Es importante que la empresa presente el estudio de impacto para cumplir los requerimientos ya hechos de la provincia. A la fecha estamos esperando el informe de YCRT que es vital para que la usina pueda funcionar”, indicó el titular de Ambiente de la Provincia Mariano Bertinat.

A principios de este mes la Justicia Federal hizo lugar al amparo sobre el Estudio de Impacto Ambiental en la usina termoeléctrica de Río Turbio, tras la presentación que hicieron el Ingeniero Luis D´Elía y el Dr. José Luis Janezak.

D’Elía y Luis Janezak habían presentado un amparo en el 2014 y el Juzgado Federal de Río Gallegos notificó a los fines de impedir que la Usina Termoeléctrica de Río Turbio comience el funcionamiento sin realizarse el Estudio y evaluación de Impacto Ambiental respecto al destino o disposición de las 1800 toneladas de cenizas que generará diariamente la usina. También por las 24.000 toneladas de gases contaminantes salidos de la chimenea, producto de la quema del carbón.

La causa está caratulada “D ELIA, EDUARDO S/ AMPARO LEY 16.986 (Expte. Nº FCR 2075/2014)" y señala que hace lugar al Amparo presentado  “incoada por los Sres. Eduardo Horacio D’Elía y José Luis Janezak, en el sentido de que, en forma previa a la puesta en funcionamiento de la central termoeléctrica Río Turbio deberá la empresa adjudicataria (IsoluxCorsán), culminar de forma íntegra con el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental resolviendo las observaciones formuladas por la autoridad administrativa y garantizado la participación ciudadana en dicha etapa en trámite”.

No ha habido avances- Al respecto, en las últimas horas el secretario de Ambiente de la Provincia, Mariano Bertinat, se refirió a la situación del estudio ambiental pendiente de la empresaYCRT. “Nosotros desde hace tiempo venimos reclamando que la empresa indique cómo se tratarán las cenizas”, expresó en una entrevista radial.

“Como venimos explicando hacetiempo, YCRT que contrató a la empresa Isolux para la obra no ha presentado aún la información acerca de cómo será tratada la ceniza. Se trata del residuo final del carbón en la central”, manifestó.

El funcionario explicó que en principio una de las alternativas era disponer de las cenizas en algún lugar determinado por la empresa o reutilizar las mismas para fabricar bloques.

“Es importante que la empresa presente el estudio de impacto para cumplir los requerimientos ya hechos de la provincia. A la fecha estamos esperando el informe de YCRT que es vital para que la usina pueda funcionar”, agregó.
El Secretario de Ambiente santacruceño destacó que “los análisis de este tipo tienen varias aristas, no es solo si se puede hacer algo con la cenizas, sino que también hay que tener en cuenta loambiental y si la reutilización de la ceniza es viable o no en el proyecto en términos de rentabilidad”.

“Desde que cambió la gestión no ha habido avances sobres las observaciones del estudio realizado en la gestión anterior o si iban a realizar uno nuevo, desde entonces no han avanzado ni presentado nada al respecto”.

Además, el funcionario de Ambiente provincial manifestó que “no se puede especular con las expectativas de los trabajadores que son quienes han sido postergados durante el último tiempo”.

Para finalizar, expresó que “lo que suele pasar es que cuando los estudios se demoran mucho después de golpe resulta que hay una intención del Gobierno de invertir y arrancar de inmediato y quieren sacar la obra rápido. Esto no es así. Yo creo que lo mejor que podemos hacer, si la obra está parada, es avanzar con los estudios ambientales. Si no, después se los piden de apuro y se los plantea como un trámite urgente y no es así”

“Creo que si hay intenciones de poner a funcionar la usina deberían estar trabajando en el Estudio de Impacto Ambiental”, concluyó

HUGO ALCONADA MON

El Ministerio de Planificación gastó más de $ 296 millones entre 2014 y 2015 en la fallida restauración del tren turístico de 22 kilómetros que jamás funcionó entre Río Gallegos y una estancia privada, pero que acumuló todo tipo de irregularidades administrativas y posibles delitos, según surge de una auditoría que ordenaron las nuevas autoridades del Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT).

Esa auditoría, que ya se entregó a la Justicia, expuso que no hay registros de cómo y en qué se gastaron decenas de millones de pesos, falta documentación presupuestaria y contable, y varios documentos que sí se recuperaron se encuentran antedatados, posdatados o fueron fechados en días feriados, como el 1 de enero o el 1 de mayo. También detectaron pagos millonarios sin firmas autorizadas o que se autorizaron con un simple e-mail. Conclusión: esas contrataciones serían nulas.

