GUSTAVO MARTÍNEZ PUGA
La guerra silenciosa entre ejecutivos, las corporaciones, la política y los millones de dólares en el trasfondo del megabasurero ilegal en la cordillera de los Andes. El adelanto de Tiempo sobre Glencore.
Las causas federales, la penal y la civil, por los 26 millones de toneladas de roca residual y cinco centenares de neumáticos gigantes que la minera Los Pelambres tiró ilegalmente en el departamento Calingasta, sobre la cordillera de los Andes, tienen un trasfondo no contado.
De fondo, nadie discute que la corporación chilena contaminó la tierra argentina.
El argumento que usan los deja ene videncia: que el Gobierno de Chile les informó mal los límites entre ambos países, por lo que al parecer intentan hacer deducir que ellos creían que estaban contaminando de su lado.
El problema de fondo es uno solo: los más de 200 millones de dólares que cuesta sacar esos escombros de Argentina.
Pero detrás de esa basura minera hay intereses cruzados que nunca se contaron.
Uno de ellos apunta a los altos mandos. En marzo último, mientras desfilaban por el Juzgado Federal de San Juan ante el juez Leopoldo Rago Gallo los gerentes chilenos, saltó un dato que ahora tomó fuerza desde el Gobierno de San Juan: Glencore podría pasar de ser la denunciante a estar en la mira por la contaminación.
"¿Y al quinto gerente, cuándo lo imputan y lo indagan?”, tiró a Tiempo de San Juan uno de los ejecutivos de Los Pelambres en la vereda del Juzgado Federal.
Hacía referencia a que los cuatro ejecutivos imputados e indagados son todos chilenos que trabajan o trabajaron en Los Pelambres y tuvieron responsabilidad a lo largo de los años en la contaminación.
Ellos son: Robert Andrew May-Nicholls (gerente general hasta abril); antes fue Alberto Cerda Mery y anteriormente Ignacio Cruz Zabala. Los últimos dos son ex gerentes generales. Y se les sumó en la investigación federal el director de Los Pelambres, Francisco Veloso (vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentables de la compañía Antofagasta Minerals).
El "quinto gerente” al que hizo referencia la alta fuente ejecutiva chilena es Jorge Gómez: fue gerente general de Los Pelambres, una de las minas de Antofagasta Minerals, cuando se inició la escombrera ilegal. Pero ahora es uno de los más altos ejecutivos de Glencore, la corporación que tiene el proyecto El Pachón, quienes denunciaron en la justicia federal a su competencia chilena.
¿Lo citarán a indagatoria a Gómez? ¿Pasará de denunciante a sospechoso?
Tras ser denunciados por Glencore, el equipo de abogados de Los Pelambres trató de minimizar la acusación diciendo en voz baja a los periodistas que era un réplica porque se había caído una operación comercial de miles de millones de dólares.
Sucede que Antofagasta Minerals había empezado a mirar con buenos ojos la posibilidad de comprar el proyecto El Pachón, la principal reserva de cobre y molibdeno de San Juan y una de las mayores reservas de cobre que se conoce.
Como la corporación chilena tenía su explotación justo del otro lado del límite, eso le simplificaba significativamente los costos de operación de la mina.
Pero esa operación multimillonaria se frustró. Y ahora, con la escombrera ilegal en el tapete, hay un mundo de especulaciones: que Glencore sabía que estaban tirando escombros pero que no dijo nada porque le estaba por vender el proyecto a quien estaba tirando los escombros; que Antofagsta Minerals empezó a tirar los escombros en el lado argentino especulando con que iba a comprar El Pachón y que así nadie los iba a descubrir; que una vez caída la operación, Glencore sabía y dejó tirar escombros para luego perjudicarlos económicamente con el costo de tener que sacar la basura; que Glencore dejó tirar la basura minera porque vio detrás de eso un negocio multimillonario: demandarlos y cobrarles a Antofagasta Minerals por el uso del suelo durante años…
Ahora el Gobierno de San Juan hizo oficial su interés, como querellantes en las causas, de ir también contra Glencore porque la consideran responsable de la contaminación, al igual que Los Pelambres.
En el medio de esa guerra entre los ejecutivos y las corporaciones, también hay una batalla política.
Sucede que al estar involucrados dos países, la justicia federal en San Juan tiene sus límites y la solución definitiva pasa por las cancillerías de Argentina y de Chile.
Por eso el gobernador Sergio Uñac fue en la semana a Capital Federal a reunirse con el nuevo canciller por la escombrera minera ilegal de los chilenos.
Fue después de que tomó estado público una conclusión básica de los peritos que el juez federal Rago Gallo llevó a una inspección ocular que hizo en la escombrera a fines de marzo último.
Los expertos toman muestras en mazo último. Ahora concluyeron que contaminaron el agua.
Esas primeras conclusiones dicen que sí hay contaminación ambiental: en el suelo y en el agua, como consecuencia de la escombrera ilegal.
Para dimensionar el tamaño del basurero, los técnicos le dijeron al juez Rago Gallo que el tamaño era el equivalente a una pila de escombros y neumáticos que, de ser puestos en la Ciudad de San Juan, irían desde la plaza 25 de Mayo hasta el Centro Cívico, con una altura equivalente a un edificio de entre 3 y 4 pisos.
Como era de esperar, desde Los Pelambres trataron de opacar esa primera conclusión diciendo que "el agua contaminada no llegó al río”. Así, tratan de demostrar que la contaminación es sólo en la zona y que no se extendió ni afectó el curso de las aguas.
Todas esas son herramientas de un equipo de expertos (abogados e ingenieros) dirigidos por el prestigioso constitucionalista y político radical Ricardo Gil Laavedra (quien defiende a la empresa chilena pero es aliado político del actual Gobierno Nacional).
Mientras tanto, el juez federal Rago Gallo sigue avanzando en la causa penal, la cual determinará si los ejecutivos chilenos tienen o no responsabilidad penal en la contaminación.
Y el otro juez federal en San Juan, Miguel Gálvez, tramita la causa civil por la demanda que Glencore le hizo a Antofagasta Minerals por la contaminación y por el uso de su suelo.
