Venezuela es el país con mayores reservas de oro en América Latina, con alrededor de 3.500 toneladas. TeleSUR relata la minería desde El Callao, principal región del país mineralizada con oro.
En El Callao, localidad minera al sur del estado Bolívar, la cotización del dólar ilegal es sabida por todos. Lo cuenta un comprador de oro de las cerca de 500 casas de compra que existen en el pueblo. Están una al lado de la otra, abiertas hasta tarde. En sus puertas se ve a los mineros con bateas de madera en la mano o sobre la cabeza como sombreros chinos, y barro pegado en la ropa. Venden lo que consiguieron en el día, un promedio de entre medio gramo y dos gramos. Les pagan 215 mil bolívares por gramo de oro sucio, casi un sueldo mínimo.
El precio del oro es internacional: varía en bolsa, ronda los 43 dólares el gramo. El precio en el mercado local varía según cómo cotice el bolívar al cambio ilegal, ese que actualiza cada día la tasa de especulación. Al minero se le paga por un oro no procesado que luego se limpia y aumenta de precio. Es el movimiento diario de miles de personas en esta sociedad articulada alrededor del oro, con sus reglas y jerarquías. Lo primero entonces, es comprender.
Existen dos tipos de minería artesanal: la sedentaria, que son explotaciones que llevan años, y la nómada, llamada bulla, que es temporal y congrega a miles de personas de todo el país ante el anuncio de vetas. Las técnicas para sacar el oro son varias: de aluvión, que es sobre río y se trabaja con batea o extractor, y la de barranco, que son pozos de un metro y medio de ancho que llegan hasta aproximadamente 150 metros de profundidad y luego se abren en galerías de otras decenas de metros.
El número total de mineros en Bolívar es incierto. Se estima que alrededor de la actividad hacen vida cerca de 250 mil personas. El número ha ascendido fuertemente en los últimos cuatros años, tanto debido al precio del oro que ha subido con la guerra económica, como por la situación de dificultad material que existe en el país: en las zonas mineras se puede ganar mucho. Los costos también pueden ser altos.
Desde el 2008 el oro es propiedad exclusiva del Estado. Hasta ese entonces la explotación estaba principalmente en manos de empresas extranjeras y de la minería artesanal. A partir de ese año el Estado tomó formalmente el control: en la práctica el ejercicio se hizo más complejo.
Si es del Estado significa que nadie más puede extraer ni vender. ¿Qué hacer entonces con la economía ilegal de varios municipios donde miles de personas dependen esencialmente de esos ingresos? Una economía con reglas propias, distribución y disputa de zonas mineras entre bandas. Un ejemplo de esa realidad impactó al país en marzo del 2016, cuando en Tumeremo fueron asesinados 17 mineros por un enfrentamiento para controlar una mina - un intento que la derecha intentó usar políticamente. La respuesta puesta en marcha ante ese escenario fue la de comenzar a regularizar algunas zonas mineras, en particular a partir de la activación del Arco Minero en febrero del año pasado.
El plan puesto en marcha ha sido el de ordenar la minería artesanal: apoyar con insumos - explosivos para la explotación, maquinarias para el procesamiento de las arenas donde se encuentra el oro- y que el Estado se convierta en comprador de la producción de los mineros, para fundirla y depositarla en el Banco Central de Venezuela. Así se evitaría que el oro artesanal vaya a circuitos privados. La respuesta de los mineros es favorable: el Estado, la posible legalidad, significa poder evitar los canales irregulares que hoy existen. Se sabe, lo ilegal se convierte en sombra, negocio e imposición de fuerza.
Llovió toda una noche y la bulla de las Cuatro Esquinas se inundó. El agua ahogó los barrancos, murieron dos personas por inhalación de gases. Dentro de la mina hay centenares de pozos, de ranchos, negocios, parece un rescate de tierras con paredes de zinc o tela negra. Luego de la lluvia la gente se siente en el río de barro que es la calle a buscar oro con la batea. En Cuatro Esquinas viven miles personas.
Hay una epidemia de malaria en El Callao y las zonas cercanas. El consejo comunal de Nacupay ha atendido a más de mil casos en una población de unas ocho mil personas. Faltan medicinas para el tratamiento. Cerca de 200 personas se acercan cada día al hospital para recibirlo, están en la entrada, algunos abrigados por los temblores de frío que preceden a la subida de fiebre. Les duele el cuerpo, gimen, el parásito los invade por dentro. Hay niños. Parece un retroceso en el tiempo: epidemia, búsqueda de oro, pobreza.
En un rancho a orillas del río un joven está recostado en una hamaca. Toma agua, vomita, combate la fiebre. No tiene tratamiento.
-Eso si no se cura te mata, le dice una vocera del consejo comunal.
-Lo sé, contesta.
Se busca respuestas para combatir la crisis de salud. La situación nacional de falta de remedios, debida al saboteo de las grandes empresas farmacéuticas y burocracias estatales, hace la respuesta insuficiente. El cuadro se agrava por falta de fumigación. Y en El Callao, existen ríos y estanques de agua cerca de cada molino donde se procesa la tierra que contiene oro: hay centenares de molinos.
La propuesta hacia la minería artesanal es también transitar del uso del mercurio al del cianuro. El primero es utilizado para retener el oro dentro de la arena. Una vez que ambos se encuentran unidos se procede a quemar el mercurio -que contamina el aire- para que quede únicamente el oro. El cianuro en cambio liquidifica el oro, y este, dentro de unos tanques con agua, es absorbido por pequeños pedazos de carbón, que luego son separados del oro. El cianuro, dicen los mineros en El Callao, no contamina, se descompone. Sin embargo, el uso de ese material está prohibido en varios países: varios derrames de cianuro han ocurrido por parte de empresas privadas mineras contaminando ríos -como la Barrick Gold en Argentina, en el 2015 y 2016.
Es justamente sobre la política por parte del Estado hacia las empresas privadas, dentro del Arco Minero, donde existen pocas informaciones. Según anuncios oficiales recientes del Ministro de Minería ya están en marcha acuerdos con algunas de ellas, como la Gold Resort, de Canadá, para el oro, una empresa de Sudáfrica y otra de Angola para la explotación del diamante, y tres para el coltán. En cada caso el Estado debe tener al menos 55% de las acciones. ¿Cómo será la explotación? ¿Qué garantías ambientales habrá con empresas con antecedentes de contaminación? ¿Existen? En ese punto residen las principales preguntas y preocupaciones de muchos acerca del Arco Minero.
No hay número oficial sobre la cantidad de reservas de oro que tiene el país. Se estima que está entre los primeros países del mundo, tanto por las cantidades como por la calidad del oro. País bendecido, país que muchos necesitan saquear.
El desafío en la zona minera es grande y complejo. Históricamente irresuelto: es una actividad que en El Callao lleva más de un siglo. Se está ante la necesidad de regularizar una de las producciones de más alto valor que tiene Venezuela, de reforzar las reservas y divisas de un país que las necesita en tiempos de una economía sometida a ataques de guerra con complicidad de burocracias internas.
El asunto es lograr el objetivo sin contaminar, sin rifar el futuro nacional, ese que no contemplan las grandes empresas trasnacionales. Y erradicar la pobreza material que se ensancha: tanto se llevan de aquí y tan poco regresa, dicen los mineros. La riqueza del oro debe ser para el Estado, la producción nacional, y para quienes día tras día bajan a 150 metros con una linterna, una pala y una barra, y revuelven el barro con una batea en busca de un brillo de oro pegado al mercurio.