El malgasto de fondos públicos también abarcó sobreprecios del 48 al 79% en ciertos rubros, como así también implicó gastar $ 14,3 millones en una inhallable "campaña comunicacional" de "promoción" nacional e internacional del "tren histórico Eva Perón", y casi $ 1,1 millón más en su "inauguración", 15 días antes de las elecciones presidenciales de 2015, en las que Alicia Kirchner compitió por la gobernación de la provincia de Santa Cruz.

La entonces candidata participó en ese acto, que incluyó para las fotos una locomotora a vapor que se encontraba "reparada", pero "sin terminar", según la auditoría. Detectaron que estaban "inconclusos los sistemas de lubricación, de frenos, de alimentación de carbón y eléctrico", pero que aun así se montó sobre un tendido ferroviario que tampoco estaba terminado.

Redactada por un ex integrante de la Auditoría General de la Nación (AGN), el radical Horacio Pernasetti, y el consultor Miguel Arancio Guzmán -quien este año asumió una subgerencia en YRCT-, la auditoría se completó en julio de 2016. Desde entonces, algunos extractos salieron a la luz, pero nunca se expuso el cuadro completo de los cientos de millones de pesos que se destinaron al "convenio marco Puesta en Valor del Ramal Ferro Industrial Eva Perón, Material Rodante e Infraestructura Complementario".

Ese "convenio marco", firmado en julio de 2014 por el subsecretario Roberto Baratta, considerado la mano derecha de Julio de Vido, derivó en la firma de 71 "convenios específicos" con tres puntales: la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), su Facultad Regional Santa Cruz (FRSC) y el satélite de esta, la Fundación Facultad Regional Santa Cruz (FFRSC). De ese modo se presupuestaron $ 707,3 millones, de los que se llegaron a facturar casi $ 300 millones. Y ese dinero es el que terminó bajo sospecha.

Esa misma operatoria entre el ministerio, YCRT, la universidad y diversas empresas, pero ampliada a todo el espectro de Río Turbio, dominó las noticias durante los últimos diez días, cuando el fiscal Carlos Stornelli pidió la indagatoria, el desafuero y la detención de De Vido, lo que rechazó el juez federal Sergio Rodríguez. Para De Vido, las acusaciones por Río Turbio son un invento, "una suerte de confabulación mediática y política impulsada por Mauricio Macri, Elisa Carrió y Germán Garavano", dijo.

Por lo pronto, la auditoría sobre el tren expuso múltiples falencias: "En YCRT no se encontraron planos del proyecto completo del Tren Histórico Eva Perón, ni de su recorrido, no existen datos sobre el grado de avance de las obras, ni un detalle de las ejecuciones", según consta en la copia íntegra de ese informe que obtuvo LA NACION. Pernasetti y Arancio Guzmán alertaron, en particular, sobre varios ejes:

Se destinaron cerca de $ 200 millones a "construcciones de terraplenes, durmientes, colocación de rieles, construcción de un andén y remodelación de una estancia, todas realizadas en una propiedad privada sin la existencia de actos administrativos o expropiaciones o convenios de uso del suelo con los titulares de la estancia KilliK Aike", una propiedad privada.

Casi todos los convenios "se firmaron sin respetar el presupuesto de la obra y sin superar la suma de $ 13.600.000" porque ese era el máximo que el interventor de YCRT podía autorizar en forma directa. Cuando un presupuesto superaba esa cifra, abundaron, se dividía en cuantos convenios fuera necesario para que cada uno de ellos quedara por debajo de ese monto límite.

Se firmaron dos convenios para una "promoción y campaña comunicacional" nacional e internacional por un total de $ 14,3 millones, pero "no hay informes ni constancias de productos entregados por lo que no está claro cómo se cumplió o que bienes y/o productos generó por el pago efectuado".

Todos los gastos vinculados al "tren histórico" se hicieron sin informes de imputación presupuestaria, ni dictámenes de las áreas administrativas o legales. ¿Cómo se autorizaban entonces esos gastos? "Se hacía de forma informal mediante correo electrónico", que enviaba personal del ministerio con la participación de Baratta, desde Buenos Aires.

Por el contrario, remarcaron los auditores, el equipo responsable del sector "vías y obras" de YCRT radicados en Río Gallegos, "que tenía competencia directa sobre el complejo ferroviario Río Turbio a Punta Loyola, nunca fue consultado ni tuvo participación en el diseño, planificación o ejecución de la obra".

Múltiples facturas se pagaron con la firma de personas que no estaban autorizadas para ordenar esos pagos, "sin firmar", con rúbricas que "no se pudo identificar", entre otras irregularidades.

Así, estimaron Pernasetti y Arancio Guzmán, "surge con claridad que se usó un contrato de supuesta cooperación técnica entre YCRT, el Ministerio de Planificación y la FRSC - UTN a través de la (Fundación de la Facultad Regional Santa Cruz), para eludir las normas de contratación de bienes y servicios vigentes para los entes de la administración pública, incluyendo la propia UTN".

