Opinó que pese a la estigmatización de la gran minería, esta industria ha sido motor de crecimiento, de generación de empleos de calidad y de reducción de la desigualdad.
Un respaldo de alto nivel fue el que recibió el controvertido proyecto minero-portuario Dominga desde el mundo empresarial. El apoyo llegó del presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín, quien señaló que el país debe iniciar un nuevo ciclo de inversión y que la iniciativa de cobre y hierro podría ser el primer paso.
Larraín fue uno de los expositores en la conferencia realizada ayer en Coquimbo para analizar los impactos de Dominga en la IV Región, organizada por Andes Iron -empresa dueña del proyecto-, la Universidad Católica del Norte (UCN) y la Corporación Industrial de Desarrollo Regional (Cidere).
En su discurso, el representante gremial enfatizó que pese a la estigmatización de la gran minería, esta industria ha sido motor de crecimiento económico en el país, de generación de empleos de calidad y de reducción de la desigualdad. En esta línea, agregó que el desafío ahora es profundizar el aporte a las medianas y pequeñas empresas en materia de actividad. “¿Qué iniciativa del Estado puede generar los encadenamientos productivos y los empleos de calidad que produce un proyecto minero como Dominga?”, se preguntó, en medio de su presentación, Larraín.
Más adelante, en conversación con periodistas asistentes al encuentro, fue consultado sobre si esperaba la aprobación del proyecto minero por parte del comité de ministros. A esta pregunta respondió que “habrá que esperar lo que resuelva (el Consejo), pero obviamente es importante que proyectos como Dominga se desarrollen”.
Apuntó que “es muy relevante que iniciemos un nuevo ciclo de inversión en Chile, y esos ciclos parten con proyectos de relevancia, simbólicos, y éste es uno de ellos (…) Es importante que lo lideren industrias como la gran minería, y Dominga es un proyecto importante para reactivar el ciclo de inversión”.
El presidente de la Sofofa aprovechó la instancia para subrayar que uno de los desafíos a nivel país es la modernización de la institucionalidad ambiental. “Hay que compatibilizar la participación ciudadana con que al mismo tiempo la institucionalidad sea capaz de resolver en plazos ciertos. Los proyectos se ejecutan en función de muchas condiciones, algunas exógenas, y por eso es importante que el tiempo que transcurre entre una idea y un proyecto que está listo para iniciarse no sea tan extenso, pero más relevante que la extensión es la incertidumbre del plazo”, apuntó.
Larraín enfatizó: “Si los plazos son absolutamente inciertos, no son predecibles, es difícil tomar decisiones, y por eso es tan importante el desafío de modernizar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, permitiendo que la participación ciudadana, al mismo tiempo, otorgue mayor seguridad a los inversionistas, comunidades y ONG sobre que las cosas se resuelven en plazos ciertos”.
