Cinco consultas populares en menos de un año, con victoria del No, y por lo menos otras 20 iniciativas que estarían en carpeta, tienen en alerta al Gobierno Nacional y a los sectores de minas e hidrocarburos por el mal mensaje que se está enviando a los inversionistas y los efectos que esto podría traer para la economía del país.

Y no es para menos. De seguir prosperando los resultados negativos de este mecanismo de participación, la competitividad nacional se podría ver afectada más de lo que ya se encuentra, en medio del proceso de desaceleración que se evidenció en el primer trimestre del año, donde el Producto Interno Bruto, PIB, apenas se ubicó en el 1,1 %, y con un pronóstico desalentador de 2% o menos para el 2017.

Además, existe preocupación en el tema de la inversión en el sector de minas e hidrocarburos, pues la inestabilidad jurídica, la falta de reglas claras de juego, los retrasos en la expedición de licencias ambientales y, ahora, las consultas populares y previas, generan gran incertidumbre para empresas que quieren traer su capital a Colombia.

Por eso, cambiar la metodología para llegarles a las comunidades y lograr frenar esta ola de consultas populares sería un primer paso para cambiar los resultados y para impedir que se siga promoviendo este tipo de convocatorias, que impiden el desarrollo de actividades económicas en algunos municipios del país.

El presidente de Fedispetróleo, Álvaro Younes, explica que la gente tiene mucho temor por un “mal mensaje” de la depredación de la minería, y por eso recomendó la manera de motivar a la gente y educar a los municipios sobre la importancia de tener inversión en sus regiones, sin que les asuste el tema de la explotación del subsuelo.

Según los gremios del sector, muchas  de las comunidades han recibido un mal mensaje, ya que la explotación de esos recursos lo que traen  es bienestar.

“Este tema nos afecta como país. La percepción que estamos teniendo es que hay un elemento negativo y que se tiene que cambiar la manera de llegarle a la población para las consultas populares. Si seguimos haciendo lo mismo, las respuestas serán las mismas. El resto de consultas que faltan seguirán respondiendo por el No, y creemos que eso no es lo que necesita Colombia”, señaló Younes.

Gran parte de esta responsabilidad recae, principalmente, sobre el Gobierno Nacional, y son las instituciones las que tienen que empezar a aparecer en las regiones para explicar y hacer un diálogo nutrido, con los argumentos necesarios y bien fundamentados, y convencer a la población de que estos territorios deben aceptar una minería bien hecha.

Inclusive, desde Dejusticia se ha solicitado a la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Hidrocarburos que elijan las áreas estratégicas ricas en minerales y petróleo, donde se deberían ofertar títulos, y contrastarla con las zonas donde está prohibida la minería y luego concertar con las autoridades municipales, para que estos puedan opinar.

“Mediante audiencias, los municipios pueden contarle al Gobierno por qué sí o por qué no es importante hacer o no minería. Ahí harían la concertación y luego saldrían a ofertar los títulos, teniendo en cuenta dos factores esenciales: las zonas donde se puede o no se puede hacer minería y luego ofertando los títulos aplicando el principio de mejor postor”, dijo Diana Rodríguez, investigadora principal y coordinadora de la línea ambiental en Dejusticia.

El ministro de Minas y Energía, Germán Arce, es enfático en afirmar que existe una preocupación por la proliferación de las consultas populares, pero realmente el Gobierno no está en contra del mecanismo de participación, sino de la forma como se ha venido utilizando en algunos municipios, que incluso no tienen gran potencial dentro de la minería en el país.

Arce le dijo a Colprensa que el planteamiento es revisar algunos vacíos normativos, “esa es una prioridad en la que estamos trabajando”, y otro de los problemas de esta discusión es que se están haciendo consultas populares “donde ni siquiera hay solicitudes de títulos y menos en sitios donde no hemos llevado este diálogo”.