¿Quiénes participaron en la operatoria sospechada? Baratta y otro funcionario del Ministerio de Planificación, Jaime Álvarez, los responsables de la UTN, su regional santacruceña, la fundación vinculada a esa regional y varios jerárquicos de YCRT. Entre ellos, su entonces interventor, Atanacio Pérez Osuna, el coordinador general, Miguel Larregina, su esposa y responsable de la delegación Buenos Aires, Marta Pérez, y el gerente de explotación, Fernando Lisse.

Para Pernasetti y Arancio Guzmán lo ocurrido en Río Turbio bajo la órbita De Vido fue "un accionar, ilegítimo y arbitrario que amerita la realización no solo de sumarios administrativos para deslindar responsabilidades, sino también la promoción de denuncias a los fines de investigar la posible existencia de delitos".

LUCÍA SALINAS

El Gobierno tiene entre sus metas la puesta en valor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, la principal mina de carbón que tiene Santa Cruz. Ubicada a 300 kilómetros al suroeste de Río Gallegos, concentra todas las miradas y sospechas de corrupción. La última ampliación de denuncia que realizó Omar Zeidán, actual interventor, expuso que además de las irregularidades administrativas, también estaban mal construidos los túneles de ventilación de los frentes de explotación, de donde se debe extraer el carbón; hubo "condiciones inseguras para los trabajadores, una inadecuada planificación para el manejo de la mina", peligros de derrumbe y falta de controles, entre otros puntos.

La denuncia consigna en uno de sus primeros párrafos que hubo "ausencia de un sistema de información para la toma de decisiones y el control de la marcha de la empresaprincipalmente en lo que concierne a inversiones y al avance de la preparación del complejo". Así, se dejó constancia de que, pese a que en diez años el extinto ministerio de Planificación Federal volcó a YCRT $ 26.000 millones "los fondos no se destinaron a donde debía y por el contrario se desconoce a dónde se aplicaron", señalaron desde la empresa.

El actual interventor sostuvo que el mal manejo de los fondos estatales que debían modernizar la mina y prepararla para abastecer a la Usina Térmica que está a metros de la sede de YCRT, derivó en otros puntos preocupantes. "Se detectaron condiciones inseguras para el personal de riesgo grave e inminente, así como también para los equipos e instalaciones en mina".

Esto se observó en diversos talleres y depósitos de "residuos peligrosos junto al estado de la red troncal comprometido", indica la denuncia que amplió la que se presentó en 2016 contra Julio De Vido por malversación de fondos por $ 26.000 millones.

Para la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) el complejo minero que fue parte de la promesa energética del gobierno kirchnerista y que iba a completarse con los 240 Mw que la Usina Térmica iba a inyectar al sistema nacional (algo que nunca ocurrió), se desarrolló en un contexto de "inadecuada planificación" y con una "importante sub-ejecución" en los fondos que debían destinarse a mejorar las instalaciones.

Tal como informó Clarín en su momento, la mina mostraba un marcado "peligro de derrumbe" por una deficiente estructura en su red troncal de ventilación. Esto se desprende de un informe interno de YCRT denominado "el estado de la Mina" realizado por el ingeniero Osmar Rodríguez. Allí, se determinó que el estado de la red de ventilación representaba un "latente peligro de accidentes y derrumbe.

Entre los puntos relevantes que se destacaron ante la Justicia y que fueron retomados por el fiscal Carlos Stornelli para pedir la indagatoria de De Vido y otros 22 involucrados en la causa, es la infraestructura de la mina. Dos frentes de explotación (de donde se extrae el carbón), fueron diseñados con una galería común, "un sistema extremadamente peligroso, lo que implica que un día podría lograrse una producción importante y al otro día, podría generarse una explosión de imprevisibles consecuencias", dice la denuncia.

Respecto a los riesgos de trabajo, higiene y seguridad del complejo minero, se señaló que según la ART hubo "condiciones inseguras para el personal así como también para los equipos e instalaciones de la empresa".

Sumando preocupación al estado de la mina de carbón, se señaló que no había ningún "control por parte de Gendarmería al ingreso de personal al predio como al interior de la mina".

Los números son más alarmantes aún. Entre 2005 y 2010 se debía construir 37.975 metros de túneles y sólo se realizaron 11.244 metros; un 70% menos de lo planificado. La producción de carbón debía ser de 5.706.776 toneladas y sólo se extrajeron 841.990 toneladas, “un 85% menos de lo establecido”. Para 2015 la mina producía los mismo que en 1953.

Solo durante el gobierno kirchnerista, la mina recibió fondos millonarios, "pero nada se traduce en su modernización o mejora", señalaron fuentes oficiales a Clarín. En paralelo y en contraposición con la caída de su producción y desarrollo, su planta de personal aumentó en esos diez años un 233% y "su inyección presupuestaria fue de $ 16.048.404", dice el informe oficial.