el primero de una saga que continuó con las industrias de la construcción, la textil y la automotriz.

LA NACION vio una copia del documento, que fue elaborado principalmente por el Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren, pasó por las manos de la cartera de Hacienda y fue discutido con el Ministerio de Producción, que maneja Francisco Cabrera.

El nivel de exención aún está en discusión. Una versión que circuló en abril indicaba que se preveía bajar del 35% al 7% el arancel. Fuentes privadas del sector petrolero estimaron que las alícuotas que pretende establecer el Gobierno no implican una mejora sustancial en sus números.

Según el proyecto, la medida tendrá vigencia desde su publicación hasta el 30 de junio de 2019. Los bienes usados que se importen bajo las condiciones de ese régimen no podrán tener más de 10 años. El beneficio se formalizará mediante un certificado a favor de la empresa, que deberá presentar en la Aduana. Antes de emitirlo se hará una consulta a la Subsecretaría de Industria, que tendrá 10 días para decir si existe capacidad local de producción de ese equipamiento con "similares características de prestación técnica".

El Estado sólo entenderá que se puede producir ese insumo en el país si los proveedores locales presentan una declaración jurada en la que manifiesten que "han producido un bien de similares características dentro de los cinco años anteriores a la fecha en que se efectúe la consulta" y acompañen la documentación que lo acredite.

En caso de que haya fabricación local del equipo que una empresa quiera importar, deberá comprometer la adquisición de bienes de origen nacional nuevos por un monto igual o superior a un porcentaje del valor total de los bienes importados.

Por caso, quien traiga un equipo usado de un año de antigüedad deberá comprar en el país por un valor equivalente al 40% de la importación. Si la adquisición en el exterior fue fabricada hace más de siete años, la empresa deberá comprar un equivalente al valor total del bien importado.

El sector petrolero comenzó a responder a las señales que envía el Gobierno. Por un lado, cayó la producción de crudo, donde el Estado dejó de sostener el precio, y hay señales positivas en el gas, donde aseguró un precio por encima del mercado para los próximos años.