El jefe de la cartera de Minas aseguró que el diálogo se tiene que convertir en el instrumento principal dentro de este proceso, y eso se ha comprobado con los resultados que han encontrado las diferentes entidades estatales, porque aunque van siete consultas que le han negado posibilidades a la minería y a los hidrocarburos, 91 municipios han logrado concertaciones para el desarrollo de estas actividades.
“Lo que nosotros estamos diciendo es que siete municipios han dicho que No, pero son municipios que no son mineros, que hoy no producen hidrocarburos y minería de manera importante. Pero hay otros, en este ejercicio que hemos hecho por petición de la Corte Constitucional, para atender y concertar y por ello tenemos 91 acuerdos firmados”, señaló Arce.

Para Silvana Habib Daza, presidenta de la Agencia Nacional de Minería (ANM), los mecanismos de participación ciudadana se deben respetar, pero deben hacerse efectivos con una buena información a las personas. Por eso, desde el 2016 se empezó una estrategia para llegar a los territorios e informar sobre el sector y concertar con las comunidades, anotó.

De ese trabajo, que calificó como “exitoso”, es que se han logrado las 91 concertaciones con municipios de 20 departamentos, en actividades como acero, carbón, esmeraldas, hierro, materiales para construcción, oro, otros materiales preciosos y uranio, dentro del proceso de caracterización, estrategia de campo y reunión con los alcaldes.
“¿Cómo lo hacemos? Empezamos unas reuniones con el alcalde, con los jefes de planeación, hacemos un estudio del plan de ordenamiento territorial, obviamente les informamos sobre el catastro minero las zonas constituidas para explotación y, luego cuando hay tiene títulos solamente se pueden explotar cuando la autoridad ambiental otorga la licencia”, señala Habib Daza.

También destacó, al igual que el ministro Arce, que muchas de estas consultas se hacen con “premisas que muchas veces no son ciertas”, como que la minería acaba con el medio ambiente, sin hacer la diferencia de lo que es la explotación ilegal y legal, y esta última es la que se está promoviendo desde el Gobierno Nacional, bajo la campaña “una minería bien hecha”.

La presidenta de la ANM reconoció que el diálogo es el único camino y la gran apuesta ahora es fortalecer el relacionamiento con las comunidades. “Ese es el camino y en eso estamos trabajando”, resaltó Habib Daza, quien mencionó que ese diálogo también debe darse para las consultas populares anunciadas, porque allí hay mucha desinformación.

“Nosotros lo que queremos es que se informe a la ciudadanía. Estamos viendo que se están dando consultas populares en municipios donde no hay potencial para minería de gran escala y se está promoviendo consulta contra la gran minería, y son municipios donde hay solo materiales de construcción. Obviamente, estos mecanismos son importantes, pero hay que utilizarlos cuando sean efectivos”, dijo.

Específicamente, las declaraciones del Ministro y de la Presidente de la Agencia Nacional de Minería se dieron frente a la consulta popular que se desarrolló el pasado 9 de julio en Arbeláez, Cundinamarca, donde había cuatro títulos de materiales de construcción, su potencial básico era el yeso y la consulta se promovió contra la gran minería en una región “donde no va a realizar una minería a gran escala”.

Daza recalca que las consultas populares no pueden convertirse en una “moda”, sino que se deben aprovechar para los temas que realmente lo ameriten. “Necesitamos que los mecanismos de participación se conviertan en veedurías de la actividad”, que le pidan cuentas a la minería, si se está haciendo bien y que genere recursos y programas para el desarrollo de los municipios.

Hasta el momento se han realizado siete consultas populares contfa la minería y solo este año van cinco: Cabrera y Arbeláez, en Cundinamarca; Cajamarca, en Tolima; Cumaral, en Meta; y Pijao, en Quindío. El próximo 6 de agosto, Pasca se convertirá en el tercer municipio de Cundinamarca que realizará este tipo de consultas y se preguntará solo sobre hidrocarburos.

El ministro Arce ratifica que el mensaje es que el Gobierno respalda las actividades mineras e hidrocarburíferas legales, con el cumplimiento de los más altos estándares medioambientales, pero siendo responsables con las comunidades.

Frente a las consultas populares, “tenemos que aprender a escucharnos y entender que esta industria es el principal aportante de impuestos y de regalías para desarrollar y atender muchas de las necesidades de los colombianos”, sostiene.